Desde La Moneda, el Presidente Gabriel Boric entregó detalles sobre el cambio de postura del gobierno ante las declaraciones del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, la que concluyó con la decisión de ampliar dos de las querellas por Ley de Seguridad del Estado (LSE) presentadas anteriormente en contra del comunero mapuche.

Durante una entrevista concedida este jueves en la sede de gobierno a Mucho Gusto -matinal de Mega- el Mandatario explicó que fue él quien tuvo la última palabra y reveló que una de las razones que gatilló el cambio de decisión fue la atribución de delitos por parte de Llaitul.

“Héctor Llaitul ha tenido muchos dichos y los de ahora último son particularmente graves porque se atribuye la autoría de delitos. Y, por lo tanto, analizando aquello, nos pareció que era pertinente ampliar la querella que ya había sido presentada porque hay, justamente, nuevos antecedentes”, afirmó el jefe de Estado.

“Ahora, la vocera de la Corte Suprema señaló de manera muy clara, Ángela Vivanco, que la Fiscalía tiene todas las facultades para investigar. Nosotros decidimos ampliar la querella justamente porque hubo una auto atribución de delitos en las últimas semanas”, complementó.

Además, insistió en que “el gobierno tiene el deber de estar siempre evaluando sus decisiones, y la decisión final me toca tomarla a mí”.

En ese sentido, explicó que “yo, ante los antecedentes que se nos pusieron sobre la mesa, ante la gravedad de las declaraciones de auto atribuirse delitos ya concretados, tomé al decisión de que era importante ampliar la querella, y en eso asumo la responsabilidad de aquello”.

Así también, puso énfasis en que “es bueno que un gobierno sea capaz de revisar sus propias decisiones”, ya que -a su juicio- “gobiernos obstinados en donde actúan solos así y tratan de estar de acuerdo consigo mismo la verdad es que no traen las mejores soluciones”.

El cambio de postura del Ejecutivo y la decisión de ampliar querellas por Ley de Seguridad del Estado en contra de Llaitul fue anunciada el miércoles en la noche por la ministra del Interior, Izkia Siches, también desde La Moneda.

En esa ocasión, la jefa de gabinete explicó que tras analizar en profundidad las palabras del líder de la CAM, reconocieron que “hay en este caso hechos constitutivos de delito”, en los que además “se atribuye la participación de ellos”.

Ante ese escenario, y “considerando lo que ha manifestado el Fiscal Nacional”, explicó que “hemos optado por ampliar nuestra querella, como también solicitar activamente a la Fiscalía acciones investigativas que creemos resuelven esta polémica”.

En concreto, serán dos querellas, de 2019 y 2020, a las que se les agregarán nuevos antecedentes, ambas por Ley de Seguridad del Estado.

Durante los últimos días, el líder de la CAM ha emitido una serie de declaraciones que han causado rechazo y preocupación de diversos sectores.

La semana pasada, durante una entrevista, explicó que los “sabotajes” que se han realizado son como acto de “venganza” por la muerte del comunero mapuche y exintegrante de la CAM, Pablo Marchant, ocurrida en 2021 durante un enfrentamiento con Carabineros en Carahue.

“La forma nuestra de reivindicarlo es obviamente a través del sabotaje que, como ha quedado de manifiesto en estas últimas dos semanas, sabotajes que han estado dirigidos y que tienen como objetivos acumular fuerza desde una línea estratégica”, explicó Llaitul.

Dos días después, el Mandatario abordó sus palabras y aseguró que “si alguien reconoce vínculos con ilícitos por supuesto que eso tiene que ser investigado y, de concluirse la investigación, sancionado como corresponde”.

Luego, el lunes de esta semana Llaitul reforzó sus declaraciones y señaló que “la prioridad nuestra (de la agrupación) es canalizar la violencia hacia el sabotaje”, apuntando en específico hacia “insumos” y “maquinarias”.

Sus dichos, en definitiva, generaron una dura respuesta por parte del mundo político y los grandes empresarios, quienes llamaron al gobierno a tomar acciones de forma inmediata.

Sin embargo, ante los requerimientos, el martes la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, descartó la posibilidad de interponer una nueva querella en contra del fundador de la CAM, lo que fue posteriormente justificado por Siches.

“Como gobierno esperamos que el Ministerio Público, con las distintas querellas que ya están en curso, 2019, 2020, todas por Ley de Seguridad del Estado, por dichos de similares características, pueda cursar una investigación y dar cuenta”, dijo la ministra del Interior el miércoles en la mañana.

Lo anterior, pese al llamado del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, quien explicó que se requería una querella por parte del gobierno para poder iniciar acciones legales contra Llaitul por sus dichos.

“La verdad es que se requiere, para poder investigar al amparo de la Ley de Seguridad del Estado, una denuncia, una querella por parte del gobierno”, dijo el persecutor la tarde del martes.

Finalmente, la decisión del gobierno tomó otro rumbo y se definió ampliar dos querellas por Ley de Seguridad del Estado. Una determinación que se terminó de zanjar junto al comité político, pero principalmente entre el Presidente Boric e Interior. Además, Matías Meza-Lopehandía, asesor de confianza de Boric, tuvo un rol activo en la definición.