Vínculo con SQM impacta a Piñera a 53 días de la elección

A primera hora de ayer comenzaron a intercambiarse mensajes, en distintos grupos de WhatsApp, dirigentes de Chile Vamos con integrantes del comando de Sebastián Piñera. ¿El motivo? Coordinar cómo enfrentar lo que, para algunos, podría transformarse en un nuevo flanco para la candidatura del ex mandatario, dado que un testimonio vincula a SQM con su campaña de 2009.

La minera pagó por un servicio que prestó la empresa Pandemia Producciones Limitada a la candidatura del ex jefe de Estado, según consignó El Mercurio ayer. El 7 de agosto, la periodista y socia de esa productora, María Inés Alliende Barrera, declaró como imputada ante las fiscales del caso SQM. A Alliende se le imputa la emisión, el 11 de mayo de 2010, de "una factura ideológicamente falsa" por $ 4.933.530. Por esta factura, la productora es mencionada en hechos constitutivos de delitos tributarios en la querella que, el 17 de abril, interpuso el Servicio de Impuestos Internos (SII) contra ejecutivos de la minera.

Alliende -quien es esposa Reynaldo Sepúlveda, encargado de la producción audiovisual durante el gobierno de Piñera y quien hoy colabora en la franja para su candidatura-, dijo ante la fiscalía: "Las facturas dan cuenta de servicios que prestamos a Piñera, como ya señalé, para su campaña y para el cambio de mando, aunque se hayan emitido a una persona distinta de aquella a la que le prestamos los servicios, en el caso de la factura emitida a SQM".

A raíz de esto, el jefe político del ex jefe de Estado, Andrés Chadwick, y el jefe de comunicaciones del comando, Gonzalo Cordero, comenzaron ayer temprano a afinar la estrategia comunicacional para abordar el tema. Cordero envió un mensaje a personeros de la coalición estableciendo cuatro lineamientos. El primero plantea que no deben "irse de tesis", dado que, aseguró, "es una información que conocemos por la prensa, parcial y provisional". En un segundo punto sostiene que la información dada a conocer "parece ser, en todo caso, un nuevo intento por vincular al ex presidente a investigaciones de este tipo a 55 días de las elecciones. En el texto, además, afirma que "el monto de cuatro millones y fracción desde luego sugiere que son hechos en los que naturalmente el Presidente no participa". Y, por último, añade que "llama la atención que esta información aparezca justo ahora, luego de dos años de investigación".

El primero en comentar los antecedentes fue el propio Cordero, quien en radio Cooperativa afirmó: "No hace sentido que se vincule una factura de ese tamaño, de esa cantidad, con el candidato presidencial".

El ex Presidente Piñera -tras reunirse con los comités gremiales de la Cámara Chilena de la Construcción-se refirió al tema. "No tenemos más información de la que ha publicado la prensa respecto de esa materia. Al parecer, se trataría una investigación que inició la fiscalía hace más de dos años respecto de una eventual factura de una empresa productora de eventos", afirmó.

De igual manera, aseguró que "quiero reiterar que es de público conocimiento que nosotros hemos sido sujeto de investigaciones en el pasado, hemos colaborado con todas las investigaciones y todas ellas han concluido que nuestra campaña se ajustó al 100% al marco legal y que ha demostrado nuestra total y absoluta inocencia. Y yo espero que este caso se sume a esa tendencia".

No es primera vez que sociedades ligadas a Piñera han sido vinculadas con SQM. La minera, controlada por Julio Ponce pagó $ 340 millones en 2009 a Bancorp por supuestos servicios de asesoría financiera y otros $ 26 millones a la empresa de estudios de mercado Vox Populi. Además, financió un bono al ex director ejecutivo de Chilevisión Jaime de Aguirre. Por estos hechos fue formalizado su ex administrador Santiago Valdés.

El abogado de María Inés Alliende, Ángel Valencia, dijo ayer que "en nuestro parecer ella no ha cometido ningún delito. Si el fiscal estimase que los hechos que se le atribuyen son constitutivos de delito respecto de ella, están además prescritos, se trata de un solo documento de mayo de 2010 y los delitos tributarios prescriben después de cinco años. Tampoco hay denuncia ni querella del Servicio de Impuestos Internos en contra de ella".

Agregó que su defendida declarará otra vez en una fecha por confirmar.

Según fuentes ligadas al caso, la fiscalía realiza diligencias para confirmar los periodos de prescripción. Esto, dado que según el artículo 100 del Código Penal, se deben restar del plazo de la prescripción los días que un imputado se encuentre fuera del país.

En ese sentido, según las fechas, el SII presentó la acción penal cuando ya corría la prescripción. Pese a lo anterior, fuentes ligadas al Ministerio Público afirman que aún se realizan diligencias para agotar la participación de terceros o la existencia de otros delitos.

En la querella que presentó el SII en abril también aparece Trama Impresores, otra proveedora de la campaña de Piñera en 2009. La imprenta, según registros, figura como proveedor del ex mandatario por la fabricación de pendones, con dos pagos en primera y segunda vuelta en 2009.

El representante de esta empresa, Enrique Germany, negó a La Tercera que los pagos hayan sido realizados por encargo de Piñera u otro político. Recalcó que la empresa "realizó servicios de imprenta a SQM y el trabajo se hizo. Esa plata no fue pagada por servicios de campañas políticas, yo no recuerdo haber hecho una cosa así". En su declaración, sin embargo, había declarado no recordar si prestó servicios a SQM.

Según Ciper Chile, hay otros dos pagos que rectificó SQM y que, además, fueron proveedores de la campaña de Piñera: los del empresario transportista Juan Carlos Petit Oggero y el de Robert Araya Alquinta.