Diputados RN ingresan requerimiento a Contraloría por participación de ministras Toro y Arredondo en actividad municipal liderada por Irací Hassler
De acuerdo a lo apuntado en el documento, las secretarias de Estado habrían participado de un “acto de connotación política o de campaña" de la actual alcadesa de Santiago, Irací Hassler.
La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) ingresó un requerimiento a la Contraloría General de la República (CGR) por el actuar de las ministras de Desarrollo Social, Javiera Toro, y de las Culturas, Carolina Arredondo, durante un acto organizado por la Municipalidad de Santiago, en el cual estuvo presente la alcaldesa Irací Hassler.
El pasado miércoles 7 de agosto, el municipio anunció que el ex asilo “Hermanita de los Pobres” sería rebautizado como “Michelle Bachelet Jeria”, en el contexto del traslado a este recinto patrimonial del servicio del sistema barrial de cuidados de la comuna.
En el requerimiento, avalado por la jefa de bancada, Ximena Ossandón, además del subjefe Hugo Rey y la diputada María Luisa Cordero, explican que las ministras y subsecretarios involucrados habrían “participado, en horario laboral, en un acto de connotación política o de campaña encabezado por la Srta. Irací Hassler Jacob, actual alcaldesa de Santiago y candidata a la reelección”.
Según explican, esto sería un acto contrario a principios como “el de Probidad, el de Apoliticidad y la necesaria prescindencia política que debe informar el accionar de autoridades y funcionarios”. Por ello, piden que se instruyan “procedimientos administrativos y sanciones que fueren procedentes”.
Sobre el punto de la probidad, señalan que este se estaría contraviniendo debido a la afinidad de Hassler con el gobierno. A lo anterior, agregan que la presencia de las autoridades “tuvo únicamente por objeto apoyar la reelección de la alcaldesa Hassler y de paso, potenciar el rol que la ex presidenta Bachelet ya ha transparentado como promotora de las candidaturas municipales del oficialismo”.
Respecto a la apoliticidad, explican que desde la Contraloría se prohíbe expresamente “el uso de recursos, vehículos o recursos físicos y financieros en actividades políticas, lo que es una exigencia continua respecto de todos los funcionarios de la Administración”. Según el requerimiento realizado, esta exigencia habría sido incumplida durante el acto del pasado 7 de agosto.
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