Venezuela: cruce de reacciones por prohibición de imágenes violentas

La medida es aún más rigurosa para el diario El Nacional, que originó la polémica al divulgar la semana pasada una fotografía con amplio despliegue sobre el tema de la inseguridad. La gráfica mostraba cuerpos dispuestos de forma desordenada en mesas y el piso de la morgue de Caracas, bajo el título "muertos sin dignidad".

El periódico no puede publicar imágenes ni tampoco información de tipo violento hasta que un juicio, solicitado por la Defensoría del Pueblo por la supuesta violación de derechos de los niños a raíz de la difusión de la polémica foto, sea resuelto.

Mientras tanto, a los demás diarios se prohibió incluir gráficas de contenido violento por el próximo mes. La medida quedaría levantada una semana antes de las elecciones parlamentarias, previstas para el 26 de septiembre.

Según encuestas, la delincuencia es la principal preocupación de la población venezolana, con cifras de homicidios que superan los 10.000 al año. Como tal se encuentra en el centro del debate político.

Gremios ligados a la comunicación rechazaron la decisión bajo distintos argumentos, mientras que el presidente Hugo Chávez calificó la fotografía de la discordia de "pornografía" que busca destabilizar su gobierno, como parte de una "conspiración internacional".

¿"DESESTABILIZACION" O "CENSURA"?
"Es el desespero de la oligarquía porque ellos pretenden frenar la revolución, sabotearla, desestabilizarla", señaló el mandatario.

El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darío Vivas, se sumó a las voces que cuestionaron el contenido y los motivos de la foto de la morgue.

Vivas la atribuyó a "campañas que ofenden la dignidad nacional, que esconden el esfuerzo que está haciendo el gobierno revolucionario para resolver los problemas fundamentales de nuestra patria. Una campaña dirigida a nivel internacional que pretende influir, manipular, mentirle, generar dudas en la población para que influya en el resultado electoral".

La Defensoría del Pueblo por su parte emitió un comunicado en el que expresó que la restricción a la publicación de contenidos violentos "no constituye en forma alguna una violación o restricción ilegítima del derecho a la libertad de expresión y a la información.

"Por el contrario (...) responde a una obligación constitucional y legal del Estado venezolano, de carácter indeclinable, de tomar todas las medidas (...) necesarias para reguardar el goce y disfrute pleno de los derechos y garantías de la infancia y adolescencia".

Por su parte, el director de El Nacional, Miguel Henrique Otero, adscribió la decisión judicial a una "continuación de esa línea de hegemonía comunicacional que está en el plan de la nación y en el objetivo del gobierno, que es acabar con el periodismo independiente del país".

DENTRO Y FUERA
Además de Otero, el Bloque de Prensa, el Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa y el Círculo de Reporteros Gráficos se pronunciaron en contra de la medida.

"Querer limitar el trabajo de los reporteros gráficos es muy fuerte. Respeto, pensamos nosotros, es ver la realidad de lo que está pasando en la medicatura forense. No podemos decir que no está pasando", dijo el fotógrafo Fernando Sánchez por el gremio de los gráficos.

Incluso Eleazar Díaz Rangel, editor del diario Últimas Noticias, de tendencia oficialista, se unió a quienes rechazaron la prohibición.

"Aunque sea por un mes se está estableciendo un mecanismo de autocensura (...). Por primera vez desde 1999 el Estado venezolano da motivos a que se le señale como restrictivo de la libertad de informar", dijo Díaz Rangel en un editorial.

Fuera del país, la organización Reporteros Sin Fronteras señaló que la fotografía que originó este nuevo enfrentamiento entre medios privados y el gobierno era "en efecto muy violenta" y llamaba a "preguntarse por la responsabilidad ética de un periódico de gran audiencia".

Sin embargo, acotó que la decisión judicial "peca de amplitud e imprecisión" y puede representar un riesgo de "censura y autocensura" en Venezuela.

A última hora de la tarde se informó que una comisión de la policía científica acudió a la sede de El Nacional para inspeccionar la cámara con la que se había efectuado la gráfica de la morgue.