República digital, una oportunidad para Chile

Por Felipe Harboe, convencional constituyente, y Kenneth Pugh, senador

La pandemia ha puesto a prueba a la humanidad para seguir funcionando; pese al confinamiento y las restricciones las tecnologías de la información y de las comunicaciones digitales móviles, han permitido la continuidad del relacionamiento interpersonal e interinstitucional, y se han convertido —de manera formal— en un sustituto de la presencialidad.

Se asume que la pandemia será transitoria, pero las tecnologías que han permitido sobrellevarla han llegado para quedarse, y será muy difícil volver atrás o abandonar ciertas formas de relacionamiento a través de ellas, todo lo cual ha contribuido a acelerar “la convergencia del mundo físico con el mundo digital”, cuyo avance continuará gracias al desarrollo del ciberespacio y la voluntad de los estados y sociedades.

El ciberespacio es el primer ecosistema construido totalmente por el hombre, que hoy permite la interacción dinámica, fluida e ininterrumpida, entre personas y con dispositivos e incluso entre procesos. Todo, sin intervención de terceros gracias a la inteligencia artificial. Por ende, la principal definición estratégica que cada Estado debiera adoptar es: “Cuál va a ser la forma en que emplearán productiva y creativamente el ciberespacio; cómo participarán de su gobernanza y cómo influirán en él para ampliar los derechos de las personas y no restringirlos o condicionarlos”.

Debemos comprender que esto no es ciencia ficción, y que no concierne solo a unos pocos; por el

contrario, ya está ocurriendo y nos afecta a todos. Fiel exponente de aquello es Estonia, cuyo PIB a pesar de ser similar al de Chile, no ha sido un obstáculo para lograr la digitalización total de su Estado, mejorando sustantivamente el relacionamiento de la administración para con la ciudadanía.

Chile ha decidido adoptar la estrategia de neutralidad, tanto de la red como de las tecnologías, lo cual ha abierto una oportunidad extraordinaria para liderar los avances y desarrollos de la nueva

economía digital a través de tratados como DEPA (Digital Economy Partnership Agreement), la instalación de cables submarinos de fibra óptica propios —como “Humboldt” que conectará Valparaíso con Nueva Zelandia y Australia—, la generación de ecosistemas regionales digitales, con fuerte énfasis en los laboratorios naturales de cada región, así como muchos otros más.

Asimismo, Naciones Unidas ha declarado el acceso a Internet como un nuevo derecho humano, cuestión que por cierto debiera ser discutido e idealmente recogido en la nueva Constitución, de manera que el relacionamiento digital del ciudadano con el Estado esté plasmado en la norma jurídica más importante que la comunidad políticamente organizada puede dotarse a sí misma. Lo importante es darnos cuenta que de nada servirá consagrar principios o derechos en la nueva Carta Fundamental si éstos no van asociados a un enfoque digital y al avance de la transformación digital del propio Estado, en todos sus ámbitos.

Por otra parte, en los próximos cuatro años, nuestro país disminuirá notablemente las brechas digitales tanto en acceso a Internet como en inclusión, pero deberá invertir mucho tiempo y recursos para la generación del elemento más importante: la brecha de conocimiento de su capital humano y la reconversión de procesos obsoletos y anacrónicos a procesos digitales basados en la confianza digital.

Este gigantesco avance en conexión digital, transformación digital e incluso de inteligencia artificial demanda necesariamente avanzar también en ciberseguridad (incluida para nuestra infraestructura crítica), protección de datos personales e interoperabilidad, de modo que la eficiencia y eficacia de los sistemas de información que administra el Estado estén libres de obstáculos técnicos o jurídicos al mismo tiempo en que se protegen a las personas. En pleno siglo XXI resulta imprescindible garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y seguridad de los datos que trata el Estado y que pertenecen a las personas. Así, estos son algunos de los componentes necesarios para fundar una nueva República Digital, donde se use la tecnología digital segura como un medio para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, pero basada en el conocimiento como fuente de innovación y emprendimiento.

Lo anterior va más allá de los cambios legislativos, puesto que requiere también de una transformación cultural acompañada e incentivada con el desarrollo del conocimiento en Ciberseguridad, lo que puede lograrse mediante la creación de un Sistema Nacional de Ciberseguridad, integrado por una adecuada institucionalidad (como mínimo, una Agencia

coordinadora del sector público-privado, una Agencia de Protección de Datos, un Instituto Nacional de Ciberseguridad, y un Centro de Protección de Infraestructura Crítica) que permita el desarrollo de capacidades propias y que además contribuya a estimular un ecosistema nacional en dicho ámbito. Se debe tener presente que todos los desarrollos en Ciberseguridad, otorgan a los países independencia y autonomía digital en estas materias, junto con capacidades estratégicas duales, considerando que sus usos pueden ser tanto civiles como militares.

Como sostuvimos, Chile tiene una oportunidad extraordinaria para insertarse en este nuevo desarrollo y transformarse en una República Digital, independiente y autónoma, que le permita a nuestro país ser un actor y no un mero espectador de la cuarta revolución industrial.