Viera-Gallo: "Estamos buscando la forma jurídica más adecuada para entregar el fármaco"

El ministro de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, detalló la fórmula que maneja el gobierno para lograr, a través de un proyecto de ley, revertir el fallo de la Contraloría que prohibió la entrega de "la píldora del día después" en municipios, consultorios municipales y algunas ONG vinculadas al sistema público de salud.

"Como estamos convencidos que el fármaco no es abortivo, estamos buscando la fórmula más adecuada dentro del sistema jurídico chileno para que se pueda entregar como corresponde a los distintos sectores de la sociedad, quien lo pueda comprar va y lo compra en una farmacia con receta médica, quien vaya al consultorio tendrá una consultoría médica", dijo el ministro.

Viera-Gallo dijo a radio Cooperativa que el martes próximo la ley estará en el Parlamento, aunque advierte una discusión extensa.

Recordó que la reconsideración a la Contraloría es para que se mantenga la situación "tal como estaba antes del dictamen", es decir que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) solamente prohibió la distribución de la píldora como una política obligatoria de Estado, pero no afectó la posibilidad de que los municipios a través de los consultorios pudiera repartir el fármaco, tampoco el fallo sacó el medicamento de las farmacias.

Respecto a la ley dice que busca zanjar el problema en el sentido de que "todas las instancias de la red sanitaria estén facultada para poder distribuirla y si alguien estima que esta ley es inconstitucional tendría que reclamar ante el TC.

Viera Gallo descartó una Reforma Constitucional porque "nos traería una discusión muy engorrosa de si la píldora es abortiva o no, en segundo lugar requeriría de una ley para que tuviera efecto".

En definitiva la ley establecería el derecho de todas las personas a tener acceso a todos los anticonceptivos que científicamente estén probados e incorporados en el listado de medicamentos autorizados y que la red pública pudiera realizar la contraprestación que corresponde a ese derecho, además de unas normas sobre información y sexualidad responsable.