Denuncias de intervencionismo: la Contraloría debe actuar rápido

Cuando restan solo cinco semanas para el plebiscito constitucional del 4 de septiembre, la Contraloría General de la República ha abierto una investigación ante denuncias de intervencionismo electoral por parte de La Moneda. En concreto, el ente contralor centrará particularmente sus indagaciones en el Ministerio Secretaría General de Gobierno -a cargo de la ministra Camila Vallejo-, como entidad a cargo de la campaña “Chile vota informado”. También se instaló un equipo especial en las dependencias de la sede de gobierno para la realización de un examen de cuentas.

Esta acción era una medida ampliamente aguardada, considerando que tanto el Presidente de la República, así como varios de sus ministros, han sido sindicados por sectores de oposición de llevar a cabo una serie de actuaciones con indisimulados guiños en favor de la opción Apruebo, lo que sugiere que se podrían estar vulnerando instructivos expresos impartidos por la Contraloría, la cual ha recordado que “prescindencia significa neutralidad”.

Hay razones fundadas para sospechar que la neutralidad ha sido dejada de lado por La Moneda. Así, se ha visto al propio Mandatario -al que algunos ya sindican como el “jefe de la campaña del Apruebo”- firmando textos de la nueva Constitución aprovechando actividades en distintas comunas de la Región Metropolitana, o leyendo en radio artículos del nuevo texto para respaldar políticas que busca impulsar su propio gobierno. A su vez, distintos ministros han participado en actividades que bien podrían caer en un ámbito de proselitismo; paradigmático ha sido el caso de la ministra Vallejo, que ha realizado “puerta a puerta” repartiendo copias de la propuesta de nueva Carta Magna, a pesar de que ello tuvo lugar durante buena parte de su jornada laboral. Las redes sociales de distintas reparticiones públicas también han sido sorprendidas difundiendo contenidos en favor del Apruebo. Todavía no se despeja si en la reunión que la directiva del PS sostuvo con el Jefe de Estado en la sede de gobierno se abordó la coordinación de la campaña del Apruebo, como lo aseguró en un “live” el diputado socialista Leonardo Soto, quien participó de dicho encuentro.

Desde La Moneda se insiste en que se ha respetado la prescindencia, que no ha habido mal uso de recursos públicos para favorecer a una de las opciones y que solo se ha limitado a ejercer la responsabilidad de promover un voto informado. Pero dichas explicaciones resultan cuando menos sorprendentes, no solo por este cúmulo de cuestionables actuaciones, sino porque en las campañas televisivas que hasta ahora ha financiado el gobierno no se ha entregado ninguna información que pueda ser considerada útil para los electores, excepto resaltar que se trata de un proceso en que “haremos historia”, o que “tenemos una línea que escribir por nuestro futuro”; extrañamente, no se han resaltado aspectos muy relevantes para la ciudadanía, como por ejemplo que el voto en esta oportunidad es obligatorio y que la no concurrencia traerá aparejada multas.

Es fundamental despejar prontamente estas denuncias de intervencionismo. El hecho de que se puedan estar llevando a cabo acciones en favor de una de las opciones aprovechando el aparataje público o las posiciones de poder resulta desequilibrante, aun si ello está ocurriendo en el filo de lo que establece la normativa. Una campaña libre e informada supone que ambas opciones encuentren las mismas posibilidades y garantías para su despliegue cuando se trata del ámbito público.

De allí que la Contraloría tiene ahora un rol clave. Si bien ha sido efectiva sentando los principios de probidad y prescindencia que deben caracterizar el quehacer público en este plebiscito, ha ido en cambio a paso cansino para pronunciarse respecto de las varias denuncias que ya ha recibido por intervencionismo. Debe, por tanto, agilizar sus procedimientos y dar a conocer un pronunciamiento cuanto antes, ya que resulta imprescindible tener claridad sobre a qué atenerse en lo que resta de campaña. De nada serviría una resolución en la antesala del plebiscito o una vez que este haya tenido lugar, porque de comprobarse efectiva una intervención indebida el daño ya se habría producido, empañando este proceso electoral, pero que también dejaría al propio contralor en una posición muy debilitada.