Bancadas de oposición de la Cámara acusan al gobierno de “reiteradas omisiones” de información sobre los líos de platas y pensiones de gracia

En una carta firmada por los jefes de bancada de oposición de la Cámara de Diputadas y Diputados, los parlamentarios solicitan al presidente de la instancia, Ricardo Cifuentes (DC), que notifique al Presidente Gabriel Boric su “molestia y preocupación” por lo que ellos acusan como “el incumplimiento de los deberes de información que le corresponden al gobierno”. En concreto, los parlamentarios acusan “reiteradas omisiones” de parte del Ejecutivo “y sus funcionarios” en relación los casos de los Líos de platas y pensiones de gracias.

La misiva, firmada por Frank Sauerbaum (RN), Agustín Romero (Republicanos), Guillermo Ramírez (UDI), Francesca Muñoz (Partido Social Cristiano), Francisco Undurraga (Evópoli) y Joanna Pérez (Demócratas) relata la “profunda preocupación” de los diputados con el gobierno “en relación a las obligaciones de información y veracidad respecto de esta Cámara de Diputados”.

Sauerbaum, cuyo partido impulsó la misiva y la extendió a las demás bancadas de oposición, señaló que el objetivo de la carta es “hacerles saber nuestra sorpresa y también nuestra molestia respecto de la información que se nos niega o permanentemente se nos obstaculiza desde el Ejecutivo cada vez que se hace una investigación”.

“Hay una serie de oficios de comisiones investigadoras que no han prestado la suficiente diligencia del gobierno para poder tener toda la información y que la Cámara de Diputados ejerza su rol fiscalizadora”, acusó el diputado.

En la carta se explica que “las inconsistencias en la entrega de información relacionada con el Caso Convenios y la negativa del jefe de asesores presidencial de comparecer ante la Comisión Especial Investigadora constituida por nuestra Corporación fue una muestra inmejorable de la falta de disposición que ha mostrado el gobierno por transparentar información y cumplir con sus obligaciones constitucionales para con esta Cámara de Diputados”.

En esa línea, destacan que “lo que hemos presenciado en los últimos días puede ser calificado con la misma, o incluso, mayor gravedad”. Ello, en relación a los nuevos antecedentes sobre el caso Democracia Viva, que quedaron al descubierto tras un reportaje de T13. En el trabajo periodístico, se publicaron mensajes de WhatsApp entre la exsubsecretaria Tatiana Rojas y el otrora seremi Carlos Contreras que dan cuenta que La Moneda recibió antecedentes nueve días antes de que estallara el caso.

Por otra parte, los diputados manifiestan su molestia por la información que se entregó respecto a las pensiones de gracia en el marco del estallido social.

El jueves pasado, la Contraloría General de la República emitió un informe respecto al proceso de selección, otorgamiento y pago de pensiones de gracia en el marco del estallido social. El documento, evidenció una serie de falencias en ese trámite, a cargo del Departamento de Acción Social (DAS) de la Subsecretaría del Interior durante el año 2022.

En ese contexto, los parlamentarios señalan que, en el informe se desprende que “el gobierno, y particularmente el Ministerio del Interior y Seguridad Pública estaban al tanto de severas irregularidades, -incluso muchas de ellas posiblemente constitutivas de delitos- directamente vinculadas con el mandato investigativo de la Comisión Especial Investigadora encargada de indagar el caso”.

En esa línea, destacan que, en dicha instancia fiscalizadora, se solicitaron antecedentes “mediante solicitudes de información que nunca fueron contestadas, incluso luego de reiteración”.

“Las obligaciones de información del Ejecutivo para con el poder Legislativo, específicamente con esta Cámara de Diputados, lejos de ser una herramienta exclusivamente al servicio de la ‘guerrilla política’, importan una piedra angular dentro del sistema de pesos y contrapesos entre poderes del Estado y un presupuesto de existencia para las democracias modernas y el Estado de Derecho”, dictan en el documento.

Asimismo, señalan que “no hay control de la acción del gobierno si no hay acceso a la información oficial, y de ahí que mantener la vigencia de las herramientas que nos entregan la Constitución y la leyes para acceder a documentos e información gubernamental es esencial para alcanzar nuestros fines institucionales”.