Ataque armado de Puente Alto obliga a La Moneda a desplegarse y enfrenta a ministra Tohá con alcalde Codina

Balacera en Puente alto en velorio
Foto: Edwin Navarro/Aton Chile

El incidente, en el que un adolescente murió y funcionarios del centro de salud fueron amenazados para no atender a los heridos, movilizó a todas las autoridades del Ministerio del Interior en el marco de la presión del Congreso por decretar estado de excepción en la RM y de las críticas del alcalde de Puente Alto que emplazó a la ministra del Interior.


Pasadas las 17 horas de este martes llegó al Palacio de La Moneda el director general de la PDI, Eduardo Cerna y la fiscal jefe de Puente Alto, Denisse Valenzuela. A las 18:07 horas arribó el director nacional de orden y seguridad de Carabineros, general Enrique Monrás.

Los citó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para abordar la balacera que se registró la madrugada del jueves en Bajos de Mena, donde murió un adolescente de 17 años, resultaron heridos de gravedad una niña de 13 años y un niño de 11 años y desconocidos amenazaron a los funcionarios del Cesfam Cardenal Raúl Silva Henríquez para que no atendieran a los heridos.

La reunión fue parte del despliegue del gobierno que durante la jornada salió a reforzar varias veces la gravedad del incidente y movilizó a todas las autoridades del ministerio del Interior que encabeza la ministra Carolina Tohá. Lo hizo en una semana en que la jefa de gabinete ha enfrentado duras críticas del oficialismo y de la oposición por haber señalado que el balance de fallecidos en Fiestas Patrias era una cifra habitual.

A raíz de ello, el alcalde de Puente Alto Germán Codina recalcó que una balacera afuera de un Cesfam con una descarga de 150 tiros “no es normal, no se puede permitir en Chile”. Durante la tarde, a su vez, emplazó a Tohá a trasladarse en Bajos de Mena. A través de su cuenta de X afirmó que la ministra “se comprometió a venir a Cesfam Silva Henríquez tras graves hechos, pero ahora cambia y quiere reunirse en La Moneda, lejos de la gente. Para solucionar la crisis de seguridad hay q salir de Palacio e ir al territorio a conocer la realidad y dar soluciones”.

Cita en La Moneda

En la primera reunión, entre Monsalve, el director de la PDI y la fiscal, abordaron la desarticulación de bandas criminales a través del despliegue del plan ECOH de la Fiscalía. Además de revisar cómo fortalecer este tipo de indagatorias en sectores con mayor concurrencia de delitos.

Mientras que en la cita con el general Monrás, revisaron las capacidades territoriales, la distribución de los recursos para la institución, el reforzamiento de equipamientos y la presencia policial.

Luego de ambos encuentros, que fueron privados, no se descarta que se anuncien nuevas acciones. Según pudo conocer La Tercera, la reunión se fijó en la tarde, porque las autoridades del Ministerio estaban en la cuarta subcomisión mixta de presupuesto del Congreso.

Durante la mañana la ministra Tohá fue consultada por el hecho y junto con entregar detalles de lo ocurrido, aseguró que “tiene características de máxima prioridad”.

“Es particularmente delicado porque la información que se maneja hasta el momento es que las personas se encontraban organizando el velorio de una persona que murió en un homicidio el día 24 de septiembre y en la organización de este velorio había niños, niñas que han sido afectadas por este ataque”, recalcó la secretaria de Estado.

Previo a esto, alrededor de las 6 de la mañana, la jefa de gabinete se contactó con el delegado presidencial Gonzalo Durán para coordinar las acciones que iban a tomar frente a estos hechos.

Así, Durán llegó durante la mañana al Cesfam. En el lugar la autoridad dijo que “estamos hablando de bandas criminales, asesinas, que persiguen en el marco de una disputa entre bandas a una ambulancia. Y respecto de eso, lo que hay que hacer es desbaratar las bandas, es dar con los líderes de estas bandas, es ponerlos tras las rejas, es sacar las armas de circulación, y para eso estamos trabajando”.

Entre las acciones que anunció el delegado está el reforzamiento policial adicional a través de un punto fijo de Carabineros en el Cesfam, por al menos 30 días.

También fue requerida por este tema la ministra de la Segegob, Camila Vallejo. En la misma línea de Durán señaló que “es una situación de máxima gravedad. Los hechos que hemos conocido, que por cierto ya se están investigando, porque se puso como primera prioridad el que se dilucidara lo antes posible las responsabilidades”.

No es casual que los calificativos sobre la balacera fuesen similares. De hecho, en base esa misma línea, la Secretaría de Comunicaciones (SECOM) envió una minuta a los parlamentarios oficialistas. En ella dieron a conocer la postura del gobierno y las medidas que han tomado.

“Balacera en Puente Alto”, se titula el mensaje. En el primer punto se asegura que “los hechos ocurridos en la comuna de Puente Alto son de máxima gravedad, nos han conmovido, indignado y preocupado”.

Agregan que “estos terribles hechos ya están siendo investigados con primera prioridad para determinar prontamente las responsabilidades”.

El diagnóstico de lo ocurrido, según la minuta de Secom, es que se trata de un hecho “anómalo y tiene otras características, relacionadas con la disputa entre bandas, el uso de armas, el control territorial y el tráfico de drogas”.

El diseño original del gobierno, según adelantó Durán, era que la reunión de Tohá y Codina contemplara la participación de “los representantes de los trabajadores el municipio por supuesto la Delegación (...) con el propósito de identificar todos estos problemas, resolver cuáles son competencias de cada uno y pensar una estrategia con sentido inmediato de corto plazo y también algunas con sentido de mediano plazo incluyen medidas respecto del Cesfam, incluyen medidas respecto del entorno del Cesfam algunas de carácter más situacional y por supuesto un fortalecimiento de la seguridad desde el punto de vista policial”.

Sin embargo, durante la tarde el equipo de Codina insistió en que Tohá debía ir a Puente Alto y no al revés.

Estado de Excepción

Lo ocurrido generó que parlamentarios de oficialismo y oposición volvieran a solicitar que el Presidente decrete Estado de Excepción Constitucional en zonas como Puente Alto.

Así, el diputado y presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, dijo que “la balacera de Bajos de Mena es intolerable. Eso demuestra que el crimen organizado tiene tomadas las calles, gobierna las calles y, por tanto, el Estado no existe en ciertas poblaciones de Santiago.

Presidente, déjese de jugar a la política y saque los militares a la calle. Declare estado de excepción en algunas zonas de Santiago, es urgente, saque los militares a las calles”.

El diputado Eric Aedo (DC) aseguró que “he sido partidario del estado de excepción, no solo en la Región Metropolitana, sino que también en la región del Biobío, en comunas como San Pedro de La Paz y Coronel. Lo que pasó hoy día en Puente Alto, con estas balaceras, con estas amenazas al funcionamiento del Cesfam, es la situación que viven a diario el Cesfam del sector de Boca Sur de San Pedro de La Paz”.

El diputado PS Marcos Ilabaca afirmó que “soy un convencido de que se debe tener una herramienta que permita que los militares colaboren en esto, a pesar de que el Presidente dijo que los militares bajo su gestión no van a salir, yo creo que sí, es necesario que salgan a apoyar”.

Por el contrario, la diputada por la zona Ana María Gazmuri, que visitó Bajos de Mena la tarde de este jueves, respondió que “aquellos que están pidiendo estado de excepción a raíz de la tragedia que se ha vivido aquí en Bajos de Mena, yo haría un llamado a que hoy día todos colaboremos a enfrentar esta situación y para eso tenemos que mirar más profundamente qué es lo que ocurre con la cantidad de armas que hoy día están circulando en la población”.

Mientras que el diputado Raúl Soto (PPD) afirmó que “en esto me pongo del lado de los alcaldes, partiendo por el alcalde Codina (...), avancemos en dar celeridad a la Ley de Infraestructura Crítica. (...) El gobierno no ha querido respaldar para que los militares puedan colaborar con las funciones policiales en materia de seguridad, para que lugares como los consultorios, (...) puedan ser resguardados por las fuerzas militares”.

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