Bancada de RN pide “marginar” a RD de la investigación judicial por el caso Democracia Viva en Antofagasta

“Esta conjunción de intereses y roles podría propiciar que, en los hechos, personas detenten la calidad de imputado y de querellante en la misma investigación”.

Ese es uno de los párrafos de un oficio dirigido al fiscal regional de Antofagasta, Alberto Ayala, por parte de la bancada de RN, en el que cuestionan que RD sea parte de la indagatoria que este lleva adelante por las transferencias de la Seremi de Vivienda de esa ciudad a la fundación Democracia Viva, ligada a personeros de esa tienda. Ello, luego de que se supiera que esa ONG -ligada a la expareja de la diputada Catalina Pérez (RD)- firmó un convenio por $ 426 millones con la autoridad de Vivienda de Antofagasta, cuando era liderada por un exjefe de gabinete de Pérez.

Por eso, el partido ancla del Frente Amplio se querelló contra los involucrados, con lo cual pueden tener acceso a la carpeta investigativa y conocer algunas de las diligencias que se están haciendo. De ahí los cuestionamientos de RN de que sean “investigados y querellantes” a la vez, considerando que todos los involucrados -como la expareja de Pérez y el exseremi- son pertenecientes a RD.

Adicional a eso, los diputados cuestionaron ante el persecutor que de acuerdo a lo revelado por La Tercera, el propio presidente del partido, el senador Juan Ignacio Latorre, supo de los hechos denunciados 10 días antes de que se hicieran públicos.

En la misiva -firmada por el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, y la subjefa Marcia Raphael- piden que las diligencias sean secretas para RD, advirtiendo “los eventuales perjuicios para la investigación que subyacen a que el partido político Revolución Democrática detente la calidad de interviniente en esta investigación, planteando lo oportuno de disponer el secreto de la investigación a su respecto”.

Sauerbaum plantea que “RD no puede ser más caradura. Quieren ser parte de la investigación que están realizando en su contra para tener acceso a la información. Son ellos a quienes se está investigando. Le hemos pedido al fiscal regional que los saque de la investigación. No pueden ser juez y parte, ser investigados y tener conocimiento de todos los antecedentes que se están presentando en su contra”. Si bien el oficio está dirigido al fiscal, la idea desde RN es que sea el persecutor quien pida sacar de la causa al juez de garantía, quien tiene la facultad para hacerlo.

De todas maneras, en caso de ser imputados en la causa, desde RD también tendrían acceso a la carpeta investigativa, al igual que siendo querellantes. El rol de los querellantes, sin embargo, les permite pedir diligencias y solicitar medidas cautelares en la audiencia de formalización.

Haciendo alusión a la querella que ingresó RD, en el oficio plantean que “desde un primer momento esta actuación causó extrañeza entre expertos y operadores del sistema procesal penal, ya que era el propio partido político cuestionado y del cual los principales imputados por el caso Democracia Viva son integrantes el que busca desencadenar el proceso judicial”.

Asimismo, el oficio cuestiona que Latorre haya sabido con anticipación de los hechos: “¿Por qué el senador Juan Ignacio Latorre no denunció los hechos a la brevedad y esperó por al menos 10 días a que la prensa los hiciese públicos? (...) No puede descartarse que otros miembros del mismo partido político adquieran la calidad de imputados en la investigación y causa judicial, los que podrían desempeñar, a la vez, un rol de dirección en el conglomerado, detentando facultades de representación de este”.

El oficio concluye que esto podría poner en “peligro” a la investigación, “especialmente en su etapa inicial, en la que resulta relevante realizar diligencias intrusivas como aquellas que ya se han practicado”, ya que RN cuestiona que en la querella de RD no se puede “descartar un ánimo de desempeñar un rol estratégico de acceso a los antecedentes y diligencias, pero no un ánimo de real colaboración”.

En todo caso, en cuanto al acceso a las diligencias, estas no se notifican a los querellantes al momento de decretarlas, sino que quedan registradas, una vez realizadas, en el expediente. Esta carpeta es de acceso para las defensas de los imputados y los querellantes.

Hasta ahora el Ministerio Público se ha involucrado en la causa investigando a la fundación Democracia Viva y otros casos en otras seis regiones.