Impacto de la inflación en la pobreza

En medio de toda la algarabía constitucional y, más recientemente, la presentación de la reforma tributaria por parte del gobierno, es fácil perder de vista un problema social que, aunque está directamente ligado a la situación económica del país, tiende a invisibilizarse por el sencillo hecho de que no se mide con la misma frecuencia que otros de los indicadores tradicionales. Se trata de la incidencia de la pobreza que, como la misma ministra de Desarrollo Social y Familia sostuvo, es posible que se esté incrementando. Por un lado, debido a la altísima inflación y al encarecimiento de los bienes que forman parte de la canasta básica de alimentos (CBA), y, por el otro, por la persistencia del desempleo o la informalidad laboral.

Con relación a lo primero, la inflación al mes de junio acumuló un 12,5% en 12 meses, su mayor nivel en 28 años, y para julio las proyecciones indican que esta no cederá y podría llegar a 13%. Dado que los hogares de menores recursos suelen gastar la mayor parte de sus ingresos en cubrir sus necesidades básicas y no tienen la posibilidad de ahorrar, tampoco cuentan con mecanismos para protegerse de la pérdida del poder adquisitivo producto de la inflación, de manera que el alza en los precios les afecta especialmente.

Prueba de ello es un análisis realizado por Libertad y Desarrollo, que determinó que, desde la última estimación oficial de la pobreza en noviembre de 2020, el aumento de la CBA ha sido mayor que el alza en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), esto es, un 18,5% versus un 15,1%, lo que en términos prácticos significa que el costo de esta se ha incrementado en casi $ 10 mil y que en consecuencia la línea de pobreza ha venido aumentando hasta el punto de superar por primera vez los $ 200 mil por persona equivalente.

Así, un ejercicio realizado por el mismo centro de estudios calcula que, corrigiendo los ingresos por la evolución del índice de remuneraciones, el alza en la línea de la pobreza podría llevar a que más de 150 mil personas que pertenecen a hogares que se encontraban en el margen, hoy estén cayendo por debajo de esta, elevándose la tasa de pobreza desde 10,8% hasta un 11,6% de la población.

Si a ello añadimos el segundo aspecto que cumple un rol y que tiene que ver con el desempleo y la formalidad laboral, el escenario no es más auspicioso. Según reportó el INE, en el trimestre marzo-mayo se habría estancado la creación de empleo asalariado privado, mientras que el por cuenta propia aumentó en 57,7 mil en términos desestacionalizados, muy por encima del promedio de las últimas mediciones (11,5 mil).

En ese contexto, la precariedad laboral y el aumento en la pobreza se visualiza como una amenaza latente que, si bien a la fecha no es posible medir con exactitud, todo indica se está agravando. Son las consecuencias reales y humanas de que el país siga sin aquilatar la urgencia de estabilizar su economía, poner freno a la inflación con señales inequívocas y otorgar certeza para las inversiones y para la generación de más y mejores puestos de trabajo que, más allá de ayudas temporales como los bonos propuestos por el gobierno, al final del día son las únicas formas de contenerla.