La triste historia se repite

“¿Cuide a su hija? No. ¡Eduquen a sus hijos!”, dijo acertadamente hace pocos días la periodista Mónica Rincón, a propósito del “Caso Lastarria”, que estalló tras la denuncia de estudiantes secundarias de liceos de Providencia que recibieron amenazas de compañeros de ser atacadas sexualmente y la divulgación de fotos íntimas sin consentimiento.

La noticia movilizó a las autoridades involucradas, quienes no tardaron en calificar el caso de “máxima gravedad” y anunciaron que se trabajaría en “protocolos que aborden eficazmente el acoso”.

La triste historia se repite. Ya en 2018 las estudiantes universitarias, se tomaron los planteles, dando pie a una potente ola feminista, tras denunciar casos de acoso y violencia sexual. Su reclamo forzó una puesta al día institucional y legal, que avanza a distintas velocidades.

Cuatro años después, las 30 universidades del Cruch ya cuentan con protocolos, diversos en definiciones y alcances. Y no es para menos pues, desde septiembre, la ley 21.369 obliga a la Educación Superior a tener planes de prevención del acoso sexual, violencia y discriminación, asociados al proceso de acreditación y a tener direcciones de género a cargo de implementarlos.

El sistema escolar está rezagado. La ley N° 20.536 sobre violencia escolar incorporó en 2011 dimensiones relacionadas con la convivencia y el desarrollo de estrategias para enfrentar el fenómeno. Sin embargo, es clara la falta de herramientas normativas, curriculares, pedagógicas y laborales para abordarlo y construir espacios seguros.

Después de dos años de aislamiento por la pandemia, los vínculos y la convivencia están dañados. Se han perdido habilidades socioemocionales y la violencia explota. Hoy más que nunca, se hace evidente la necesidad de contar con una educación no sexista y una educación sexual integral, que permee entre las y los estudiantes, pero también en equipos directivos, docentes, trabajadores/as y las familias.

Porque tras el origen de estos comportamientos, no hay otra causa que la enquistada violencia machista, nada superada, tampoco en las nuevas generaciones, como se intenta esbozar. Sin ir más lejos, a comienzos de este mes (¡¡sí, en 2022!!) el 25% de los chilenos -entre 18 y 74 años y residentes en zonas urbanas- encuestados para un estudio de Ipsos en 30 países, declaró que la violencia contra las mujeres suele ser provocada por la víctima. El 20% que es aceptable enviar comentarios no solicitados o “cumplidos” sobre la apariencia física y 9% que es aceptable enviar imágenes sexuales explícitas no solicitadas. Los hallazgos continúan: un 25% de los entrevistados piensa que los hombres han perdido poder económico, social o político como consecuencia del feminismo, superando el promedio mundial (19%) y un 28% cree que la masculinidad tradicional está “bajo amenaza’'.

Necesitamos una reformulación de la educación desde la infancia, que permita a mujeres y hombres compartir relaciones sanas e igualitarias. Es parte de un derecho fundamental, que no puede seguir siendo transgredido. Ya no están los tiempos.