A dos semanas de que la Cámara de Diputados deba pronunciarse por la acusación constitucional contra tres ministros de la Corte Suprema, el Presidente Sebastián Piñera recibió ayer en audiencia al titular del máximo tribunal, Haroldo Brito, y al vicepresidente, Sergio Muñoz.

En la cita, los ministros de la Suprema manifestaron su preocupación por el libelo presentado por parlamentarios de la oposición contra los jueces Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama, tras el fallo que dejó en libertad condicional a un grupo de exunifornados que cumplía condena por violaciones a los derechos humanos en Punta Peuco.

"El Presidente nos escuchó con toda calma, con toda tranquilidad e interés, y ciertamente estamos conscientes de que se están haciendo las acciones encaminadas a generar buena convicción para alcanzar prontamente la conclusión de este proceso", dijo Brito tras la reunión que se prolongó por casi dos horas, en La Moneda.

La nueva ofensiva de los supremos se suma a las declaraciones que Muñoz y el vocero de la corte, Lamberto Cisternas, dieron el último domingo de agosto, advirtiendo que la acusación ponía en riesgo la independencia del Poder Judicial. Ese día, el gobierno, por medio del ministro del Interior, Andrés Chadwick, respaldó a la Suprema señalando que era de la "mayor gravedad" que una mayoría ocasional en la Cámara se arrogara la atribución de revisar los contenidos de un fallo.

La audiencia con Piñera, de hecho, fue gestionada días después por Brito a petición del pleno de ministros de la Suprema. Aunque el asunto no estaba en la tabla del último pleno del pasado viernes 31 de agosto, los jueces plantearon la necesidad de discutirlo de todas maneras.

La puesta en escena de ayer en La Moneda terminó por enardecer los ánimos de la oposición, desde donde acusaron una "campaña de amedrentamiento intolerable" de cara a la votación de la acusación programada originalmente para el sábado 15 de septiembre.

"(La reunión) me parece de la mayor gravedad. Esto no lo había visto nunca desde que volvimos a la democracia. Que el Presidente de la República se preste para poner en entredicho una facultad que es propia del Poder Legislativo", dijo el diputado del PS Jaime Naranjo.

"Es una intromisión que amenaza las facultades del Parlamento, una pretensión de cercenamiento de nuestras atribuciones", agregó la diputada comunista Carmen Hertz.

Los cuestionamientos de la oposición fueron refutados de inmediato por el gobierno y los mismos jueces.

El titular de Justicia, Hernán Larraín, negó un "blindaje", pero advirtió que el gobierno tiene que "velar por el estado de derecho".

"Cuando se cuestiona por un poder, en este caso un grupo de diputados, los fundamentos de un fallo, se está yendo un poco más allá de lo que es lo propio del estado de derecho y por eso hemos llamado a la reflexión, a la prudencia, para que en el ejercicio de las facultades privativas de los diputados no se excedan en el ámbito de su aplicación generando conflictos institucionales", agregó Larraín.

A su turno, Brito rechazó que la cita con Piñera pueda ser entendida como "una presión indebida". "Lo indebido sería haberlo hecho de manera clandestina", afirmó.

La controvertida cita de Piñera con los supremos se da en medio de las aprensiones que persisten en sectores de oposición sobre la viabilidad de la acusación y la búsqueda de votos que realizan quienes impulsan la destitución de los jueces para garantizar su aprobación en sala. Ayer, de hecho, aunque dio libertad de acción a sus parlamentarios, la directiva del PR informó de la postura oficial de rechazo al libelo que el Comité Ejecutivo Nacional de la tienda tomó en la víspera.