“Se basa en diferencias políticas”: Los argumentos expuestos por el abogado del ministro de Educación ante la acusación constitucional

Este lunes la comisión revisora de la acusación constitucional presentada por la oposición en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa, recibió vía telemática al abogado del secretario de Estado, Jorge Gálvez, para abordar la denominada cuestión previa y la contestación presentada, la semana pasada, por la defensa del titular del Mineduc; un documento de 300 páginas que alude a informes del BID y la Cepal para refutar los planteamientos del libelo.

La instancia de este lunes se extendió por cerca de dos horas, previo a lo cual Gálvez había dejado en claro que no sería tiempo suficiente para exponer la totalidad de su argumentación en respuesta a los tres capítulos que conforman la acusación. Además, durante la mañana -desde Peñalolén-, el propio Figueroa había abordado el libelo afirmando: “confío en que cuando se conozca la acusación constitucional, que será este jueves, los diputados puedan comprender todos los esfuerzos que el país ha hecho para, de manera segura, en forma gradual y con mucha flexibilidad, volver a poner los establecimientos educacionales a disposición de las familias. Lamentablemente, esta acusación no hace más que marcar una diferencia política respecto de ese objetivo”.

El texto de la acusación constitucional se basa en tres pilares: Vulneración del derecho a la educación, vulneración de los trabajadores de la educación, y amenaza a la vida e integridad física y psíquica. Además, a lo largo del escrito se enfatiza la insistencia del ministro en el retorno a clases presenciales.

De allí que Gálvez comenzara su ponencia expresando que la acusación se basa en “diferencias políticas respecto a la forma, oportunidad y urgencia de clases presenciales”, la que, a su juicio, “cruza los tres capítulos acusatorios y es el punto central del debate”.

Además, argumentó que el ministro acusado “no ha infringido la Constitución, ni la Ley, ni ha dejado ésta sin aplicación al favorecer el retorno a clases presenciales siguiendo recomendamos de expertos, así como la evidencia local y comparada”, ya que Figueroa “en cooperación con expertos y autoridades de salud, ha diseñado e impulsado un marco de condiciones aptas para que el regreso a clases ocurra de manera segura, gradual y voluntaria”.

El abogado también acusó que la estructura de la acusación “vulnera el texto expreso de la normativa legal que rige”, ya que -dijo- no se enumeran hechos específicos, por lo que, por motivos de forma, la acusación no debería ser aceptada.

En la misma línea, la defensa manifestó que con este libelo se actuó en forma contraria, ya que “se acusó para investigar, en vez de investigar para evaluar si se amerita acusación”. Sumando que, a su juicio, hay una vulneración a la legítima defensa, debido al escaso tiempo para recabar la información necesaria.

Algunos de los datos citados por Gálvez mencionan estimaciones elaboradas por el Mineduc y el Banco Mundial, según las cuales “los estudiantes podrían perder en promedio el 88% de los aprendizajes de un año por la suspensión de clases presenciales, pudiendo llegar al 95% en el caso de los estudiantes pertenecientes a menores quintiles”.

En la misma línea, mencionó un informe de agosto de 2020 de la ONU, en el que la organización “llamó a dar prioridad a la reapertura de colegios cuando estuviesen las condiciones”, para luego agregar un antecedente de septiembre de 2020 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el que plantean que, “dadas las devastadoras consecuencias para los niños y jóvenes y la sociedad en su conjunto, la decisión de cerrar las escuelas debe ser el último recurso, temporal, y solo a nivel local en áreas con una transmisión intensa de Covid-19”.

A nivel local, en tanto, el profesional citó a la Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE), la que en mayo de 2021 declaró que “la principal transmisión del virus no ocurre en los colegios, si no por parte de los adultos o fuera de los establecimientos”.

Respecto a la “vulneración de los trabajadores de la educación”, el abogado hizo hincapié en que el Ministerio de Educación se reunió y trabajó con sostenedores, directores, alcaldes, la mesa social Covid, expertos médicos, exministros de Educación, Unesco, Unicef, Colegio de Profesores, apoderados, y asistentes de educación, para elaborar las distintas estrategias aplicadas, así como modificar junto al ministerio de Salud el Plan Paso a Paso.

En cuanto al avance del plan de vacunación, se puntualizó que el 91% de los trabajadores de la educación completó su esquema de inoculación, y que el 100% tuvo acceso a éste. Planteó también que para los jóvenes menores de 12 años no se debiera exigir esquema completo, ya que “en ninguna parte del mundo se está aplicando”.

Otros de los puntos, mencionados ésta vez superficialmente por el abogado defensor para cumplir con el tiempo dado, refirieron que la acusación “se basa en un diagnóstico equivocado, parcial e injusto, respecto del manejo de la pandemia por parte del gobierno y el Mineduc”, y que ésta debe ser desestimada “por no cumplir con los requisitos que la Constitución establece para su procedencia”.

Según el argumento expuesto por Gálvez, la acusación “viola el principio de legalidad, culpabilidad, proporcionalidad, y debido proceso”, y al ministro Figueroa se le atribuyen responsabilidades que “no corresponden”. Estas son, según afirmó: “disminución del porcentaje de alumnos prioritarios, situación de aulas hospitalarias, pretendida utilización de recursos específicos fuera del marco legal en materia de SEP, situación de brecha digital, problemas ocurridos en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, presunta instrumentalización política de la campaña de retorno a la presencialidad, presunta desprotección y abandono respecto a las condiciones laborales de las y los trabajadores de la educación durante la pandemia de Covid-19, entre otras”.

Tras la presentación del abogado, la diputada Camila Rojas (Comunes), impulsora de la acusación constitucional, dijo que “no hay novedades” y añadió que “se concentró en la caricatura que han intentado levantar desde el principio: que esta acusación es porque no queremos un retorno presencial a clases”.

“Para ello, el abogado usa como antecedente un proyecto que impedía el retorno presencial, pero que presentamos con Camila Vallejo en abril de 2020, al inicio de la pandemia, lo que por supuesto distorsiona la realidad”, agregó la legisladora., añadiendo que “por otro lado, no se hace cargo de lo central de esta acusación, que son las condiciones deficientes de las escuelas y la falta de recursos asociada a la entrega subvenciones, por lo tanto, el impedimento de que las escuelas estén en condiciones mínimas para funcionar. De todo eso se culpa a los sostenedores y se omite que, por ley, es el ministro de Educación quien dirige superiormente las acciones educacionales del Estado”.

En horas de la mañana, el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, se había referido brevemente al libelo. “Espero que no ganemos la medalla de oro en el absurdo máximo (...) Acusar a un ministro porque los niños, niñas y adolescentes puedan volver a clases, es un desprecio absoluto por la educación presencial. No solo porque va en contra de lo que dicen los expertos, además no cuadra en términos de la educación socioemocional”, afirmó.

La acusación constitucional será revisada y votada entre el martes y miércoles de esta semana, para que el jueves se dé a conocer en la sala de la Cámara Baja.