AC contra Presidente Piñera: comisión revisora recibe a ministra Schmidt y exministro Mena de Medio Ambiente, y a funcionarios del SII

El pasado 13 de octubre la oposición ingresó una acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera por un eventual conflicto de interés en la compraventa del proyecto minero Dominga. Un proceso que continúa su curso en la Cámara de Diputados en una semana marcada por la evaluación del libelo por parte de la comisión revisora.

La instancia -que deberá emitir un informe con una conclusión no vinculante- hoy escuchará las declaraciones del exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, y de la actual ministra de la cartera, Carolina Schmidt.

Con Maya Fernández (PS) a la cabeza de la comisión, los diputados integrantes -Florcita Alarcón (PH), Pepe Auth (Ind.), Paulina Núñez (RN), Virginia Troncoso (Ind.-RN)- comenzaron la sesión a eso de las 10 de la mañana. Al igual que el martes, también estuvo presente el diputado independiente René Saffirio, quien fue elegido para asumir la defensa de la AC ante la comisión.

Al comienzo de la instancia se presentaron las excusas de la exministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, quien argumentó que no podía asistir debido a sus labores como convencional constituyente; del director del SII, Fernando Barraza, por temas de agenda, y del exfiscal Manuel Guerra -quien investigó al Mandatario en el llamado caso Exalmar-, y que por medio de una misiva expresó: “No es procedente ni adecuado referirse a una investigación penal concluida”.

Cerca de las 11 horas, la ministra Schmidt comenzó su alocución vía telemática, repasando los hitos del casos, como el rechazo por parte de la comisión de evaluación ambiental de Coquimbo en 2017 del proyecto minero Dominga, y el posterior visado por parte de la misma en agosto 2021. Además, Schmidt hizo énfasis en que la zona de La Higuera no es área protegida, y que no existe ningún registro de sustentabilidad que proponga la creación de ello durante los gobiernos de Michelle Bachelet.

“No tengo ningún antecedente de que el proyecto (Dominga) el 2013 haya entrado con información insuficiente o deficiente, sí sé que ingresó con un estudio de impacto ambiental, por lo que se reconoce un impacto significativo. Toda actividad humana implica un impacto, pero en el caso de los que tienen impacto significativo, debe incluir un estudio”, dijo la ministra, explicando que está inhabilitada para dar su opinión personal.

“Sí señalar que hay una zona marina de alto valor en la zona de La Higuera, un valor cuanto a su biodiversidad, una fuente muy rica de alimentación para la flora y fauna de la zona”, agregó, precisando que “un área marina costera de múltiples usos (como es La Higuera), permite justamente múltiples usos. No prohíbe que haya actividad, sí la restringe para la protección del área marina”.

Posteriormente intervino Mena, quien fuera ministro de Medio Ambiente entre marzo de 2017 y marzo de 2018 (durante la segunda gestión de Bachelet). El exministro comenzó planteando que entre 2014 y 2018 se estableció un área de protección de 1.318.218,54 km2 entre 8 parques y 5 áreas marinas.

En el caso específico de la zona de La Higuera y las razones para que no haya sido declarada como área protegida, Mena explicó que “no hubo acuerdo porque el ministerio de Economía quería proteger una fracción menor y no queríamos aprobar algo que no protegiera la zona de verdad”. En respuesta a una pregunta por parte de los diputados, Mena detalló que “hubo una tensión al respecto, pero no guarda relación con presiones empresariales, si no producto de los respectivos ministerios intentando hacer sus trabajos”.

A modo de opinión personal ex-post, según él mismo exministro señaló: “Bajo el nuevo reglamento del servicio de evaluación ambiental, al adolecer de información relevante y esencial, hoy día ese tipo de proyecto lo hubiésemos sacado antes. Lo habríamos rechazado y habría vuelto a tiempo. Y quizás habría sido bueno. Porque podemos convenir todos de que un proyecto que se tramita 8 años y no tiene certezas, no es un buen procedimiento. Que ha tenido casi 3 a 4 instancias para resolverse, es malo. (…) Mi esperanza es que sea rechazado”.

Pasadas las 15:00 horas comenzó la segunda jornada de la comisión. Antes de iniciar las exposiciones de los invitados, el diputado Leonardo Soto (PS) -quien se encuentra presencialmente en la sesión-, intervino para recomendar invitar a la familia del Presidente Piñera en una próxima sesión, específicamente a la Primera Dama, Cecilia Morel, y a los hijos Sebastián, Cristóbal y Magdalena.

“Me parece prudente, conveniente y necesario. (...) Aparecen declarando en las causas que se abrieron por investigación por conflicto de intereses y otros delitos”, expresó el parlamentario.

Ante la solicitud, la diputada Fernández recalcó que se deberá ingresar formalmente la solicitud -al igual que todos los diputados que proponen invitados- a la comisión, con las “circunstancias (qué él explica) bien descritas”.

Posterior a la recomendación de Soto, iniciaron la alocuciones de los expositores invitados, los abogados Ricardo Escobar y Francisco Saffie. Durante sus presentaciones, ambos explicaron en qué consisten los paraísos fiscales y cuál es rol que tienen en proyectos mineros, particularmente en el caso Dominga.

Saffie profundizó en la elusión tributaria y en el detalle de la transacción entre la familia Piñera-Morel y Délano. “No hay ninguna razón, en este caso particular, que explique que (la transacción de Proyecto Dominga) se haga en el extranjero. No necesitaba irse al paraíso (fiscal) para obtener inversión extranjera”, señaló.

“No es el caso que, por así decirlo, se busca legitimar hoy día, de usar la sociedad en paraísos tributarios para efectos de conseguir financiamientos y que los acreedores estén tranquilos con la posible prenda de esas acciones en el extranjero. (…) Nada demuestra que esos dineros hayan vuelto (a Chile)”, continuó el abogado.

“La calificación de elusión opera así. Porque todas la operaciones tiene apariencia de legalidad, pero uno necesita el detalle de la forma en que se estructura la operación para poder calificarla y aplicar los hechos gravados que correspondan”, agregó Saffie. Y finalizó: “Hay un entramado de sociedades que sería bueno entender, especialmente las que están en el extranjero”.

Los últimos expositores de la jornada fueron Marcos González, presidente de Funcionarios de Impuestos Internos, y Juan Apablaza, presidente de la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos.

“Extrañamos que en esta convocatoria no esté presente nuestro director nacional. Debiese ser nuestra máxima autoridad institucional la que dé explicaciones al parlamento respecto de estas operaciones, y de las acciones o inacciones que ha tenido nuestra institución frente a este episodio” señaló González al iniciar su alocución, previo a que se confirmase la participación de la autoridad para la sesión de este jueves.

Respecto al caso Dominga, el presidente de Funcionarios del SII explicó que “no se observa una razón de negocios distinta al mero ahorro fiscal” en esta operación.

Por su parte, y para finalizar la intervención, Apablaza expresó que “lo único que buscamos es que todas las personas tengan el mismo trato. Si se quieren llevar las platas a los paraísos fiscales que hagan lo que quieran, pero que paguen las platas que correspondan. Qué pena que se la lleven y no la inviertan en Chile, pero que paguen los impuestos que corresponden”.

El martes se habían escuchado las exposiciones de los primeros invitados de la instancia revisora: abogados ambientalistas, parte de equipo redactor de la acusación, un exdirector del Consejo para la Transparencia y los periodistas tras la serie de reportajes Pandora Papers.

Sobre la acusación, el Presidente Piñera tiene de un plazo de 10 días para contestar el libelo -sin contar domingos ni festivos- desde que fue notificado; lo que ocurrió el pasado sábado.

En caso de que la acusación sea visada por ambas cámaras -por mayoría en la Cámara Baja y 2/3 en Senado-, el Mandatario se verá obligado a dejar su cargo y quedará con la inhabilidad de cinco años para ejercer cargos públicos.

La acusación -la segunda que impulsa la oposición contra Piñera en este periodo- se concretó a poco más de una semana de la publicación de la investigación periodística denominada Pandora Papers, que constituye la mayor filtración de datos financieros de paraísos fiscales, que vincula a presidentes, ministros, exfuncionarios, artistas, reyes y futbolistas con sociedades offshore.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló la investigación que dio cuenta de una millonaria compraventa de la minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas realizada entre la familia del Presidente y Carlos Alberto Délano.

Según el reportaje, la tercera cuota a pagar por los Piñera Morel habría estado condicionada a que el sector no se declarara zona de exclusión. Antecedente que llevó a los parlamentarios del bloque opositor a impulsar esta acción constitucional, y al Ministerio Público a abrir oficio de investigación del caso.