Rol político del Comité de Ministros

Este lunes el Comité de Ministros -instancia de apelación contemplada en la ley sobre Bases Generales del Medioambiente- resolvió acoger las reclamaciones en contra de los proyectos Andes LNG y el Centro de Manejo Ambiental Ñuble Sustentable, constituyendo así los primeros pronunciamientos que dicha instancia -integrada por los ministros de Medio Ambiente, Salud, Economía, Agricultura y Energía- lleva a cabo bajo la actual administración.

Estas resoluciones permiten volver sobre el rol que juega este Comité en el proceso de evaluación ambiental, el cual en distintas oportunidades ha sido objeto de cuestionamientos debido a su composición eminentemente política, sembrando dudas sobre su carácter imparcial. Si bien puede haber motivos que justifiquen la existencia de una instancia política -hay quienes señalan que ello es muy necesario sobre todo cuando se trata de proyectos complejos o que tienen un fuerte impacto medioambiental, donde la mirada de los organismos técnicos podría no ser suficiente para dimensionar en forma global todas sus implicancias-, las señales de politización que han emanado del Comité en los últimos años aconsejan limitar su rol o terminar con este. En la medida que sus integrantes dependen directamente del Presidente de la República, ello induce a que sus decisiones se vean constantemente presionadas por el ciclo político, lo que al final atenta contra la posibilidad de contar con un sistema de evaluación técnico e imparcial.

El caso de la minera Dominga resulta paradigmático, cuando el Comité de Ministros, en fallo dividido, decidió rechazarla en agosto de 2017, lo que provocó la dimisión de todo el equipo económico de la época -acusando que hubo una tramitación apresurada, o resintiendo el escaso apego por el crecimiento económico-, lo que generó una fuerte crisis política en el gobierno y por supuesto puso en entredicho la confiabilidad del sistema de evaluación ambiental.

El caso Dominga volverá a ser conocido próximamente por el Comité, luego de un reciente fallo de la Corte Suprema que despejó las barreras para que el proyecto pueda apelar. Es fácil prever que las presiones políticas volverán a aflorar, especialmente cuando el propio Presidente de la República se manifestó contrario a dicha inversión cuando era candidato, en tanto que recientemente ha hecho ver que su posición no ha cambiado respecto de Dominga -una declaración ciertamente desafortunada y que perjudica la independencia de los procesos ambientales-, sin perjuicio de recalcar que la decisión definitiva quedará entregada al Comité. En algún momento el Comité podría conocer también el caso de la minera Los Bronces, cuyo proyecto integrado recientemente fue rechazado por el Servicio de Evaluación Ambiental, caso en donde también se han podido observar ásperas diferencias a nivel político.

La institucionalidad a cargo de la evaluación ambiental lleva casi tres décadas de funcionamiento; si bien hay amplio consenso en que ha sido un avance a todas luces para el país contar con instancias técnicas a cargo de evaluar estos procesos, las postergadas reformas al sistema deberían apuntar, entre otros aspectos, a eliminar la incidencia de los gobiernos de turno, para permitir que la combinación de organismos técnicos, tribunales especializados y participación ciudadana sea la que prevalezca.