¿Qué más se necesita para actuar contra la CAM?

Esta semana el país ha sido nuevamente testigo de los zigzagueos de los estamentos del Estado frente a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y su líder, Héctor Llaitul. A pesar de que tanto Llaitul y la CAM han reivindicado abiertamente atentados y el “derecho” que les asiste a llevar adelante una lucha armada para la recuperación de territorios indígenas y lograr la separación del Estado -hechos que perfectamente se encuadran en un accionar de carácter terrorista-, las señales que llegan desde las principales autoridades del país son erráticas, cuando no pusilánimes, cuya consecuencia práctica ha sido consentir la expansión de la violencia mucho más allá de la “zona roja de La Araucanía”.

Por estos días trascendieron declaraciones del líder de la CAM, en que reconocía el robo de madera -Llaitul habla por cierto de “recuperación”- para proveerse de armamento y municiones. Frente a estos hechos, el Ministerio del Interior descartó la presentación de una querella, explicando que no había nada nuevo, porque se trata de hechos conocidos que ya están incorporados en las ampliaciones de querellas por Ley de Seguridad del Estado que recientemente solicitó el gobierno, a propósito de otras amenazas que Llaitul había proferido en contra del Estado, respecto de las cuales Interior inicialmente había descartado querellarse, pues en palabras del propio Presidente de la República el gobierno “no persigue ideas”. Las transversales críticas que recibió el Ejecutivo lo obligaron a echar pie atrás y recurrir a las mentadas ampliaciones, valiéndose de acciones presentadas a partir de 2018.

Con ello trasladó entonces la responsabilidad al Ministerio Público -órgano que por mandato constitucional tiene el monopolio de la acción penal-, pero su respuesta también ha carecido de la fuerza que se habría esperado en estos casos. Refiriéndose a los últimos dichos de Llaitul, el fiscal nacional señaló que la confesión no tiene en sí misma ningún valor en nuestro sistema procesal penal, por lo que se requiere acopiar más pruebas para sustentar una formalización contra Llaitul.

Es comprensible que la Fiscalía deba proceder con cautela respecto de Llaitul, quien ya en una oportunidad fue formalizado con pruebas que luego se comprobaría fueron falsificadas por personal de Carabineros, lo que desde luego constituyó un escándalo que impactó fuertemente a la institución y puso en entredicho la confiabilidad de todo el sistema judicial. Lo que definitivamente no se comprende es que cuando el líder de una organización de características paramilitares reconoce la autoría de graves delitos, la respuesta de la Fiscalía se abstenga de enviar señales mucho más enérgicas, que es lo que justamente se esperaría en casos como estos.

En este orden de cosas, llama la atención por qué con los antecedentes que se han ido acopiando a través del tiempo todavía no es posible siquiera solicitar formalizaciones. Mientras tanto, Llaitul, la CAM y otras organizaciones pueden seguir desafiando al Estado y reivindicando delitos, en total impunidad, hechos que se ven agravados ante los escasísimos resultados que exhiben los cientos de querellas que se han presentado en la Macrozona Sur, como dio cuenta una investigación de este medio.

Si la Fiscalía estima que todavía no cuenta con pruebas suficientes para actuar contra Llaitul, a estas alturas resulta imposible no interrogarse por qué a pesar de los años que lleva la querella en contra de la CAM por asociación ilícita terrorista, la investigación no parece registrar avance alguno. Se trata de una entidad que lleva 21 años de existencia, cuenta con estructuras, jerarquías, consigue financiamiento para comprar armas, en fin, aspectos que hacen presumir los presupuestos propios de una asociación ilícita. El país tiene derecho a conocer explicaciones más acabadas que meras cuestiones de orden procesal, sobre todo cuando la “confesión” en este caso se refiere a delitos comprobables.

Frente a este cuadro, y entendiendo que la acción penal y la investigación son responsabilidad de la Fiscalía, el gobierno no puede pretender deslindar sus propias responsabilidades, pues la tarea de controlar el orden público es de su estricta competencia. Si bien consintió en ampliar las querellas por LSE, el Ejecutivo insiste que no invocará por sí esta norma, lo que desde ya es un reconocimiento de las trabas para utilizar sin complejos todas las herramientas que le proporciona el Estado de Derecho. Por otra parte, las declaraciones del alcalde comunista Daniel Jadue, respaldando los dichos de Llaitul, son inaceptables, y aun cuando el gobierno ha tomado distancia de ellas, revela que dentro de Apruebo Dignidad sigue habiendo núcleos que continúan amparando la violencia.

El costo que paga al país producto de la inacción de las autoridades o de su quehacer errático es muy alto. Además de la CAM, hay por lo menos otras siete organizaciones que han surgido a lo largo del tiempo y que también recurren a la violencia para reivindicar la causa indigenista. Es gravísimo que los atentados se estén expandiendo a otras regiones -ya hay presunciones de que estos hechos también puedan estar ocurriendo la Región de O’Higgins-, y en tanto el Estado no dé señales de comprender a cabalidad lo que esté en juego, el problema solo se agravará.