Con los pies firmes en la tierra

Los resultados de las cuatro elecciones de abril delinearán en gran medida el rumbo del país en una etapa en la que será clave articular los cambios y la continuidad. El foco de mayor interés estará en la elección de los 155 miembros de la Convención Constitucional, el nuevo órgano de poder que coexistirá con el Congreso Nacional entre 9 y 12 meses. ¿Prevalecerá en la Convención un clima de diálogo y búsqueda de acuerdos? ¿Se crearán condiciones para que sus debates y resoluciones refuercen la estabilidad y la gobernabilidad, sin lo cual ningún proyecto de mejoramiento de la sociedad es viable? La primera condición es que todas las fuerzas políticas reafirmen su compromiso con las normas y procedimientos de la democracia representativa, y que no sigan alimentando ilusiones respecto de las propiedades supuestamente mágicas que podría tener un nuevo texto constitucional o, peor aún, la idea descabellada de refundar Chile.

No le corresponde a la Convención optar por un programa de gobierno, una estrategia de desarrollo económico-social o determinadas políticas públicas. Su misión es establecer las condiciones para que el debate sobre todo aquello se realice en un marco que dé garantías al conjunto de la sociedad. Se trata de fijar los límites del poder político, lo cual exige establecer un sistema de contrapesos institucionales que proteja adecuadamente los derechos de las personas. Ojalá la Convención no reproduzca el ambiente vocinglero que hemos visto con frecuencia en la Cámara de Diputados y que, en cambio, se genere en su seno un clima de racionalidad en el que converjan amplios sectores.

Si se materializa el anuncio de presión callejera sobre la Convención, las cosas irán mal. Como se sabe, ella funcionará en el edificio del antiguo Congreso, en pleno centro de Santiago, y sería lamentable que sus labores estuvieran condicionadas por un plan de asedio que busque intimidar a sus miembros. Ese podría ser el terreno para cualquier demasía.

Hay un evidente desfase entre el proceso constituyente y el calendario de renovación de las actuales autoridades. El diseño que hizo el Congreso no fue especialmente inteligente. En el mismo momento en que la Convención esté discutiendo las eventuales reformas al régimen político, estará en pleno desarrollo la campaña para elegir diputados, senadores y Presidente de la República en noviembre/diciembre de acuerdo a lo establecido en la actual Constitución. Frente a las posibles consecuencias del desfase, los partidos y el gobierno se han hecho los desentendidos, pero el problema existe y podría originar no pocos enredos. Los numerosos precandidatos a la Presidencia dan por hecho que ese cargo seguirá durando cuatro años y conservará las atribuciones de hoy.

El país necesita que la competencia electoral se desarrolle en un ambiente de respeto, dentro del orden legal que nos rige. El ejercicio del sufragio tiene que ser una firme apuesta por la paz.