Catalina Pérez en el banquillo de la Corte de Antofagasta: los escenarios a los que se enfrenta la diputada si es (o no) desaforada

Este lunes, la defensa de la diputada Catalina Pérez llegará hasta el pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta para intentar convencer a los siete ministros del tribunal de alzada de que rechacen la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público.

La acción, interpuesta el pasado 19 de diciembre por el fiscal Cristián Aguilar, pretende despejar el camino para formalizar a la diputada y solicitar medidas cautelares en su contra. Esto, en el marco del lío de platas asociado a la fundación Democracia Viva, la causa en la que está imputada y que originó un serie de otras investigaciones por posibles irregularidades en los convenios entregados por el Estado a fundaciones privadas.

El Ministerio Público tiene a la diputada Pérez en calidad de imputada por tres delitos de fraude al Fisco, por un perjuicio de $426 millones. Todos los ilícitos imputados son en coordinación con su expareja Daniel Andrade, el exseremi Carlos Contreras y la exconcejala Paz Fuica.

Según el Artículo 61 de la Constitución, “ningún diputado o senador (…) puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante”, por lo que las autoridades del Congreso cuentan con un fuero que solo se puede romper luego de la autorización del tribunal de alzada de la jurisdicción respectiva.

Esta instancia puede decidir si es que el proceso judicial en contra de la parlamentaria puede continuar. En caso de aprobarse la solicitud de desafuero, según la normativa, la diputada quedará ”suspendida de su cargo y sujeta al juez competente”. Es decir, la Fiscalía podría pedir medidas cautelares en su contra.

Un eventual desafuero implica que la diputada no podrá emitir votos ni opiniones en el hemiciclo de la Cámara, por lo que los quórums se ajustarán para compensar la falta del legislador desaforado. Sin embargo, el pago de la dieta parlamentaria se mantendrá intacto.

De todas maneras, ante este escenario la defensa de Pérez puede recurrir a la Corte Suprema para intentar revertir la decisión.

En el caso opuesto, si los ministros de la Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazan la solicitud de desafuero, por considerar que no hay antecedentes que sustenten la comisión de los delitos imputados, la parlamentaria podrá seguir ejerciendo el cargo sin mayores restricciones y el efecto procesal es que se decreta el sobreseimiento definitivo de su causa.

En ese momento se abrirá un conflicto judicial que escalará incluso hasta el Tribunal Constitucional (TC). Cuando las cortes de apelaciones rechazan el desafuero de algún parlamentario, la Fiscalía ha insistido apelando ante la Corte Suprema. Sin embargo, en todos esos casos los parlamentarios han llevado el asunto ante el TC a través del recurso de inaplicabilidad.

Y lo cierto es que la jurisprudencia del TC ha señalado que es inaplicable, por inconstitucional, la norma que permite que la Fiscalía apele por el rechazo a una solicitud de desafuero. Esto, debido a que el TC ha fallado que la Constitución dice que solo es apelable la sentencia que concede el desafuero en contra del parlamentario, pero no así la que lo rechaza.

Así ha pasado en varias inaplicabilidades en que el TC ha fallado a favor de diputados a los que la Fiscalía quiso desaforar, como por ejemplo la diputada Ericka Ñanco (FA), Jaime Mulet (regionalistas verdes) o Gloria Naveillán (independiente), entre varios otros.

Uno de los casos más emblemáticos en que un tribunal de alzada rechazó el desafuero de un parlamentario fue en una causa que llevaba la Fiscalía Oriente en contra del senador Manuel José Ossandón (RN), por un caso de presunto tráfico de influencias.

La Corte de San Miguel le dijo que “no” al Ministerio Público, la Fiscalía apeló a la Suprema y el TC falló a favor de Ossandón, bloqueando a la Fiscalía para continuar con el caso y, por lo tanto, decretándose el sobreseimiento definitivo.

Consultado el equipo de la diputada, su abogado Gonzalo Medina insiste en que “a más de un año y medio de investigación ha quedado claro que no existe ningún antecedente legalmente relevante que demuestre un tráfico de influencias, y menos un fraude al Fisco por parte de la diputada Pérez”.

De igual manera, descartó “coautoría” y “complicidad” de la exmilitante del Frente Amplio junto a Andrade, Contreras y Fuica en la firma irregular de convenios con el Gobierno Regional de Antofagasta.

“Un informe de la PDI da cuenta que, revisadas sus cuentas corrientes, ‘se descarta todo traspaso de recursos’. La diputada Pérez jamás ha recibido, ni menos tocado un peso de esos convenios”, concluye Medina.

Esto mismo ha sido reiterado por la diputada. De hecho, la semana pasada, en entrevista con La Tercera, declaró que “la Fiscalía ha logrado mezclar un conflicto político con un conflicto judicial, ganar mediante la prensa lo que no tiene fundamento judicial”. Además, la exmilitante del FA agregó que el Ministerio Público “ha filtrado todo lo que tienen”, y que en esos antecedentes “no hay un solo mensaje, un solo intercambio, una sola declaración de testigo que dé cuenta de que yo cometí un delito, porque eso no ocurrió”.