La Convención y el regreso de los “cerrojos” constitucionales

La decisión de la Comisión de Normas Transitorias de introducir una indicación que permitiría modificar cualquier aspecto de la nueva Constitución solo si se alcanza un quórum de dos tercios en el Congreso -esto hasta que se instale el nuevo Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, en 2026- ha generado un amplio rechazo -partiendo por el propio Ejecutivo, que comunicó a sus convencionales su desacuerdo con esta medida-, ante lo que aparece como una Carta Fundamental que debutaría con “cerrojos”, justamente uno de los aspectos que la izquierda más ha criticado en la Constitución actualmente vigente, lo que resultaría en un ominoso contrasentido. Pero no solo eso: pretende también declarar en una suerte de interdicción temporal al actual Congreso, privándolo caprichosamente de ejercer su poder constituyente derivado, alterando así bases esenciales de la democracia.

Conforme con el razonamiento de sus impulsores, el nuevo texto no podría comenzar a ser objeto de cambios por el actual Congreso, ya que este fue elegido bajo las reglas actuales, que responden a una lógica distinta de las que ha propuesto la Convención Constitucional para el nuevo Poder Legislativo, con criterios de paridad, plurinacionalidad y supuestamente mucha mayor presencia regional. Así, solo una vez que esté instalado el nuevo Congreso, este contaría con la legitimidad necesaria para eventualmente reformar contenidos de la nueva Constitución, siguiendo las reglas establecidas para su reforma. El convencional Fernando Atria resumió bien las intenciones que hay detrás: “No es una trampa, es un modo de proteger la Constitución de instituciones que no tienen razones para tener lealtad con ella”.

Los dichos de Atria -quien luego ha tratado de tomar distancia, sin comprometer su apoyo a la fórmula de los dos tercios- han sido fuertemente cuestionados, sobre todo porque se ha traído a colación que el propio Atria y otros críticos del actual modelo estructuraron su crítica sobre la actual Constitución tachándola de “tramposa”, por contener varios “cerrojos” que en los hechos impedían o hacían muy difícil su modificación; entre ellos, el quórum de dos tercios para ciertas materias fundamentales, o en su momento el sistema binominal. No menos llamativo es que una de las fricciones más tempranas que se vivió en la Convención al momento de elaborar los reglamentos de votación fue la resistencia de varios colectivos de izquierda hacia el quórum de dos tercios, por tacharlo de antidemocrático, que ahora sorpresivamente no lo es.

Es por supuesto una ironía que ahora se pretenda recurrir a los mismos “cerrojos” para “proteger” al nuevo texto, pero de una manera aún más draconiana que la regla vigente, pues la actual Constitución solo reserva ciertas materias para los dos tercios; la mayoría de los capítulos se modifican por tres quintos o cuatro séptimos. Si en cambio se llegara a aprobar que cualquier contenido solo se podrá modificar reuniendo los dos tercios, en la práctica habrá tres años en que se comenzará a instalar una Constitución con escaso margen para que el Congreso pueda hacer ajustes. Esto es un despropósito, no solo porque arbitrariamente se pretende desconocer que el Congreso actual goza de plena legitimidad democrática para introducir reformas, sino porque además podría generar que la transición entre una y otra Constitución sea aún más compleja.

Es evidente que bajo un diseño institucional sensato de normas transitorias, lo que correspondería es que si entra en vigencia una nueva Constitución también lo hagan “in actum” las reglas que el mismo texto contempla para su modificación -esta es la línea que, por lo demás, respalda el propio gobierno-.

Para cualquier observador resultaría difícil de comprender por qué los convencionales buscan optar por esta controvertida vía; probablemente lo que se esconde detrás no es más que una maniobra que en las formas busca dar la apariencia de que la nueva Constitución sí podría ser reformada, pero dado que los dos tercios son inalcanzables en la actual legislatura, eso asegura que nada se podrá tocar, resguardando así un texto que, a la luz de los fundados reparos de que ha sido objeto por sus orientaciones maximalistas, requeriría ser objeto de ineludibles correcciones. Es quizás un reconocimiento tácito de la deficiente factura técnica de este proyecto constitucional, pero a la vez de los afanes indisimulados por blindarlo y poner trabas para que las mayorías democráticas puedan ejercer su derecho a reformar dentro de las reglas establecidas para ello.

Esta propuesta de normas transitorias es una muy mala forma de culminar un proceso constituyente, lo que por supuesto puede profundizar aún más la desconfianza ciudadana en la propuesta de la Convención. A la luz de las críticas que ha recibido la fórmula de blindaje -lo que está causando tensiones en el propio oficialismo- hay dudas de que se logren los votos suficientes para aprobarla en el Pleno. Si hay consenso en que la actual Constitución estableció demasiadas barreras para llevar a cabo cambios, y ello devino finalmente en una crisis política, sería un total contrasentido que una nueva Constitución incurra en lo mismo.