¿Será necesario?

El gobierno, por intermedio del subsecretario del Interior, anunció días atrás que promoverá la creación de un Ministerio de Seguridad. Dos primeras reacciones: una reforma orgánica de este calado requería a mi juicio de un impulso presidencial, eso otorga más convicción a la decisión, y bueno resulta que el gobierno asuma este tipo de tareas que dan cuenta del interés de gobernar y no solo administrar más allá que la cuenta regresiva del año final.

Pero vamos al fondo de lo anunciado. Me inscribo entre aquellos que recelan de una cierta costumbre instalada entre nosotros de intentar solucionar problemas complejos creando orgánicas como panaceas. Sin embargo, en la especie, me parece que hay motivos más que suficientes para justificar la creación de un ministerio con competencia exclusiva en el área de la Seguridad. Desde luego, es dable recordar que todos los grupos de trabajo que el gobierno creó a los efectos de conocer ideas y propuestas para mejorar los estándares de seguridad y de reformas a las policías, incluyeron en sus conclusiones la creación de una cartera de Seguridad.

Que la seguridad siga siendo una de las tantas competencias del Ministerio del Interior parece una cuestión que no resiste mucho más. Para fundamentar dicha aseveración, detengámonos en lo ocurrido esta semana. Vimos al titular de Interior preocupado de la campaña de vacunación -exitosa, por cierto-, de las graves contingencias climáticas, de los sumarios a las empresas de distribución eléctrica y de la grave y dramática situación humanitaria de cientos de venezolanos que huyen de la miseria en que han sido puestos por el corrupto régimen de Maduro. Menos mal que esta semana no hubo actividad legislativa, pues también el ministro habría tenido que cumplir su frase “si es necesario me traslado a vivir al Congreso”. Mientras todo aquello ocurría, bandas de malhechores aumentaban su accionar en delitos contra las personas que circulan en automóviles. Y recrudecía la acción delictual en La Araucanía, particularmente contra transportistas, ya no en caminos secundarios, sino en la propia ruta principal que cruza nuestro territorio. Imposible, derechamente imposible pretender estar en todos esos temas complejos.

Por eso el anuncio viene oportuno, y pueda ser que se convierta, a la vuelta del Legislativo en marzo, en un proyecto de ley. Aquí cabe recordar que el Constituyente del 2005, sabiamente (no me reten por ponderar esa importante reforma) dejó abierta la alternativa jurídica al señalar “que las Fuerzas de Orden y Seguridad dependen del Ministerio encargado de la Seguridad Pública”. Hoy es el Ministerio del Interior, pero por ley puede establecerse lo sean de otro.

Si bien es cierto el anuncio es aún muy general, el debate debe complementarlo. Es desde luego una gran oportunidad para poner fin a autonomías policiales, a veces reales y otras un argumento para evitar responsabilidades.

A la pregunta ¿será necesario? Sí, más bien indispensable.