Inacción frente a la toma de inmuebles

Este medio dio cuenta hace algunos días de que un recinto que pertenece a la Teletón -ubicado a muy corta distancia de la actual residencia presidencial, en Santiago Centro- fue objeto de una ocupación ilegal por parte de la Cooperativa Ayllú, lo que ha obligado a que la fundación presente una querella por usurpación violenta. El colectivo justifica su acción porque se trata de un recinto en estado de abandono -algo que Teletón desmiente, indicando que el recinto funciona como centro de acopio de material para llevar a cabo terapias-, reivindicando el derecho a una vivienda digna y de calidad.

El caso ilustra con meridiana claridad la proliferación de acciones de esta naturaleza en distintos puntos del país, donde bajo el pretexto de la falta de acceso a viviendas se está volviendo común la ocupación ilegal de predios, así como la toma de inmuebles -se han conocido casos que incluso afectan a viviendas particulares-, todo ello en la más absoluta impunidad y con pleno conocimiento de las autoridades, cuyo accionar laxo o inexistente genera una sensación de desprotección e impotencia que no resulta propio de un estado de derecho.

Es factible que las debilidades de la normativa actual -en que para establecer un caso de flagrancia que permita un desalojo inmediato el hecho debe ser denunciado por el afectado en las primeras horas- puedan estar facilitando la ocurrencia de estos hechos, pero ello sin duda se ve potenciado cuando las señales que se están dando desde la autoridad política y judicial resultan particularmente equívocas, al fomentar la sensación de impunidad y con ello la ocurrencia de este tipo de hechos.

Particular desconcierto causó un reciente fallo de la Corte Suprema, en que si bien reconoció que los derechos de un propietario habían sido vulnerados ante la toma de un terreno de su propiedad, en vez de dictaminar el desalojo condicionó la restitución a que una serie de servicios públicos se pusieran de acuerdo para resolver la situación particular de los ocupantes del terreno. Con ello se dejó muy debilitado el derecho de propiedad, lo que por cierto constituye un grave precedente.

Las autoridades de gobierno, por su parte, han dejado entrever en una serie de actuaciones la escasa disposición para hacer valer el estado de derecho. El bloqueo de que fue objeto la central Pangue durante un par de meses es ilustrativo de ello, al punto que la actual delegada presidencial del Biobío evitó expresamente el desalojo, asociándolo a un acto de violencia. Durante la campaña presidencial dirigentes del actual gobierno hicieron ver que frente a la ocupación de predios se privilegiaría el diálogo y no el desalojo por la fuerza. Sería ciertamente preocupante que la inacción que se observa en estas materias pudiera ser reflejo de la materialización de dicho predicamento.

Es imprescindible comprender que en la medida que el estado de derecho pierde eficacia, la ciudadanía deja de confiar en las vías institucionales y con ello fácilmente se puede caer en la autotutela, lo que desarticula las bases de la convivencia civilizada, algo que la sociedad de ninguna manera debería naturalizar.