Violencia intrafamiliar: el 41% de las víctimas son adultos mayores

De 31.686 víctimas de violencia intrafamiliar ( VIF) en Chile entre 2012 y 2016, 13.020 fueron adultos mayores. La cifra equivale a un 41% del total de afectados por este delito durante ese periodo (ver infografía). Estos antecedentes fueron entregados por el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, a la Cámara de Diputados el 13 de junio pasado.

De acuerdo con las mismas cifras, de los 13 mil adultos mayores agredidos, a 1.632 de ellos los Tribunales de Familia les ordenaron una medida de protección a su favor por ser vulnerados en sus derechos.

Entre los tipos de medidas decretadas destaca la prohibición de acercamiento a la víctima, con 906 casos durante el periodo analizado. La segunda medida que más decretaron las Cortes de Apelaciones a nivel nacional fue la de rondas de vigilancia por parte de Carabineros, con 731 casos. Finalmente, la tercera fue la que ordena al agresor abandonar el domicilio, con 569 casos.

Otro dato relevante, según información entregada por el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) al diputado Nicolás Monckeberg, es que a junio de 2017 la lista de espera de casos derivados de los Tribunales de Familia al Senama para ingresar a uno de los 12 Establecimientos de Larga Estadía (Eleam) a nivel nacional, era de 80 personas. En estas situaciones, el promedio de espera es de tres a cuatro meses aproximadamente, desde que se recepciona la solicitud de ingreso a la residencia.

Para el director nacional del Senama, Rubén Valenzuela, una de las razones que explica que más del 40% de los delitos de VIF tengan como víctimas a adultos mayores tiene que ver con que hoy las personas denuncian más que antes.

"Tradicionalmente, las personas mayores no denunciaban estas situaciones de violencia intrafamiliar, se naturalizaban o normalizaban estos hechos, incluso se invalidaban, dando una imagen negativa de la vejez. Sin embargo, en el último tiempo los propios adultos mayores se han empoderado y han tomado conciencia de sus derechos, atreviéndose a visibilizar o denunciar estas situaciones, como así también la comunidad, especialmente los vecinos o las redes locales que trabajan con la población adulta mayor", dijo Valenzuela.

Consultado sobre la cantidad de adultos mayores que ingresan a centros del Senama por este motivo, el director del servicio dijo que "según los ingresos, a los 12 Establecimientos de Larga Estadía, hay 65 cupos a nivel nacional para ingresos por VIF o maltrato, incluyendo las derivaciones de los Tribunales de Familia, por situación de violencia intrafamiliar a adultos mayores, los cuales son ocupados regularmente, incluso existen listas de espera.

Respecto a si la medida de protección de prohibición de acercarse a la víctima es o no efectiva, Valenzuela explicó que lo es, en la medida que sea respetada. "Muchas veces se plantea como la única alternativa para cesar la violencia. Sin embargo, si el agresor es la única red que tiene la persona mayor y se decreta la prohibición, hay que considerar que el mayor podría quedar en la indefensión", indicó.

La recopilación de antecedentes enviados por el presidente de la Corte Suprema a la Cámara se hizo basado en un requerimiento de información realizado por el diputado Monckeberg, integrante de la Comisión de Familia y Adulto Mayor del Parlamento.

"Las cifras de maltrato a los adultos mayores son preocupantes y muchas veces no se conocen, hay una gran cifra negra oculta y a veces son imprecisas. Con nuestros adultos mayores tenemos otro Sename en crisis, con la diferencia de que este drama está aún más invisibilizado y cada día el porcentaje de abandonados o maltratados crece", dijo.

En ese sentido, explicó que el gran problema es que los adultos mayores son dependientes, y "con tal de no ser desvinculados de su entorno familiar muchas veces no denuncian, y si lo hacen siempre es con temor a represalias o enfrentamientos con el victimario, quienes usualmente son familiares o personas que tienen a cargo su cuidado, de los cuales dependen en lo afectivo, económico y muchas veces en lo físico".

En la misma línea, la diputada Marcela Sabat dijo que "los agresores por lo general no son los cónyuges sino personas que los tienen a su cuidado, especialmente familiares. Ahí no solo se abusa de ellos físicamente sino también patrimonialmente, forzándolos a entregar sus pensiones o engañándolos para que transfieran sus propiedades". La parlamentaria, además, criticó la efectividad de la medida de prohibición de acercamiento . "No es muy efectiva, por la incapacidad técnica y operativa de las policías de monitorearla. Por ello es importante que se permita el uso de monitoreo telemático que eleve las alertas".

En tanto, la diputada independiente Karla Rubilar, también integrante de la Comisión de Adulto Mayor de la Cámara, dijo que "la realidad es que es bastante adversa la situación a la que se están enfrentando nuestros adultos mayores. Y va a ir siendo una cuestión de mayor relevancia con el envejecimiento de la población. Tenemos que tomar medidas para que esto no siga pasando".