Casi 200 páginas y centrada en dos capítulos: los detalles de la acusación constitucional de Chile Vamos contra la exministra Ríos

Y finalmente se concretó la anunciada acusación constitucional en contra de la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos. La tarde este lunes, en una rauda acción, los parlamentarios de Chile Vamos ingresaron el libelo a la Cámara de Diputados y Diputadas, donde minutos después se sorteó la comisión revisora del texto, que será integrada por una mayoría opositora.

“Estamos presentando esta acusación constitucional como Chile Vamos, lo que muestra primero que hay una coordinación clara y que está la evidencia suficiente de que acá hay una ilegalidad e inconstitucionalidad clara, respecto al otorgamiento primero de los indultos, y segundo respecto a los beneficios penitenciarios otorgados en la Macrozona Sur”, dijo el jefe de los diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton, aludiendo a los dos capítulos principales que contiene el libelo acusatorio.

La acción se presentó pese a que la exministra oficializó su renuncia a la cartera de Justicia el sábado pasado, anunciada por el Presidente Boric al mismo tiempo que reconocía que existieron “desprolijidades” en la concesión de los 13 indultos. Sin embargo, la Constitución permite a los diputados realizar la acción fiscalizadora hasta tres meses después de que un secretario de Estado abandone su cargo en el gobierno.

De aprobarse la acusación en contra Ríos, quedará inhabilitada de ejercer cargos públicos en un plazo de hasta cinco años.

Pero, ¿qué viene ahora? La tramitación es así: luego de sorteada la comisión revisora, se establecen tres días hábiles para notificar a la acusada, en este caso la exministra Ríos. Cumplido el plazo, la socióloga y militante de Convergencia Social tiene seis días hábiles para presentar su defensa ante la acusación. Por su parte, los diputados que revisarán el libelo tendrán seis días también para dar su opinión acerca del fondo del texto.

“Constitucionalmente, los ministros tienen hasta tres meses para poder ser acusados. Nosotros estamos ejerciendo nuestro deber fiscalizador, este es el motivo que nos reúne hoy a Chile Vamos, dado que encontramos coherentes las causales que estamos presentando y creemos y le hacemos un llamado al parlamento a que se estudie con seriedad esta acusación para que, efectivamente, no vuelva a ocurrir nunca más lo que está sucediendo”, apuntó el jefe de la bancada de diputados de Evópoli, Francisco Undurraga.

El borrador del libelo acusatorio -al que tuvo acceso La Tercera- consta de de dos capítulos: el primero se enfoca en los indultos concedidos por el Presidente Boric; y el segundo aborda los beneficios otorgados -como traslados- a presos por el conflicto en la Macrozona Sur.

En total, el texto -redactado por los juristas Max Pavez, Pablo Urquízar, Pablo Celedón y Jorge Mera- se compone de 186 páginas divididas en dos capítulos principales mencionados arriba, donde se argumenta que la secretaria de Estado actúo al margen de la Constitución. Se adjunta, también, los decretos y resoluciones que emanaron de los indultos y de los traslados de presos en la Macrozona Sur.

En cuanto al detalle, en el primer capítulo de la acusación se le imputa a la exministra Ríos de infringir la ley en la concesión de siete de los 13 indultos concedidos por el Presidente Boric. Esto porque -argumenta el texto- se habría beneficiado a personas que cumplían sentencias judiciales por delitos graves. Se enumera, además, las presuntas víctimas acreditadas en tribunales de los beneficiados por la potestad presidencial.

“El indulto concedido entre los días 29 y 30 de diciembre es expresión de este compromiso ideológico, y a la postre material, con la impunidad de personas que han cometido graves delitos y crímenes, entre los que se cuentan el intento frustrado de homicidio de una funcionaria de la Policía de Investigaciones; porte de armas o elementos incendiarios; el homicidio frustrado de otro funcionario policial y el caso paradigmático del Sr. Luis Castillo, quien registra 5 condenas por distintos delitos, se vincula en su participación o intervención en al menos otros 26 ilícitos, presenta denuncias en su contra por violencia intrafamiliar y profirió alarmantes dichos tras su liberación”, se lee en el texto presentado por las bancadas de diputados de Chile Vamos.

En la misma línea, quienes suscriben la acusación -se lee en el texto- “¿Cuál es el sentido humanitario o de utilidad (como pudo haber sido el caso de los indultos concedidos con el objeto de desconcentrar los establecimientos penitenciarios a raíz de la pandemia por Coronavirus) que subyace al ejercicio de tan álgida atribución presidencial? ¿Qué razonabilidad existe en la liberación de personas con amplio prontuario policial que han intentado asesinar a funcionarios policiales?

En el mismo apartado, se impugna el indulto del exfrentista Jorge Mateluna, que para los diputados y diputadas que firman el texto también se constituye como “una infracción a la ley”. De hecho, los parlamentarios de RN presentaron una acción penal en contra de la propia Ríos por considerar que el beneficio para Mateluna podría constituir un delito de prevaricación.

Finalmente, el capítulo cierra su argumentación enumerando a cada uno de los indultos que -para Chile Vamos- carecen de legitimidad. “La decisión de liberar a los Sres. Jorge Mateluna, Luis Castillo, Sebastián Rojas, Claudio Romero, Jordano Santander, Bastián Campos y Matías Rojas, así como a los restantes condenados, es expresión final de una particular inclinación por promover la impunidad de personas enjuiciadas y condenadas por graves delitos”, aduce el texto.

El capítulo dos, en tanto, se centra en los traslados de ciertos privados de libertad recluidos en penales de la Macrozona Sur a la Cárcel de Angol, luego de amenazas proferidas en contra del alcaide. En específico, el texto impugna los casos de los comuneros José Tralcal, Luis Tralcal, Celestino Córdova, Víctor Llanquileo y otros presos del mismo recinto penitenciario en La Araucanía.

Se le acusa, además, de no ejercer el control jerárquico como responsable política de Gendarmería, a propósito del mismo caso de los traslados.

“La exministra de Justicia y Derechos Humanos, doña Marcela Ríos Tobar, infringió las leyes que expresamente le obligan a ejercer un control jerárquico sobre los servicios públicos de su dependencia; pero, además, dejó sin ejecución las leyes al no haber ejercido las funciones y atribuciones que le entrega el ordenamiento jurídico para corregir los actos ilegales de Gendarmería de Chile. (...) Lo que deja en evidencia un accionar de la exministra Ríos funcional a la medidas de impunidad que ha impulsado el Gobierno del Presidente Gabriel Boric desde su instalación el 11 de marzo pasado”, cierra el texto.