Menos capitán planeta y más propuestas “win-win”

Por tercera vez, Chile contó con un pabellón en la COP 28, que se realizó en diciembre recién pasado. Esta es una instancia clave para abordar de manera multilateral la crisis climática y actualizar el compromiso de los países. La COP no es simplemente una cumbre del clima, sino esencialmente una instancia de negociación entre países donde se toman acuerdos vinculantes para el desarrollo de los países y sus economías. Y, en consecuencia, no existe un solo objetivo global, limitar el aumento de las temperaturas en no más de 1.5°C, sino múltiples objetivos específicos a cada país en post de sus desarrollos sociales, ambientales y económicos.

No podemos pensar, ni ir a estas instancias, como un capítulo del capitán planeta. Estados Unidos como la Unión Europea han utilizado políticas ambientales y comerciales para introducir de facto política industrial que le dé impulso nuevamente a sus economías, con consecuencias, muchas veces negativas, para otras economías. Países menos desarrollados, sin la capacidad de llegar con políticas bien estructuradas ni peso político, se suman con compromisos de reducción de sus emisiones, o resguardo de la biodiversidad, sin una contrapartida o compensación para el bienestar material de sus poblaciones. De esta forma, para la mayoría de los países emergentes de tamaño mediano o pequeño, como Chile, los compromisos terminan siendo ya sea una restricción activa para su desarrollo con un impacto global marginal, o un compromiso inocuo porque no implica acciones.

Esta diferencia entre países desarrollados y no desarrollados, no contribuye a una transición energética justa, ya que países que contaminan 3 veces o más en términos per cápita (por ejemplo, países que admiramos como Australia, Nueva Zelandia, Canadá) logran impulsar o restringir los impactos negativos en sus economías, mientras que los menos desarrollados ven aún más limitadas sus posibilidades.

Los países emergentes deben contribuir a la mitigación del cambio climático, pero no pensando que están sentados en una plaza en Seattle, Vancouver, Barcelona, Londres, París o Berlín, sino con compromisos y políticas que razonablemente puedan implicar un “win-win” en términos ambientales globales y de desarrollo para su población. Las cuales muchas veces no son posible por el marco institucional global vigente.

Un ejemplo concreto, que Chile debiera llevar a estos foros, se da en la industria de fundición y refinación (FURE) de cobre en Chile, ya que aumentar la capacidad FURE nacional en desmedro de la participación de mercado de China podría abatir el equivalente al 5% del total de emisiones de CO2 que produce Chile en un año. Y, a su vez, el mayor procesamiento local implicaría una mayor actividad para él país. Pero esta política no es posible si no hay una compensación monetaria internacional a la FURE nacional, por la reducción de emisiones globales.

Los ahorros de emisiones estarían dados por dos canales: transporte y procesamiento. El ahorro de emisiones en transporte se debe a que el concentrado de cobre posee en promedio solo un 30% de cobre, siendo el resto material sin valor económico. Es decir, por cada embarque de concentrado de cobre que va a China, un 70% de las emisiones generadas no producen por contrapartida ningún valor agregado. Por su parte, el ahorro de emisiones en el procesamiento está dado por el menor factor de emisión de la matriz energética chilena vis a vis a la de los países que actualmente funden, China entre otros, el cual es un 72% menor. Punto clave para una industria intensiva en consumo energético.

Por lo tanto, aumentar la capacidad FURE en Chile sería una política win-win en términos económicos locales y ambientales globales. Sin embargo, primero al no existir un precio global del carbono y acuerdos globales donde se puedan dar este tipo de compensaciones justas; y segundo, los compromisos de baja de emisiones locales que ha adquirido Chile, siguiendo a los países del norte, sin siempre pensar en las consecuencias locales, implican trabas para la política antes descrita. Hoy, para una minera privada o estatal, una tonelada de emisión en la extracción del cobre tiene una rentabilidad muy superior a una tonelada de CO2 en el procesamiento del mineral.

Pensar nuestra política medioambiental e internacional, desde Chile, nos debiera hacer impulsar acuerdos internacionales justos, que promover el desarrollo nacional y a la vez reducir las emisiones globales. Hoy, Chile debiera estar coordinando a las grandes mineras con actividad en Chile, y a los países donde estas tienen sus casas matrices, para impulsar una política mundial que genere los mecanismos de compensación mundial para que políticas “win-win” para los países en desarrollo se puedan concretar.

*Alejandro Micco es Profesor Asociado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y Jorge Valverde es PhD (c) in Economics en Maastricht University.