Acusación constitucional: juristas dicen que debe ser "siempre un último recurso"

"Debido a los riesgos reales que entraña el abuso y desfiguración de este recurso, nos interesa destacar que la acusación constitucional debe ser considerada siempre un último recurso".

La anterior es una de las conclusiones contenidas en las 16 páginas del informe que anoche recibieron los jefes de bancadas de la oposición de parte del grupo de abogados constitucionalistas al que le pidieron una opinión técnica sobre una eventual acusación constitucional contra el ministro del Interior, Andrés Chadwick, por su manejo político del caso Catrillanca.

El consolidado tiene la firma de los abogados Patricio Zapata, Jaime Gajardo, Francisco Zúñiga, Sebastián Aylwin, Guillermo Vásquez, Ernesto Riffo, Luis Felipe Ramos, Danitza Pérez, Xavier Palominos, Gabriel de la Fuente, Tomás Jordán y René Canales. Ayer, todos los firmantes mantuvieron contacto para hacer las últimas observaciones al documento base que redactaron Gajardo y Zúñiga.

En sus conclusiones, el informe también recomienda esperar nuevos antecedentes para decidir sobre la acusación, como los resultados de la comisión investigadora por la muerte de Catrillanca.

"Nos parece que todavía existen situaciones por aclarar", plantea el texto.

El informe hace un repaso de lo que es la acusación constitucional a una autoridad del Estado y advierte sobre eventuales abusos, haciendo mención al caso de Dilma Rousseff en Brasil.

"Compartimos la preocupación que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la desnaturalización de la figura de la acusación constitucional (o juicio político en otros ordenamientos) y el consecuente riesgo de que sea utilizada de forma arbitraria y, por ende, encubra golpes parlamentarios, como ha ocurrido en el caso del juicio político a la expresidenta Dilma Rousseff en Brasil o el de la exministra de Educación Yasna Provoste en Chile", dice el documento.

Luego, el texto matiza, señalando que "el riesgo de estos 'golpes parlamentarios' no nos puede llevar a desconocer que, desde el punto de vista del control de los presidencialismos reforzados, una acusación constitucional bien fundada y sujeta a los requisitos constitucionales puede ser un aporte en la defensa de la democracia y las libertades públicas".

Aunque el documento concluye que la acusación es un último recurso, los constitucionalistas plantean que hipotéticamente Chadwick podría ser acusado por tres causales: infracción a la probidad administrativa; de no ejercer la facultad de coordinación de las policías, y de infracción a las normas que regulan la igualdad ante ley y prohíben tratamientos discriminatorios.

Hacen la salvedad de que el ejercicio "no supone que los firmantes avalemos o apoyemos necesariamente estas causales". De hecho, agregan que mientras algunos miembros la comisión piensan que estos cargos "tendrían plausibilidad", para otros, y dados los hechos conocidos hasta ahora, "las causales no están configuradas".

El informe jurídico que ayer recibieron los jefes de bancadas de la oposición debilitó la posibilidad de avanzar en la acusación constitucional anunciada en enero contra Chadwick, reconocían ayer en la oposición.

A su vez, el informe gatilló que el presidente del PR, Carlos Maldonado, y el diputado DC Gabriel Silber (eventual presidente de la Cámara) llamaran a una mejor coordinación opositora.

"La acusación constitucional es una facultad de los parlamentarios, sin duda. Pero es una herramienta que hay que usar con prudencia, el uso ligero no le hace bien a la institucionalidad... Es bueno saber antes si hay piso político", dijo Maldonado.

Silber coincidió en que "hay que buscar una mayor coordinación para darle más fuerza a la acción opositora".