Vocera de gobierno califica como "vil" intento de vincular al Presidente Piñera con el caso cascadas

La ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, calificó como "vil" e "inaceptable" el intento de vincular al Presidente Sebastián Piñera con el caso cascadas, por parte de la defensa del controlador de las sociedades, Julio Ponce.

En entrevista con ADN Radio la secretaria de Estado aseveró que "la vileza que se trata de establecer por parte hoy día, de uno de los controladores mayores, como es el señor Ponce con sus abogados, de no reconocer primero su responsabilidad y el daño que ha ocasionado quizás a cuanta gente, en este subterfugio que hizo a través de cascada, tratando de involucrar al Presidente, es una cosa inaceptable".

La defensa de Julio Ponce solicitó el miércoles al superintendente de Valores y Seguros suspender el proceso sancionatorio por el caso cascadas y el plazo para presentar sus descargos, que vence el 29 de octubre. Esto, hasta que la entidad no entregue una serie de antecedentes sobre presuntas operaciones del Presidente Sebastián Piñera, en 2008 y 2009, con acciones de Oro Blanco y Norte Grande, a través de sus sociedades Bancard, Axxion e Inversiones Santa Cecilia.

Los abogados de Ponce, Raimundo Labarca y Alejandro Parodi, describen declaraciones radiales que el Presidente de la República emitió hace dos semanas sobre el caso cascadas. Piñera dijo que había vendido sus acciones y declaró estar "preocupado del tema, para que se haga lo que se tiene que hacer; investigar, si corresponde, sancionar y tratar de compensar el daño causado".

El escrito enumera cuatro tipos de transacciones realizadas entre 2008 y 2009, antecedentes que, a juicio de Ponce, "darían cuenta de un interés de S.E. el Presidente de la República en las mismas". La argumentación legal sostiene que ese interés de Piñera "podría restar imparcialidad a ese superintendente para seguir interviniendo en esta investigación y, en su caso, para resolverla". Los abogados citan artículos legales que prohíben a los funcionarios del Estado "participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad".