Cámara aprueba de forma unánime proyecto para que autoridades de gobierno respondan en plazo de 30 días oficios de diputados

Un plazo máximo de 30 días para que las autoridades de gobierno respondan a oficios de fiscalización de la Cámara de Diputados fija el proyecto de ley que fue aprobado de forma unánime la tarde de este martes en la Sala de la Corporación.

La iniciativa, surgida de una moción de la parlamentaria Paula Labra (Ind.-RN) y refundida con otra de similares características de los diputados Víctor Pino (Demócratas), Yovana Ahumada (socialcristiana) y Andrés Jouannett (Amarillos), fue aprobada con 140 votos a favor. No hubo rechazos ni abstenciones.

Se trata de una normativa que aplica para todos quienes desempeñen funciones en la administración del Estado, entre ellos autoridades como ministros, subsecretarios e incluso empresas estatales.

De acuerdo a los mocionantes, se busca regularizar un vacío que hoy tiene a ministerios como Salud (Minsal), Educación (Mineduc) y Obras Públicas (MOP) entre los que registran más requerimientos pendientes de diputados, en el período legislativo 2022-2026, según las estadísticas oficiales de la propia Cámara.

De esta forma, el plazo para responder los oficios fiscalizadores queda igual al plazo establecido en la Ley de Transparencia: 20 días hábiles, prorrogable por 10 días hábiles más.

Mediante el proyecto, además, se adecúa la sanción a quienes incumplan los plazos. Actualmente, la sanción por no responder oficios es de una remuneración mensual, mientras que con la iniciativa se cambia la sanción a un tercio, media o una remuneración mensual.

Y se establece la misma sanción anterior para la incomparecencia de las autoridades señaladas a sesiones del Congreso Nacional.

Así, los funcionarios de la administración que sean citados, especialmente en el caso de las comisiones investigadoras realizadas por la Cámara de Diputados, y se ausentaren sin excusa, serán sancionados de acuerdo a lo contenido en la normativa.

Para los efectos del cobro de la multa, la Contraloría General de la República oficiará directamente a la oficina pagadora del respectivo organismo o entidad, a fin de que proceda a retener de las remuneraciones del personal involucrado las cantidades correspondientes, acompañando los comprobantes al referido órgano contralor, el que además deberá informar anualmente a la Cámara de Diputados el número de sanciones que ha aplicado.

La diputada Labra, tras la aprobación en Sala, destacó que “más allá del color político del gobierno de turno, es prioritario recabar antecedentes e información con prontitud para impulsar medidas legislativas pertinentes como la formación de comisiones investigadoras, la interpelación de ministros de Estado, o bien la presentación de proyectos de ley para perfeccionar la legislación en esos supuestos”.

“Con la aprobación unánime de nuestro proyecto de ley, los diputados tendremos herramientas efectivas para hacer mejor nuestro trabajo, lo cual esperemos se traduzca en devolver el prestigio al Congreso, mejorar nuestro desempeño y recuperar la confianza y credibilidad de la ciudadanía”, agregó.