ADEF expresa “preocupación” por indicación aprobada en Comisión de Sistema de Justicia de la Convención que crea un Consejo Superior para presidir la Defensoría Penal Pública

La Asociación de Defensoras y Defensores Penales Públicos (ADEF) se refirió este sábado a las propuestas aprobadas en la Comisión de Sistema de Justicia de la Convención Constitucional, respecto de la dirección de la Defensoría Penal Pública (DPP), en el marco de la revisión de los órganos autónomos que son parte del sistema penal por parte del órgano constituyente.

Si bien desde el gremio “agradecieron” la aprobación de la autonomía constitucional de la DPP, muestran “preocupación” por la indicación que determina la creación de un Consejo Superior que presidirá la dirección superior de la institución, debido a que reduciría las facultades del defensor nacional, además de burocratizar la toma de decisiones.

Dentro de las consignas aprobadas por la comisión el pasado jueves 28 de marzo, la creación de un Consejo Superior “paritario e integrado por siete personas”, entre ellas un presidente y un director ejecutivo, significa una amplia modificación a la estructuración actual del organismo, dirigido por la figura del defensor nacional.

En tanto -según detalla la norma aprobada por 13 votos a favor, cinco en contra y una abstención- este cargo se mantendría vigente, pero se ocuparía de liderar “las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Superior de la Defensoría Penal Pública” y representar “a la institución ante los demás órganos del Estado, sin perjuicio de las demás atribuciones que señale la ley”.

Así, las atribuciones del Consejo Superior serán “dirigir el organismo, velando por el cumplimiento de sus objetivos; determinar la política de gestión profesional de las y los funcionarios de la Defensoría Penal Pública; (...) designar al defensor nacional y a los defensores regionales en conformidad a la ley (...)”, entre otras.

Desde la ADEF expresan que, a su juicio, la instauración de este órgano colegiado, “reduce en demasía las atribuciones del Defensor Nacional e implica el riesgo de diluir las responsabilidades y hacer más burocrática la toma de decisiones”.

A pesar de indicar inquietud por este punto de la norma aprobada en la comisión de Sistemas de Justicia, remarcaron estar “contentos” por la idea de autonomía constitucional e, igualmente, por “la aprobación de la propuesta que concibe una prestación completamente pública del servicio de defensa, pues lo entendemos como un avance para la garantizar los derechos de todas las personas”, en relación al actual sistema mixto que implica que casi el 80% de los defensores sean licitados.

“En síntesis, reiteramos nuestro apoyo a la idea de avanzar institucionalmente en el nuevo escenario constitucional, pero dejando la figura del Defensor Nacional como está concebida hoy, perfeccionando su sistema de nombramiento que, a su vez, establezca mecanismos de control externos”, detallan en un comunicado público.