UE rechaza plan para reducir emisiones de CO2 en Europa
La Unión Europea cuenta actualmente con 2.000 millones de derechos de emisión para 12.000 instalaciones industriales de los Veintisiete.
Los ministros comunitarios de Medio Ambiente rechazaron hoy en Luxemburgo la estrategia propuesta por la Comisión Europea en marzo para reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) gradualmente hasta lograr un recorte del 80 % en 2050.
Los Veintisiete fueron incapaces de ponerse de acuerdo y manifestar su apoyo a la propuesta de la Comisión, como estaba previsto en un borrador de conclusiones elaborado por la presidencia húngara de turno de la UE, que no pudo ser aceptado por delegaciones como la de Polonia, según informaron fuentes comunitarias.
Para los polacos, reconocer que, como afirma Bruselas, las emisiones contaminantes podrían reducirse en un 25 % en 2020 sólo con cumplir para ese año el objetivo comunitario de ahorro energético (una mejora en la eficiencia del 20 % respecto a 1990), podría entenderse en la práctica como contraer un nuevo objetivo de reducción, algo que no desea Varsovia.
Parece poco probable que esta cuestión avance de forma significativa en los próximos seis meses, en los que precisamente Polonia ejercerá la presidencia rotatoria de la UE tras Hungría, aunque aún está por ver qué prioridades marca para su programa semestral en cuestiones medioambientales.
En las conclusiones que no llegaron a ser aprobadas sí se hacía finalmente mención a una de las propuestas más polémicas de las que introdujo la Comisión en marzo: la retirada de parte de los permisos de emisión del mercado europeo de dióxido de carbono a partir de 2013.
La propuesta húngara era considerar esa opción como algo "opcional", según figura en el borrador.
La retirada parcial de derechos fue concebida por la Comisión para elevar el precio del CO2 y conseguir que contaminar resulte más caro y, por tanto, menos interesante que invertir en tecnologías limpias.
La industria en cambio se mostró contraria a la medida al considerar que constituye una manera encubierta de obligar a las compañías a realizar mayores esfuerzos de reducción de emisiones en menos tiempo, lo que podría perjudicar la competitividad.
La UE cuenta con alrededor de 2.000 millones de derechos de emisión para 12.000 instalaciones industriales de los Veintisiete, y su mercado de dióxido de carbono está valorado en unos 90.000 millones de euros al año.
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