Cámara aprueba proyecto que aumenta requisitos para otorgar libertad condicional

Entre 1987 y 1989 cometió 19 delitos entre hurtos y robos de distintos tipos. En 2005 un doble asesinato y fue condenado a 27 años de presidio. Sin embargo, en 2016, Hugo Bustamante quedó en libertad condicional junto a otros 1.600 beneficiados por decisiones de distintas Cortes de Apelaciones en el país. En agosto del año pasado, “el asesino del tambor” fue detenido por la PDI tras matar en Villa Alemana a la joven de 16 años Ámbar Cornejo.

Este fue un caso emblemático que motivó a la Cámara de Diputadas y Diputados a realizar diversas acciones, tales como una comisión investigadora del caso y una acusación constitucional en contra de la jueza Silvana Donoso, quien había presidido la comisión que otorgó el beneficio penal al asesino. Hoy, siguiendo con esas motivaciones, se aprobó un proyecto que restructura el sistema de libertad condicional, cuya discusión pasa ahora al Senado.

Algunos de los puntos específicos que trata la iniciativa son el aumento de cuatro a seis los bimestres de conducta intachable que los internos deberán tener para postular, el límite a la repostulación hasta un año después de que sea negada y también cambios a en la comisión que estará a cargo de la entrega del beneficio. En este sentido, en la instancia dejaría de participar un ministro de la Corte de Apelaciones para dar paso a otro juez de garantía, aumentando estos de 4 a 5 cupos.

La parlamentaria Érika Olivera (RN) destacó la importancia de arreglar el funcionamiento de las comisiones de libertad condicional. “Estamos hablando de delitos graves, que marcan de por vida a las víctimas y a sus familias como son la violación, el homicidio o el parricidio. Es por eso que el proyecto exige que las víctimas sean entrevistadas por la comisión antes de que se otorguen beneficios carcelarios”.

En el proyecto de ley se establece que el delito de homicidio simple será incluido a la lista de delitos por los que solo se podrá postular a la libertad condicional únicamente después de cumplirse dos tercios de la condena. Un tiempo que será aún más largo, ya también se propone un aumento en la pena: que pase de presidio mayor en su grado medio (entre 10 a 15 años y un día) a presidio mayor en su grado máximo (de 15 a 20 años).

La iniciativa que ha sido promovida por el diputado Andrés Longton (RN), también plantea que se revoque este beneficio cuando el condenado actúe con tendencia a amedrentar u hostigar a la víctima y sus familiares.

Algunas organizaciones de la sociedad civil se han manifestado al respecto con opiniones divididas. La Fundación Amparo y Justicia, por ejemplo, publicó hoy en su cuenta de Twitter que esperan que el proyecto “avance y permita asegurar el cumplimiento efectivo de la pena a quienes cometan delitos graves contra niños, niñas y adolescentes”. En la otra vereda, la Red de Acción Carcelaria comentó por la misma vía que “lamentamos que la discusión siga basada en el populismo penal y el foco se aleje de la reinserción y prevención, lo que debiera ser prioridad”.