Académicos dicen que acusación a supremos "fortalece la institucionalidad"

Una contraofensiva ante los cuestionamientos de los que ha sido objeto la acusación constitucional en contra de los ministros de la Corte Suprema Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama han impulsado en los últimos días abogados ligados a la oposición.

Se trata de una carta pública firmada por los académicos Humberto Nogueira Alcalá, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Talca; el exministro del Tribunal Constitucional y militante socialista Francisco Fernández Fredes; Claudio Nash Rojas, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Chile; el profesor de Derecho Público de la Universidad Católica, ligado a la Democracia Cristiana, Jorge Precht Pizarro; el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile y militante del PC, Jaime Gajardo Falcón; Rodrigo Poblete Reyes, profesor de Derecho Constitucional, y Christian Suárez Crothers, doctor en Derecho Constitucional y académico de la Universidad de Talca.

En la misiva, los juristas rechazan los argumentos que han esgrimido principalmente el gobierno y la Corte Suprema, desde donde han asegurado que el libelo -impulsado por el otorgamiento de libertad condicional a condenados por delitos de lesa humanidad- atenta contra el estado de derecho.

"Los firmantes queremos señalar que, independiente de los aspectos políticos propios del juicio constitucional que deben ponderar los parlamentarios, existen poderosas razones jurídicas para afirmar que los ministros que hoy se acusan han incurrido en notable abandono de deberes. Además, creemos que hacer efectiva su responsabilidad no menoscaba los cimientos de la institucionalidad, sino que los fortalece", señala el texto.

En ese sentido, se argumenta que en este caso se configuraría el notable abandono de deberes de los ministros, puesto que no tuvieron a la vista los diversos tratados y antecedentes que establece el derecho internacional en materia de DD.HH. al fundar su decisión.

Asimismo, se sostiene que "el Decreto Ley 321 de 1925 invocado por los ministros acusados en sus fallos determina los requisitos de la libertad condicional para delitos comunes y no para crímenes de lesa humanidad, por lo que se aplicó indebidamente". Y se agrega: "Ello constituye una vulneración del derecho a la jurisdicción, comprendida en los artículos 8 de la Convención Americana de DD.HH. y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, derecho encaminado también a asegurar el cumplimiento de las penas, para no constituir incumplimiento de modalidades de pena proporcional como una forma de impunidad y afectación de la reparación adecuada a las víctimas de crímenes contra los DD.HH.".

Así, los académicos concluyen que, "en definitiva, no hay acá una mera divergencia de interpretaciones plausibles que le quite gravedad al abandono de deberes (…); si había una interpretación que favorecía el derecho de las víctimas y sus familias de acceso a la justicia, esa era la única que los ministros debían adoptar".

La señal de los juristas se da justo tras la reunión que sostuvo el martes pasado el presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito, con el Mandatario Sebastián Piñera, para manifestar su "preocupación" ante la acción fiscalizadora de los parlamentarios.

Esa postura fue ratificada hoy por la portavoz de La Moneda y por el propio Brito, quien sostuvo que "con esta acción se traspasa la potestad jurisdiccional".

Hoy, además, diputados liderados por la presidenta de la Comisión de DD.HH. de la Cámara, Carmen Hertz (PC), firmaron una declaración pública asegurando que la cita entre ambos configuraba "una grave intromisión en las facultades privativas del Congreso, con un claro propósito de ejercer una presión indebida en los parlamentarios que deben decidir el destino de la acusación".