Cancillería reactiva solicitud de extradición de acusado por crimen de Víctor Jara

Una serie de documentos envió la Cancillería, en junio pasado, a la embajada de Chile en Estados Unidos. ¿El objetivo? Que fueran entregados a las autoridades de ese país para poder reactivar la solicitud de extradición del exmilitar Pedro Barrientos, autor del homicidio del cantautor Víctor Jara, quien fue asesinado en 1973, en los días posteriores al golpe militar.

El exmilitar se encuentra desde 1990 en Estados Unidos y ya fue declarado culpable en ese país por tortura y asesinato del cantautor, a raíz de una demanda civil interpuesta por la familia de Jara, obligándolo a pagar una compensación por daños y perjuicios,

La gestión se produjo días antes de que el ministro en visita de la Corte de Apelaciones, Miguel Vásquez, condenara a 18 años de prisión a ocho funcionarios en retiro del Ejército, por su responsabilidad en el secuestro y homicidio del cantautor y del exdirector de prisiones Littré Quiroga.

Respecto de Barrientos, Vásquez acreditó su participación en ambos delitos.

"Hemos remitido a Estados Unidos los antecedentes sobre esta petición de extradición. Por supuesto, se trata de un caso emblemático en nuestro país, por la naturaleza de lo investigado y por la figura e influencia de Víctor Jara en nuestra cultura", aseguró a La Tercera el canciller, Roberto Ampuero, quien ha estado liderando las gestiones.

En 2013, la Cancillería chilena emitió por primera vez los antecedentes del caso a las autoridades estadounidenses. Sin embargo, en junio de 2015, Estados Unidos pidió complementar la información para poder dar curso a la extradición.

Así, en 2016 Cancillería recibió esa complementación realizada por el ministro Vásquez. Según indican desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, en esa oportunidad el gobierno de Michelle

Bachelet decidió que el programa de Derechos Humanos, en ese entonces radicado en el Ministerio del Interior, acompañara dicha complementación con un documento explicativo.

En tanto, en septiembre del mismo año, la Cancillería recibió de la Corte Suprema un segundo pedido de extradición, por los secuestros simples de Víctor Jara y Littré Quiroga.

Según explican desde la Cancillería, en esa oportunidad, dada la complejidad de la solicitud, se estimó pertinente remitir de una sola vez a EE.UU. el primer y el segundo pedido de extradición junto al documento preparado por el programa de DD.HH.

Finalmente, en Cancillería dicen que, en abril pasado, recibieron desde la Corte Suprema los antecedentes para ambas solicitudes de extradición, los que fueron enviados en junio pasado.

"Uno de los principios esenciales de Chile es el respeto al Estado de derecho. Y aquí hay una decisión de los tribunales de Justicia en que el Ministerio de RR.EE. asumió el rol que le corresponde, y lo seguiremos haciendo en torno a la solicitud de extradición", añadió Ampuero.

El secretario de Estado además recalca que para Chile el caso es de una gran relevancia porque es "una causa de violaciones a los derechos humanos", y que "por ello era esencial reactivar este caso, que llevaba tiempo pendiente".

Según indicaron desde la Cancillería, el trabajo para la solicitud de extradición se ha hecho en conjunto con el Ministerio de Justicia, encabezado por el ministro Hernán Larraín. Esto, debido a que ahora radica en esa cartera el plan de DD.HH.

La resolución judicial del ministro en visita Miguel Vázquez estableció que Jara y Quiroga fueron detenidos el 11 de septiembre y trasladados al Estadio Chile. Allí, según señala el fallo, "fueron reconocidos por los efectivos militares (…) sufriendo en todo su cautiverio constantes y violentos episodios de agresión física y verbal por parte de los oficiales del Ejército allí presentes".

El 15 de septiembre ambos serían trasladados hasta el Estadio Nacional, junto al resto de los prisioneros que estaban en el Estadio Chile. Sin embargo, no llegaron a destino. "Se les dio muerte a ambos, hecho que se produjo a consecuencia de al menos 44 (Jara) y 23 impactos de bala (Littré), respectivamente, en todos los casos de calibre 9,23 mm". Según el fallo, esta munición fue disparada por las armas que usaban "los oficiales del Ejército que se encontraban en dicho recinto".