Adverso escenario de juez Matus en la Cámara obligaría al Senado a suspender semana regional

Jean Pierre Matus Ministro de la Corte Suprema
Santiago 24 de septiembre 2024 Ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus. Edwin Navarro/Aton Chile

Las acusaciones tienen un plazo rígido, regulado por la Ley Orgánica del Congreso. Si el libelo contra el juez de la Suprema es aprobado este martes, los senadores tendrían que votar entre lunes y jueves de la próxima semana, en medio del cierre de campañas y a días de las elecciones regionales y municipales.


Hasta las 23:45 tiene previsto sesionar, si fuese necesario, la comisión revisora de la acusación constitucional, presentada por la DC y las bancadas oficialistas, en contra del juez de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, a quien se le reprocha haber supuestamente mentido respecto de su relación con el abogado penalista Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva, por los delitos de soborno, lavado de activos y faltas tributarias.

Se trata del último caso a resolver por el Congreso, en esta suerte de temporada de acusaciones constitucionales, presentadas contra tres altos magistrados (Matus, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz) y también contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, que han consumido gran parte del trabajo parlamentario.

Sin embargo, a diferencia del libelo contra Tohá (rechazado por la Cámara el jueves pasado) y la segunda acusación contra Vivanco (que se vota este lunes), la presentación contra Matus contaba con una mayoría teórica para ser aprobada por los diputados.

El escrito, impulsado por el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), contó con las firmas de todos los jefes de bancada del oficialismo. Por lo tanto, teóricamente, las fuerzas afines al gobierno apoyarían la presentación, salvo algunos desmarques.

Sin embargo, dado que la Cámara hoy tiene un virtual empate entre oficialismo y oposición, que solo se desbalancea por la acción de algunos independientes, igualmente el libelo necesita de al menos un puñado de votos del otro sector político.

Esa condición se cumpliría en este caso, ya que el texto acusatorio tendría el respaldo de legisladores opositores. De hecho, republicanos y socialcristianos están inclinados a aprobar y es probable que las bancadas de Chile Vamos den libertad de acción. Incluso, desde un principio, el jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente, públicamente dijo que apoyarían la presentación impulsada por la DC, mientras que el presidente del gremialismo, Guillermo Ramírez, también se comunicó semanas atrás con Aedo para informarle que respaldarían su ofensiva contra el magistrado.

A diferencia de la acusación contra Tohá que polarizó a los diputados, la acusación a Matus no provoca una tradicional división ideológica. Las principales dudas hoy están en el PS y RN. Por lo tanto, con ese pronóstico negativo para Matus, su futuro dependerá del Senado.

“Hoy día se vive la mayor crisis desde el retorno de la democracia en el Poder Judicial. Tenemos un deber enorme de elevar el estándar ético de cada uno de los ministros y ministras de esta Corte Suprema. No podemos normalizar que mentir sea el estándar ético de los ministros y ministras de la Suprema y, en este caso, de Jean Pierre Matus. Mentir es un daño severo a la Corte Suprema, al Poder Judicial. Eso es lo que espero que se evalúe en esta acusación constitucional. No se puede permitir que alguien mienta y que eso le salga gratis”, dijo el diputado Aedo.

Senadores obligados

A la espera de que la comisión revisora, dirigida por el UDI Cristhian Moreira, emita el informe con su respectiva recomendación a la sala, presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC), ya tiene convocada una sesión para este martes con el fin de discutir el escrito contra de Matus.

Si es que la acusación en contra del magistrado es visada en el hemiciclo, el caso pasaría a manos del Senado, que se constituiría nuevamente como jurado para determinar si el juez de la Suprema es culpable de los cargos que se le imputan.

El problema del Senado es que las acusaciones tienen un rígido procedimiento de días, regulado por la Ley Orgánica del Congreso, que los obligaría a votar entre lunes y jueves de la próxima semana, en medio de una semana regional, que varios parlamentarios pretendían destinar a apoyar campañas.

“Puesto en conocimiento del Senado el hecho de que la Cámara de Diputados ha entablado acusación (...), el primero (el Senado) procederá a fijar el día en que comenzará a tratar de ella. La fijación del día se hará en la misma sesión en que se dé cuenta de la acusación. Si el Congreso estuviere en receso, esta determinación la hará el presidente del Senado”.

La norma agrega que el Senado o su presidente, según corresponda, “fijará como día inicial para comenzar a tratar de la acusación alguno de los comprendidos entre el cuarto y el sexto, ambos inclusive, que sigan a aquel en que se haya dado cuenta de la acusación”.

La Ley Orgánica del Congreso precisa que para estos efectos solo se cuentan los días hábiles.

Es decir, si el Senado es notificado el miércoles de que los diputados aprobaron la acusación contra Matus, el libelo se estaría votando entre el martes 22 y el jueves 24 de octubre (justo el día de cierre de campañas).

El Senado, en todo caso, igualmente podría notificarse el mismo martes 15 (mediante un acto que se llama cuenta agregada) y convocar a sesiones entre el lunes 21 y miércoles 23 para votar, lo que igualmente los obliga a interrumpir su semana de trabajo territorial, con el riesgo de lo que implica votar temas sensibles ad portas de una elección.

En las bancadas había inquietud e incomodidad por esta eventualidad, pero algunos senadores ya estaban resignados a tener que suspender compromisos en sus regiones.

De hecho, en una señal de que al Senado le importaba apurar el tren de acusaciones, la mesa conducida por José García (RN) dio cuenta casi inmediata de la acusación doble contra Vivanco y Muñoz, el mismo miércoles pasado. En caso contrario, ese libelo habría tenido que votarse la próxima semana, posiblemente junto con el de Matus.

Una alternativa es que la Cámara retrase su notificación al Senado para después de las elecciones, con ello se despejaría al menos el factor electoral.

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