Bachelet denunció más de 30 mil casos de torturas antes de dejar La Moneda

El 10 de marzo la ex subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, se presentó ante la Justicia con una denuncia para que se investiguen la totalidad de personas registradas por las comisiones Valech I y II. Así, un día antes de terminar el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, aproximadamente 37 mil casos de víctimas de tortura y prisión durante el régimen militar fueron ingresados a la Corte de Apelaciones de Santiago.

La denuncia, revelada por el diario El País, fue aceptada por el juez Mario Carroza, quien indagará las causas, labor que se complicaría sin el levantamiento del secreto de los testimonios que entregaron las víctimas al momento de acreditar sus casos en las comisiones.

Bachelet, de hecho, había anunciado el 11 de septiembre pasado la discusión inmediata del proyecto que levanta el secreto a la Comisión Valech I, medida que no se ha aprobado.

"No pudimos sacar adelante la agenda de levantamiento de secreto con privacidad y discreción, y como tenemos un rezago en materia de acceso a la verdad y a la justicia entonces presenté esta denuncia con la totalidad de los casos de ambas comisiones Valech. Serán los tribunales de justicia quienes decidan como organizan eso y como lo llevan adelante", explicó a La Tercera la ex subsecretaria.

De la totalidad de los casos, existen víctimas que ya iniciaron un proceso judicial en busca de reparación y justicia. Al respecto, Fries señaló que esta denuncia no modifica esas indagaciones, las que continuarán con su curso original. En el caso de las víctimas que ya fallecieron, la investigación se realizará a través de familiares o documentación.

Sobre el procedimiento para la investigación, la ex funcionara de gobierno explicó que serán los tribunales quienes decidan cómo actuar ante estos casos, pero que sin embargo, el Instituto Nacional de Derecho Humanos es la entidad que custodia la mayor cantidad de antecedentes de la víctimas.

"El instituto tiene que ver cuál es el mecanismos para cumplir con el rol que le solicita la justicia y resguardar las atribuciones que tiene", sostuvo Fries.

En el caso de que el INDH niegue entregar información, "los mecanismos que hay para la investigación son súper amplios. Además, la subsecretaría de DD.HH no tenía facultades para querellarse, lo único que podía hacer en mi calidad de funcionaria fue presentar esa denuncia", dijo Fries.

Esta medida se suma a una lista de iniciativas que impulsó el ex gobierno en sus últimos días de administración, como el ingreso del proyecto de nueva Constitución a cinco días del término del mandato de Bachelet, el decreto que buscaba el cierre del penal Punta Peuco o el nombramiento del ex fiscal Luis Toledo -quien llevó el caso Caval- como notario de San Fernando.

Según Fries, la demora para realizar la denuncia se debe a que el gobierno esperó hasta la última semana que la Comisión de Constitución del Senado revisara el proyecto que buscaba levantar el secreto de 50 años de los testimonios entregados a las comisiones.

"Esa comisión tuvo mucho trabajo, por lo tanto no alcanzamos. Ante eso el imperativo era que no quedara esto fuera y que pudiéramos seguir avanzando en verdad, justicia y reparación", dijo la abogada.

En tanto, dirigentes de los ex presos políticos, valoraron la medida.

"Creemos que es una medida interesante, y la valoramos bastante. Ahora estamos preparándonos para iniciar una etapa distinta a la que hemos tuvimos en el gobierno de la Bachelet. Queremos comenzar a hacer todas las querellas o demandas que hay que hacer, para que de una vez por toda el Estado asuma su responsabilidad", dijo el presidente de la brigada de ex presos políticas del Partido Socialista, Manuel Jiménez.

Otras de las propuestas que presentó Bachelet el pasado 11 de marzo fue la de un mecanismo de recalificación para víctimas de prisión política y tortura, anunciando la creación de una comisión que revisara los antecedentes de quienes fueron rechazados por la Comisión Valech II.

Esta promesa, no obstante, no se cumplió.

El 14 de marzo, el ex ministro de Justicia Jaime Campos, quién tenía que firmar el decreto que creaba esta nueva Valech, reconoció que no firmó la petición. "No es que me haya negado, le hice observaciones por escrito que no se corrigieron y tampoco se transformó en norma".

Sin embargo, Fries detalló el viernes que "se hicieron las revisiones que él pidió y estaba listo para ser firmado. Él no sé si se negó, pero no lo firmó".