¿Un pacto social?

El agudizamiento previsible de la crisis sanitaria y el consecuente establecimiento de la cuarentena en la provincia de Santiago y otras seis comunas de la Región Metropolitana llevó a Mario Desbordes, el dirigente más lucido de la derecha, a proponer un pacto liderado por el actual Presidente y los tres expresidente(a)s de la República. Se trata de una iniciativa deseable pero difícil de implementar.

La iniciativa llega con dos meses y medio de retraso. Tiene lugar en momentos en que la narrativa de que “lo estamos haciendo bien” empieza a tambalearse; ha fracasado la idea de que esta era una tarea solo del gobierno en la cual no era necesario incorporar a la oposición (pues podía generar réditos políticos para la administración), ni a los grupos de expertos, ni las municipalidades, ni a la atención primaria de salud. Llega luego de comentarios poco atinados del Presidente, y de mensajes contradictorios (“aplanamiento de la curva”, “vuelta a clases”, “regreso seguro” y el aumento del número de contagios y de fallecidos). Se plantea, además, en el contexto de una falta de liderazgo presidencial para resolver el conflicto entre los que en su sector relevan la importancia de evitar un mayor deterioro de la economía y los que priorizan la salud. Aparece cuando, pese a su imagen inicial, el ministro de Hacienda impulsa, obcecadamente, un programa de alivio económico para personas y pequeñas empresas insuficiente, (“guardar cartuchos”), en circunstancias que el país tiene un endeudamiento público bruto y neto de los menores del mundo. Es difícil que el gobierno asuma la iniciativa de Desbordes, copatrocinada ahora por J.M. Insulza, pues implica reconocer que, como en el caso del estallido social, tampoco ahora, está a la altura.

Para avanzar, se necesitaría concordar en un diagnóstico sobre la gravedad de la crisis social que se suma a la existente previo al 18/0 y a sus consecuencias; que la desigualdad debe enfrentarse, que el programa de alivio implementado por el gobierno es insuficiente y no ayuda a los esfuerzos posteriores de reanimación económica y que el proceso constituyente no debe alterarse. Concordar también que existe espacio fiscal para un esfuerzo sustantivamente mayor, y que los costos de la crisis no deben recaer en los sectores más pobres. Se necesita un espacio de concertación política que incluya a la sociedad civil y sus organizaciones, a los alcaldes y a las regiones. Finalmente, es condición que el Presidente de la República asuma el liderazgo que el país requiere, que debería ser más parecido al de la primera ministra de Nueva Zelandia que al de Boris Johnson.

De no cumplirse estas condiciones será más difícil enfrentar la pandemia, y los dilemas y desafíos de mediano y largo plazo se resolverán en el terreno electoral y en el proceso constituyente.