Abogado constitucionalista: "En el debate que viene no puede prescindirse de la propuesta de Bachelet"

Durante las semanas que siguieron al estallido del 18 de octubre, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, casi en el epicentro de las manifestaciones, debió suspender el trabajo académico y funcionar en otras dependencias. Tras iniciarse una progresiva reapertura, se produjo una toma que, sin embargo, no fue validada el jueves por el estudiantado. A este respecto, el decano Pablo Ruiz-Tagle dice que "las tomas son microgolpes de Estado: una decisión mayoritaria o minoritaria para validarlas no las legitima, aunque sus razones sean las más nobles".

Profesor de Derecho Constitucional, Ruiz-Tagle es partidario de una Carta Magna que "ampare los derechos de las personas, que organice sin privilegios y nepotismo el Estado, y que se adapte a los cambios". De este modo, respalda el acuerdo del viernes 15, que "comenzó con un mea culpa de la clase política, que tiene alternativas razonables, muchas de las cuales requieren resoluciones ulteriores, pero que en general se aviene con la tradición constitucional chilena".

En los días posteriores se han suscitado interpretaciones controvertidas. ¿Ve frágil el escenario?

Todo acuerdo político tiene un cierto grado de inestabilidad. Las diferentes fuerzas que lo suscribieron y las interpretaciones que pueden surgir de sus vacíos, en una sociedad libre y democrática deben resolverse en el debate parlamentario y en la opinión pública, y tomarán un tiempo.

¿Qué impresión le dejan las controversias en torno al quórum requerido en distintas instancias?

En el tema de la regla súper mayoritaria de los dos tercios, creo que debemos consultar el derecho comparado para ver cómo en España, Sudáfrica, Colombia y en otras latitudes han resuelto este problema, antes de inventar la rueda, que ya puede haberse inventado hace miles de años.

¿Cómo interpreta lo señalado por el senador Allamand, que allí donde no haya un acuerdo de 2/3 rige la Constitución vigente?

El acuerdo político sobre la hoja en blanco es algo que tienen el derecho a interpretar todas las fuerzas políticas, incluido el senador Allamand, que es, sin duda, uno de sus protagonistas. Lo importante es que las fuerzas políticas no lleguen con la mente y el corazón en blanco, y que consideren en todas sus propuestas las mejores experiencias de la tradición constitucional chilena y lo que conviene a nuestra patria en estos tiempos tan difíciles.

El proyecto constitucional de Michelle Bachelet, en el que usted fue asesor, fue rápidamente desechado por el gobierno de Piñera. ¿Ve razones para tenerlo en cuenta?

Participé muy honrado en varias etapas del proyecto de la Presidenta Bachelet, pero no intervine en su redacción final. En su versión final, es un texto que contiene aciertos e ideas controvertidas. Pero, en la discusión y deliberación constitucional que vienen, no puede prescindirse de esta propuesta. Ahora, la crisis de la actividad política no solo se explica por el tema constitucional: también influyen factores sociales y económicos de larga data y muy profundos, como la humillación de una parte de la población, el extravío en las funciones de Carabineros, la apatía juvenil frente a la democracia y a los partidos, la excesiva concentración de la riqueza en pocas personas, el nepotismo y el privilegio injustificado, etc. La Presidenta gastó su liderazgo en buscar una salida honesta al dilema de nuestra patria, y fue maltratada y descalificada por muchas personas que hoy, quizá, se lamentan.

¿Qué piensa de la asamblea o convención constituyente?

La asamblea constituyente tiene muchas formas, pero siempre es una institución representativa. Algunos justifican la asamblea porque da participación y deliberación a la ciudadanía, pero lo que hace es instalar una forma paralela de representación para los efectos del proceso constituyente. En ningún caso se puede garantizar que todos participen y deliberen, como algunos han expresado. Es difícil definir su mandato y su coexistencia con los demás órganos constitucionales, elegir a sus integrantes y, una vez concluido su trabajo, que lo entreguen a los parlamentarios para que lo ejecuten. El acuerdo firmado propone una comisión técnica de base parlamentaria que controle la asamblea y no está claro si eso supone eximir de sus tareas al Tricel y/o al Tribunal Constitucional. Aun más, si los parlamentarios y los partidos no aceptan el trabajo de la asamblea, existe un riesgo de conflicto institucional mayor, que ha sucedido en otros países. Chile tiene partidos fuertes y, aunque la clase política actual esté desprestigiada, en mi opinión debe ser siempre parte del proceso constituyente. Espero, además, que el PC y la Mesa de Unidad Social adhieran a participar, aunque sea parcialmente, del acuerdo que se ha logrado.