Agenda de DD.HH.: La Moneda desempolva antigua moción contra leyes secretas y patrocina otras tres iniciativas de diputados

Una iniciativa de 20 años atrás, presentada en 2003 por los entonces diputados DC Gabriel Ascencio, Jorge Burgos y Rodolfo Seguel, que busca terminar con leyes secretas, será patrocinada por La Moneda como parte de una agenda de Derechos Humanos anunciada con motivo de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

Esta moción se suma a otros tres proyectos de diputados a los que el gobierno pretende darles urgencia y presentarles indicaciones.

La política para proteger los sitios de memoria será la única iniciativa legal propia y nueva que impulsará el Ejecutivo. En total, la agenda de DD.HH. considera, por ahora, cinco proyectos.

Junto con hacer un gesto a los autores de estas mociones, la decisión de optar mayoritariamente por los patrocinios le permite al gobierno acortar camino legislativo.

Tres de las cuatro iniciativas ya fueron aprobadas por la Cámara -el principal escollo para la administración de Gabriel Boric- y se encuentran en tramitación en el Senado. Además, dos de estos proyectos fueron aprobados con una aplastante mayoría, incluyendo los votos de derecha, lo que augura un pronóstico favorable para la agenda, según coinciden en las propias bancadas de oposición.

En el caso del proyecto contra las leyes secretas, originalmente la propuesta de Ascencio, Burgos y Seguel era liberar las restricciones de normas dictadas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, en su mayoría vinculadas a materias militares.

No obstante, en su trámite legislativo, en el que tuvo que participar Michelle Bachelet en su calidad de ministra de Defensa, la Cámara resolvió que era mejor no limitarse a esa época y desclasificar un conjunto de leyes, decretos ley o decretos que tenían carácter secreto o reservado, desde 1900.

Según el levantamiento de datos que hicieron las comisiones de Constitución y Defensa de la Cámara, desde inicios del siglo XX, hay 205 leyes, decretos leyes o decretos con fuerza de ley que no son de acceso público.

El grueso corresponde al período de dictadura, donde se contabilizaron aproximadamente 143 normas secretas o reservadas. Pero incluso hay algunas que fueron dictadas en gobiernos de la Concertación.

La Biblioteca del Congreso hizo su propio catastro y llegó a la cifra de 254 normas secretas o reservadas desde 1900. Algunas de ellas fueron modificadas por otras leyes (por ejemplo, la Ley Reservada del Cobre) y otro grupo importante de iniciativas quedaron obsoletas o derogadas con las reformas constitucionales de 2005.

Estos textos, que no eran de acceso público, tuvieron una forma de publicación distinta a la de una ley normal, a través de ediciones restringidas del Diario Oficial, distribuidas entre destinatarios institucionales, como el Ministerio de Defensa Nacional, el Congreso Nacional y la Contraloría.

En su mayoría se trata de normas que tuvieron una vigencia transitoria o que ya no están vigentes, por lo tanto, puede que su difusión no tenga mucho impacto legal.

Aun así, en la discusión legislativa que se dio particularmente en 2004, la entonces ministra Bachelet y sus subsecretarios pidieron tener un tratamiento especial a un conjunto de leyes que podía afectar la seguridad nacional. De hecho, el informe de la Comisión de Defensa señala que “atendidas las razones proporcionadas por la señora ministra de Defensa y por el señor subsecretario de Marina (Carlos Mackenney), hubo acuerdo en excluir del procedimiento de desclasificación un total de 33 textos legales, los que conservarán su carácter de secretos o reservados, por referirse a materias que se relacionan directamente con la seguridad del Estado y la defensa nacional”.

La idea no agradó completamente a los diputados autores, que accedieron a enumerar las leyes que se liberarían en forma inmediata y estipular que, a más tardar en julio de 2014, se desclasificaría el resto. Entonces, los legisladores tenían la expectativa de que la norma se iba a publicar en el mismo año 2004.

Dado que la iniciativa, aprobada ampliamente por la Cámara, se estancó en el Senado, el plazo prudencial de 2014 ya quedó completamente superado por el paso del tiempo.

Dentro de las propuestas parlamentarias que serán apadrinadas por el Ejecutivo, la más controvertida, sin embargo, es la que libera el secreto de los testimonios y antecedentes recogidos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que presidió el obispo Sergio Valech. La iniciativa fue redactada por el exdiputado comunista Hugo Gutiérrez y fue adherida por un grupo transversal de legisladores, entre ellos el mismo Gabriel Boric cuando era parlamentario, Matías Walker (ex DC, hoy senador del Partido Demócratas) y el diputado Leonardo Soto (PS).

Al ser votado en la Cámara, el proyecto fue apoyado desde el PC a la DC, pero la derecha se opuso. No obstante, dentro de las enmiendas que pretende poner el Ejecutivo, el levantamiento del secreto de la Comisión Valech se realizará sólo cuando la víctima o sus herederos den su consentimiento. Ese cambio podría ser gravitante a la hora de aliviar la resistencia de la oposición.

Otra iniciativa que será patrocinada es la que modifica el Código Penal, tipificando el delito de desaparición forzada de personas. Fue presentada en 2014 por la entonces diputada socialista Clemira Pacheco, que en su momento contó con un apoyo casi unánime de la Cámara y hoy está en manos del Senado. En el gobierno, en todo caso, quieren recoger algunas ideas de otra moción del exdiputado Gutiérrez que tipifica el delito de “ejecución extralegal” (ejecuciones políticas), estableciendo su imprescriptibilidad.

También será impulsada por La Moneda una moción de la actual diputada comunista Lorena Pizarro, iniciada en agosto de 2022 y que crea una calificación jurídica de “ausente por desaparición forzada”. La idea matriz plantea que el Registro Civil tenga una consideración especial, distinta a la de un fallecido, con las personas reconocidas como desaparecidas, con el fin de que sus familiares puedan requerir certificados (como los de defunción o nacimiento). Esta es la única iniciativa que no tiene un trámite avanzado, sin embargo, constituye un gesto político y de alto valor simbólico para la legisladora, hija de Waldo Pizarro, dirigente PC detenido desaparecido en 1976.