Adverso pronóstico: reforma que busca acusar constitucionalmente a gobernadores regionales se vota el martes

Con apoyos y rechazos de lado y lado. Así está el panorama en la Cámara de Diputadas y Diputados frente a la reforma -surgida de mociones refundidas- que propone ampliar las acusaciones constitucionales a los gobernadores regionales.

Motivados por el trasapaso irregular de fondos a fundaciones de parte gobernaciones, parlamentarios de distintos colores políticos propusieron una serie de cambios a la Carta Fundamental, posteriormente fusionados en un solo texto, para considerar a los gobernadores en un posible juicio a cargo del Poder Legislativo “por infracción de la Constitución o las leyes, y por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión”.

Al interior de las bancadas aún no existe una postura única para encarar la votación de la iniciativa que se realizará mañana en la sala de la Cámara, por lo tanto, es un tema que se abordará entre hoy y el martes.

Sin embargo, se avizora un panorama cuesta arriba para el proyecto, que requiere el respaldo de 89 votos en sala. Incluso, algunos de los mocionantes reconocen sus dudas del éxito de la iniciativa.

Un repaso por las distintas bancadas de la Cámara Baja da cuenta de que la iniciativa corre en desventaja.

Una de las mocionantes de la iniciativa, la diputada Camila Flores (RN), señaló que “es muy importante que la destinación de los recursos del gobierno regional tengan algún mecanismo de fiscalización y me parece que lo mínimo para el buen actuar y la buena ejecución es que nosotros sí tengamos, en el marco de nuestra facultad fiscalizadora, un control”.

Al mismo tiempo, consciente del difícil paso que tiene el proyecto en la sala de la corporación, Flores agregó que “no me atrevería a anticipar un resultado”.

La jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón, aseguró que “conociendo los escándalos que han protagonizado los gobernadores en el marco del caso Convenios, es necesario que exista control y se les pueda acusar, guardando resguardos o quórum especiales para que tampoco estén al arbitrio de una mayoría parlamentaria que los ve como una amenaza electoral”.

Desde la UDI, el titular de la bancada, Gustavo Benavente, mostró sus dudas ante la iniciativa debido a que, según su análisis, la herramienta de la acusación constitucional se prestaría para hacer “puntos políticos y no por causales específicas”.

En Evópoli, según transmiten desde ese comité, se encuentran evaluando el proyecto.

El subjefe de la bancada del Partido Republicano y miembro de la Comisión de Constitución donde se votó la iniciativa, Luis Fernando Sánchez, señaló que el proyecto “no es conveniente, porque no calza con la estructura de la acusación constitucional... Incorporar a los gobernadores a la acusación sería disonante porque tienen organismos de control en el sistema”.

Aunque algunos republicanos son autores de una de las mociones, el jefe del bloque, Stephan Schubert, reforzó las dudas de su par, añadiendo que “la acusación constitucional debe ser también de manera restringida... Ese proyecto que está en tramitación lo analizaremos con detención, pero tenemos reparos”, complementó el titular del comité republicano.

Desde el oficialismo, el único comité que ha marcado una postura a favor de la iniciativa es el grupo PPD-Independientes. Su jefe de la bancada, Jaime Araya, aseguró que “en la bancada estamos a favor, no nos parece saludable que existan autoridades con tanto poder y recursos, sin tener los controles adecuados o los contrapesos necesarios para evitar episodios de abusos, corrupción, o conductas reñidas con los deberes funcionarios”.

Desde el Partido Socialista, el titular del comité, Daniel Melo, indicó que dentro de su bloque están “evaluando si la acusación constitucional es el mejor mecanismo para lograr estos objetivos, porque se puede correr el riesgo de caer en un mal uso de esta herramienta solo con fines políticos o electorales”.

El “riesgo” que ve el titular de la bancada del PS, ya había sido adelantado por Raúl Leiva (PS) en la votación del proyecto en la Comisión de Constitución, donde aseguró que “en una época electoral podríamos tener aquí acusados a cada uno de los gobernadores de cada una de las regiones... va a ser un instrumento de politización permanente”.

Sin embargo, en la votación, otro socialista, Marcos Ilabaca, votó a favor. Por lo mismo, los diputados PS votarán divididos en el hemiciclo.

El jefe de la bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez, aseguró que “a la bancada del FA le parece que esta es una reforma constitucional completamente inconducente”. “Creemos que distrae recursos innecesarios y que eventuales fraudes a la probidad se pueden atacar mediante los tribunales electorales y otros mecanismos que existen para controlar a las municipalidades”, añadió.

En el comité de Demócratas, Amarillos e independientes, según transmiten desde ese bloque, sus integrantes están divididos.

Esta reforma comenzó a ser discutida a partir de una moción presentada el 22 de agosto del año pasado, que era similar a otras cuatro iniciativas parlamentarias anteriores.

Ese proyecto base de la diputada Camila Flores, estaba firmado, además, por los RN Paula Labra, Miguel Becker, Bernardo Berger y el diputado y presidente de Amarillos, Andrés Jouannet. La propuesta se aprobó por seis votos a favor -todos los miembros de la oposición, además de Ilabaca (PS)-; tres en contra -Leiva y las frenteamplistas Maite Orsini y Javiera Morales-; y una abstención (Miguel Ángel Calisto).