Campaña publicitaria por reforma previsional: la “prueba de blancura” que le puso la oposición a Dorothy Pérez

Diez días otorgó la contralora general de la República (s), Dorothy Pérez, a los ministerios del Trabajo y de la Secretaría General de Gobierno para que entreguen sus descargos a tres requerimientos que han llegado a la institución fiscalizadora para que se pronuncie respecto de una campaña publicitaria en favor de la reforma previsional, que recién se encuentra en el Senado, en su segundo trámite legislativo.

El despliegue comunicacional, que comenzó el fin de semana pasado, a días de que el Presidente Gabriel Boric realice su tercera cuenta pública ante el Congreso Pleno, ya se materializó en la exhibición en canales de TV de un spot, protagonizado por personas que actúan en una escena familiar.

En la pieza audiovisual, los protagonistas aparecen tomando “once”, debatiendo sobre un “seguro social” (que “pinta bueno”, dice una de las actrices), aspecto que fue incluido en la reforma previsional que impulsa la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC) y la Subsecretaría de Previsión Social.

Desde la oposición reaccionaron con molestia ante la campaña. De hecho, ya se han presentado tres requerimientos a la Contraloría. Uno de las bancadas de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), otro específicamente de la UDI, que aporta antecedentes nuevos, y un tercero de un particular. Incluso, en los próximos días podría sumarse un cuarto oficio de los diputados del Partido Republicano, que pedirían el inicio de un juicio de cuentas para que las autoridades que visaron esta campaña reintegren los dineros fiscales si es que se confirma un mal uso de los recursos aprobados por la Ley de Presupuesto.

Esta fuerte presión de la derecha pone en una disyuntiva delicada a la contralora (s) Dorothy Pérez, quien es una de las cartas favoritas para ser ratificada en el cargo, que se encuentra vacante desde diciembre del año pasado, luego de que el antiguo jefe de la institución, Jorge Bermúdez, cumpliera su mandato constitucional de 8 años.

En el último tiempo, la Contraloría había visado que los gobiernos de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet usaran spots, emitidos en redes sociales y sitios web institucionales, para defender proyectos en discusión en el Congreso

En la actual administración del Presidente Boric, la máxima autoridad de jurisprudencia administrativa también había validado que el Ejecutivo recurriera a actividades en terreno para difundir iniciativas legales.

Sin embargo, el actual avisaje sobre la reforma pensiones tiene una particularidad distinta, que pone en aprietos a la actual contralora (s). El Ministerio del Trabajo incurrió en gastos adicionales, del orden de $147 millones, para contratar una agencia de publicidad y espacios en canales de televisión.

Hasta la fecha, la jurisprudencia que había fijado la Contraloría permitía la elaboración de estos spots gubernamentales, en el entendido que se trataba de trabajos realizados por personal de los propios ministerios involucrados y a través de “medios idóneos” -según dice la legislación-, es decir redes sociales y sitios web

Por ejemplo, en 2021, ante un requerimiento del senador Alejandro Navarro que cuestionó la estrategia comunicacional de Piñera para defender su reforma previsional, el entonces contralor Bermúdez desestimó la denuncia, en vista de que el material audiovisual y “su forma de divulgación” (en redes sociales y sitios web) se ajustaron a “la normativa vigente”. Pero en ese dictamen, del 28 de noviembre de 2019, Bermúdez remarcó que los ministerios debían “restringir los gastos en publicidad y difusión a aquellos que sean necesarios e imprescindibles para el cumplimiento de la función pública, la que, por regla general, puede llevarse a cabo sin necesidad de incurrir en ellos (gastos en publicidad)”.

La lectura que tiene el gobierno de esa resolución es que no inhibe la contratación de una campaña publicitaria para defender un proyecto en tramitación dado que el concepto “medios idóneos” puede tener una interpretación extensiva en la medida que la temática en cuestión lo amerite (en este caso un seguro social para la vejez).

No obstante, a juicio de la oposición, si la Contraloría permite este gasto millonario en publicidad abre una puerta ancha para que toda futura administración presidencial use a su antojo los recursos públicos para promocionar las políticas de su programa de gobierno, aun cuando se trate de iniciativas que el Congreso no haya zanjado legislativamente, o incluso, el mismo ente contralor no haya visado del punto de vista administrativo.

El escenario en que tendrá que moverse la contralora Pérez es delicado. Sea cual sea su resolución puede que haya grupos que queden molestos, lo que podría sepultar sus aspiraciones para ser ratificada. Para uno de los diputados que recurrió a Contraloría, lo que resuelva “es una prueba”.

En vista de que la designación del nuevo(a) contralor(a) requiere, en primer lugar, ser propuesto por el Presidente de la República, y luego ser aprobado por 30 senadores, si la derecha o el oficialismo vetan su nombre, su designación fracasaría.

A juicio del excontralor Ramiro Mendoza, si bien la jurisprudencia actual permite la difusión de proyectos a la luz de la Ley 19.896, sobre administración financiera del Estado, todo va a depender de cómo la contralora (s) interprete esa norma con la actual Ley de Presupuestos. “La leyes se interpretan. Yo puedo decir lo que dice la ley, pero no puedo precaver el modo cómo se va a interpretar la ley”, dijo en una entrevista a Radio Pauta. Por lo tanto, el dictamen dependerá del criterio que fije Pérez.

“Hay un estadio que es diferente. No saben hacia dónde se va a inclinar la candidata interna de la Contraloría, que es la subcontralora Dorothy Pérez, que hoy está en condición de poder ser nombrada... Es una prueba de la blancura que le está haciendo la oposición. Le está dejando una manzana que puede estar envenenada o no envenenada”, añadió Mendoza.

Por su parte , el diputado Frank Sauerbaum (RN), quien fue uno de los ideólogos de la arremetida opositora, valoró la rápida respuesta de Contraloría. “El gobierno no solamente hace publicidad de materias falsas sino que de materias que no han sido ni siquiera tratadas hoy día en el Senado producto de que el aumento del 6% se rechazó en la Cámara de Diputados y ya no hay contenido que poder promocionar. Por lo tanto, el Gobierno comete un doble error, transgrede la ley de presupuesto, la ley de administración financiera del Estado”, dijo.