En vivo: Por 76 votos en contra y 71 a favor, Cámara rechaza la Acusación Constitucional contra el ministro Figueroa

Este jueves, a partir de las 10 horas, la Cámara de Diputados realizará una sesión en la que se llevará a cabo la votación respecto a la Acusación Constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa.

Una acción constitucional impulsada por sectores de la oposición -12 parlamentarios liderados por la diputada Camila Rojas (Comunes)- que ayer miércoles fue rechazada por la comisión revisora por 4 votos a 1 (solo la diputada comunista Marisela Santibáñez votó a favor).

Durante la jornada, la comisión debió informar su veredicto, el cual no es vinculante, y dar su recomendación al hemiciclo. Los diputados, tras escuchar la intervención, procederán a escuchar a la defensa del acusado para posteriormente votar la denominada “cuestión previa” y, de rechazarse, votar la acusación constitucional.

Al comenzar la sesión, el ministro Figueroa decidió no hacer uso de su derecho a la “cuestión previa”, por lo que se procedió a exponer y discutir directamente el fondo del libelo. La primera en hacer uso de la palabra fue la diputada Camila Rojas (Comunes), impulsora de la acción constitucional y una de las autoras.

“Es deseable el retorno presencial en aquellos establecimientos que cuentan con las condiciones. Ojalá todos pudieran retornar a la presencialidad, pero sabemos que no todas cuentan con las condiciones adecuadas para un retorno seguro, cuando se tuvo un año y medio para la preparación correcta no ha ocurrido”, dijo la diputada.

“Los y las docentes han sido apuntados como los responsables de que no haya clases presenciales. Incluso el ministro insinuó que habría comodidad por parte de ellos”, expresó añadiendo que los profesores y no profesoras no cuentan con la adecuada protección legal en materia laboral.

“La gestión ha sido deficitaria, y no solo digo desde una visión política, donde podemos tener diferencias, también a partir dato y hechos específicos. Se ha afectado a las comunidades del país. En este año y medio de pandemia, el abandono de las escuelas y docentes, es lo que ha impedido que niños, niñas y adolescentes ejerzan su derecho a la educación, ya sea virtual, presencial o híbrida”, agregó Rojas.

“Por acción u omisión, el ministro Figueroa ha faltado a la ley y a la Constitución, afectando a todas las comunidades educacionales. (…) El ministro deja de manifiesto que no tiene responsabilidad de nada o bien que así se hacen las cosas en este gobierno. Se perpetúa la idea de que la educación es un problema entre privados”, concluyó la legisladora, para luego dar paso al argumento del abogado defensor del ministro, Jorge Gálvez.

“La forma en que está planteada la AC vulnera el principio de legalidad”, dijo Gálvez. “Por esfuerzo que hagamos, no encontramos en la Acusación Constitucional imputaciones de comportamientos precisos dirigidos al señor ministro. No encontramos tampoco la identificación de mandatos y deberes imputados al ministro. Se intenta salvar esta ostensible omisión sobre la base de establecer deberes generales. (…) Ninguno de ellos alcanza el estándar necesario para afirmar una infracción de aquellas para llevar el ejercicio legítimo de esta acción punitiva”, añadió el profesional.

“Llama la atención la cantidad de situaciones país que se atribuyen al pretendido control e intencionalidad dolosa del ministro. Como la brecha digital, problemas logísticos puntuales de Junaeb, las omisiones de algunos sostenedores para mejorar infraestructura, los resuelto por Contraloría aplicable al cuerpo docente, entre otros. Por eso digo de manera categórica, que la Acusación Constitucional vulnera el principio de culpabilidad, porque resulta del todo irracional pretender que todo este conjunto de situaciones haya sido provocado por actos dentro del control y disposición de decisiones del ministro. Eso es propio de un juicio político”, agregó Gálvez.

A continuación, la diputada Rojas respondió los puntos señalados por el abogado defensor, ratificando la legitimidad del libelo y llamando a reconocer las atribuciones del ministro de Educación. “El plan de retorno a clases fue fiscalizado por Contraloría y no pasó la prueba. En todos los informes se detallan infracciones complejas”, dijo la parlamentaria.

“Hago mía la opinión del profesor Enrique Navarro cuando sostiene que a propósito de la Acusación que significó la condena constitucional de los exministros Yasna Provoste y Harald Beyer. La institución fue aplicada incorrectamente, porque no se observó el estricto principio de culpabilidad. Para hacer uso de una facultad punitiva, no cabe la crítica política”, dijo el abogado Gálvez en respuesta a la diputada.

A eso de las 15 horas, se dio paso a la argumentación y votación de los parlamentarios, a quienes se les dio un tiempo de 6 minutos por bancada, los cuales pueden distribuirse en un máximo de tres diputados/as por bancada.

Quien tomó la palabra primero fue el diputado Mario Venegas (DC) manifestando su voto a favor: “Se trata de los derechos de niños y niñas de Chile, para quienes tenemos la obligación de pelear por sus derechos. El ministro de Educación no puede desatender su rol en relación a las causales que correctamente se le imputan en esta Acusación Constitucional”.

Posteriormente, intervino el diputado José Pérez (PR): “El ministro Figueroa será recordado como el peor ministro de Educación. (...) Los profesores y profesoras han hecho un trabajo encomiable con este sistema telemático, aún con la existencia de zonas con falencias de conectividad. ¿Qué ha hecho el ministro?”.

El diputado Luis Pardo (RN) fue quien habló en contra de la acción constitucional: “Acusan al ministro de no mandar las leyes que a ellos les hubiese gustado que mandara. A ratos esto parece más un jardín infantil. El ministro ha hecho lo que le correspondía hacer. ¿Qué sustenta esta Acusación? Simplemente una crítica política”.

A continuación fue el turno de Cristina Girardi (PPD): “Creo que todos queremos la presencialidad. (...) La presencialidad es vital, pero también son vitales las condiciones adecuadas, y esas no están”, dijo la diputada ejemplificando con escuelas de Cerro Navia.

Marisela Santibáñez (PC), quien fue la única integrante opositora en la comisión revisora, ratificó la procedencia de la Acusación: “No hay condiciones para la apertura segura de los establecimientos de educación (...) Es de consenso nacional la realización y puesta en marcha del sistema educacional de manera presencial, pero no puede significar una amenaza para todos aquellos que conforman la comunidad”.

Desde la bancada socialista, argumentó el diputado Juan Santana (PS): “Lavarse las manos con frecuencia es una de las medidas para enfrentar la propagación del coronavirus, pero no para eximirse de su responsabilidad con la educación pública, señor ministro”.

Enrique van Rysselberghe (UDI) comenzó lamentando los calificativos contra el ministro de Educación. “No hay quebrantamiento de las leyes y la Constitución cuando la voluntariedad de los padres respecto enviar a sus hijos a clases ha sido el eje. Priorizar la educación debe ser una política transversal, y esta Acusación da cuenta que los autores de este libelo se restan de ello”.

Por su parte, el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI), quien además presidió la comisión revisora, dijo: “De lo único que se puede acusar al ministro es de hacer su pega. (...) Esta es una acusación política, porque no les gusta la forma en que el ministro ha hecho las cosas”.

El diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli) expresó: “Pareciera que no hay racionalidad. No puede haber racionalidad ni justicia en una Acusación donde no se puede comprobar incumplimiento a la ley. Nuevamente se hace mal uso de esta herramienta”.

Finalmente, Pepe Auth hizo uso de la palabra en nombre de la bancada independiente manifestando que “no hay una posición clara al respecto”, pero que representará la postura mayoritaria: “Es tan irreparable la no presencialidad así como la desigualdad en las escuelas. (...) Con el ministro Figueroa tenemos distinta valoración del carácter público de la educación, pero son discrepancias política y evaluaciones de gestión, no son razones suficientes para la destitución ni inhabilitación por cinco años”.

Finalizada la intervención de Auth, se dio paso a la votación, la que tuvo 76 votos en contra y 71 a favor, por lo que la Acusación Constitucional fue rechazada. Entre los votos para deponer el libelo, además del oficialismo se contó con parte de la oposición.

Al salir de la sesión, la diputada Rojas se dirigió a la prensa: “De ocho inasistencias, siete eran de oposición, así que si hubiesen estado se hubiese podido contar con esos votos. Lo lamento principalmente porque presentamos faltas graves, situaciones muy duras, pero vamos a persistir denunciando estas situaciones y buscando soluciones a los problemas que enfrentan las comunidades educativas”.

“Preparado, muy tranquilo y confiado. Confiamos en el trabajo bien hecho, y que hemos puesto siempre el bienestar de los niños como prioridad”, dijo Raúl Figueroa, ministro de Educación, al ingresar al hemiciclo en la Cámara de Diputados.

En tanto, la diputada Camila Rojas (Comunes), expresó: “Esperamos que la votación refleje la revisión exhaustiva del texto acusatorio, que es un texto serio, pero que cada diputado piense en la situación en que están los establecimientos de sus distritos. (...) Creemos que están los votos para rechazar la cuestión previa y, por lo tanto, pasar al fondo de la acusación”.

Previo al inicio de la revisión de la acusación en la sala de la Cámara, el gobierno y el oficialismo manifestó su apoyo al ministro en redes sociales con el hashtag #EstoyConFigueroa. De manera que, autoridades como el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, el ministro de Economía, Lucas Palacios, entre otros.