Universidades estatales bajan nivel de transparencia activa por primera vez en cuatro años

Doce de las 16 universidades estatales disminuyeron su cumplimiento en la publicación de información que obligatoriamente deben tener en sus sitios web, de acuerdo con los resultados de la fiscalización realizada en abril por el Consejo para la Transparencia (CPLT). Según el documento, al que tuvo acceso La Tercera, estos índices cayeron en 5,43 puntos porcentuales, pasando de 90,5% en 2013, a 85,1% este año (ver infografía).

Según explicó el director general del CPLT, Raúl Ferrada, esta fiscalización-efectuada en abril- a los planteles estatales se realiza hace cinco años y apunta a revisar que cumplan con la obligación de publicar antecedentes financieros y de su gestión de acuerdo a la Ley de Transparencia. "Por primera vez registramos una caída en los niveles de transparencia activa de las universidades y la evaluación que hacemos no es óptima, no hay ninguna que alcance el 100% de cumplimiento", afirmó Ferrada.

De acuerdo con los datos que maneja el consejo, los resultados de estos establecimientos están por debajo de instituciones como los órganos de administración central del Estado, que tienen un 96,26% de cumplimiento en transparencia activa, que es la obligación de publicar en sus sitios web información mensual y actualizada de cómo están organizados, sus contratos y contrataciones, así como distintos modos de relación con la ciudadanía. Entre los aspectos deficientes que fueron detectados, está que no se publican todas las auditorías realizadas por la Contraloría a las universidades y existe información desactualizada de transferencias, compras y subsidios.

El presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech) y rector de la U. de Valparaíso, Aldo Valle, recordó que los planteles  estatales son las únicas instituciones de educación superior que están sometidas al Consejo para la Transparencia y planteó que mantienen un monitoreo permanente del rendimiento en temas de transparencia. "Nuestras universidades han mejorado sustantivamente y en promedio están en 85%, es decir que nuestras instituciones cumplen mayoritariamente con las exigencias fundamentales", afirmó. Valle planteó que "nos parece que todas las universidades que reciben recursos públicos debieran estar sometidas a la fiscalización del consejo". Según explicó el director general del CPLT, las instituciones que deben cumplir con las obligaciones en materia de transparencia están establecidas en la ley y corresponde a organismos de la administración central del Estado, municipios y empresas públicas.

Uno de los planteles que más disminuyó sus resultados fue la U. de Valparaíso, que pasó de 98,2% en 2013, a 76,5% este año. Al respecto, el rector Valle planteó que "tenemos que asumir una autocrítica, porque no veo razón para que no podamos cumplir".

La U. de Atacama fue una de las cuatro que mejoró sus resultados y la que más incrementó su cumplimiento. Al respecto, el rector Celso Arias indicó que se trabajó en mejorar el sitio web y la información publicada, "agilizando y transparentando los procesos de gestión administrativa, económica y académica". Las otras instituciones que mejoraron este indicador son la U. de Chile, U. de Tarapacá y U. del Bío-Bío.

UNIVERSIDADES TRACIONALES

En el caso de los planteles privados tradicionales, que no entran en este tipo de fiscalizaciones porque no están contempladas en la Ley de Transparencia, se han hecho esfuerzos por hacer públicos los datos financieros y de gestión. Hace dos años, la U. Católica abrió un sitio web de transparencia con información de reglamentos, datos económicos y de infraestructura, entre otros. Esto, explicó el presidente del G-9 y rector de la PUC, Ignacio Sánchez, será replicado en otras universidades privadas tradicionales y ya se implementó en la U. Federico Santa María. "La voluntad está mostrada porque sabemos que la ciudadanía quiere recibir información y al recibir recursos del Estado es muy importante ponerlo a disposición de quién quiera saber qué se hace con esos recursos", afirmó Sánchez.

En este punto coincidió el director general del consejo, quien afirmó que, "considerando el debate que existe en torno a la educación, es de mayor relevancia entregar a la ciudadanía información que pueda enriquecer este debate y en tal sentido, por ejemplo, es relevante todo lo que se relaciona con el financiamiento y utilización de los recursos".