Venezuela pide orden de captura internacional contra Carlos Andrés Pérez

La Fiscalía General de Venezuela pidió a la Policía Internacional (Interpol) la detención del ex Presidente, Carlos Andrés Pérez, de 87 años, por su responsabilidad en la represión contra los saqueos callejeros de febrero de 1989 conocidos como el "Caracazo".

La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, dijo que la orden de detención fue tramitada y que debe entrar en el "código rojo" de la Interpol. Pese a la gestión, afirmó que eso no es garantía de que efectivamente se produzca la captura y entrega a las autoridades venezolanas del ex mandatario, quien convalece de un accidente cerebral vascular que sufrió en 2004.

El gobierno afirma que Pérez vive entre Nueva York y San José de Costa Rica.

La fiscal dijo que Pérez es investigado por la orden de represión contra los saqueos que estallaron el 27 de febrero de 1989, 25 días después del comienzo del gobierno de Pérez (1989-1993). Según las cifras oficiales de entonces, los sucesos dejaron unos  300 muertos.

Ortega Díaz señaló que la captura y entrega a Venezuela de Pérez depende de la voluntad política del país donde se encuentra actualmente.

"No hay garantía de que Carlos Andrés Pérez sea capturado, depende de la actuación del gobierno donde él se encuentra ahora, se presume que en Costa Rica. Es una cuestión de voluntad política", aseveró.

CARACAZO
La fiscal emprendió la semana pasada una nueva exhumación de las víctimas del "Caracazo" que fueron sepultadas en una fosa común y que algunos fueron trasladados hace ocho años a nichos funerarios.

En el caso ya fueron imputados el ex ministro de Defensa Ítalo del Valle Alliegro, el ex jefe del Comando Estratégico de Caracas, Manuel Heinz Azpurúa, y el ex jefe del comando 5 de la Guardia Nacional (policía militarizada) Freddy Maya, a quienes se les prohibió salir del país.

Los saqueos estallaron el 27 de febrero de 1989 por un aumento en los precios de la gasolina y dos días después, el 1 de marzo, el gobierno de Pérez decretó un Estado de sitio, enviando tropas de la Guardia Nacional y el Ejercito para sofocarlos.

La represión dejó unos 300 muertos, según cifras oficiales, pero organizaciones defensoras de derechos humanos estiman que pudieron llegar a 1.000, ya que muchas de las víctimas fueron sepultadas en fosas comunes.