Cámara aprueba proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas

Este miércoles, de forma unánime, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas de Delitos. De esa forma, la iniciativa fue remitida al Senado a segundo trámite legislativo.

En concreto, el texto crea un nuevo servicio integral de alcance nacional a partir de las ya existentes corporaciones de asistencia judicial.

El objetivo del proyecto es garantizar el acceso a la justicia para quienes no cuentan con los medios para contratar una defensa legal, de esa forma, se dota al Estado de una nueva institucionalidad integral de protección a las víctimas vulneradas en sus derechos fundamentales.

La idea es proveer a las personas de “defensa, reparación, representación jurídica y asistencia psicológica”, según indica el proyecto.

Según destacó el Ministerio de Justicia, de aprobarse, el Servicio contará con 16 “direcciones regionales”, las que tendrán atribuciones propias para gestionar en el nivel territorial, “sin perjuicio de la delegación de facultades que fortalezca aún más su rol”.

De acuerdo al Ministerio, la nueva institucionalidad será un “organismo descentralizado y desconcentrado”, además, promete entregar “asistencia jurídica especializada en diversos ámbitos como atención de niños, niñas y adolescentes; asesoría a adultos mayores; asesoría en materia de discriminación y migrantes; impulsará la solución colaborativa de conflictos, incluyendo la mediación; y reforzará la atención integral a víctimas de delitos, en particular los delitos violentos, lo que se constituirá en un pilar esencial en materia de seguridad ciudadana”.

Al respecto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que: “el acceso a la justicia es un derecho fundamental donde ha tratado históricamente de ser fortalecido en un sistema institucional, que hasta ahora lo tenía como un sistema bastante precario”.

En esa línea, destacó que “la principal preocupación de las víctimas es la información, y esa información supone saber qué está sucediendo con sus casos, a qué tipo de asesoría pueden acceder, qué tipo de beneficios pueden obtener”.

“El Servicio de Acceso a la justicia y protección de las víctimas permite esa dimensión general”, sostuvo el secretario de Estado.