Cohecho: informe dice que propuesta del gobierno es "insuficiente"

"El aumento que se propone en el proyecto es absolutamente insuficiente, está lejos de alcanzar los estándares internacionales y permitir que se obtengan penas efectivas de acuerdo a nuestro sistema penal". Esa es una de las principales conclusiones de un informe elaborado por la Fundación Ciudadano Inteligente respecto del proyecto que reforma al Código Penal en materia de cohecho y soborno, el que fue respaldado esta semana por el Ministerio de Justicia y se encuentra con suma urgencia en comisión mixta.

La iniciativa busca aumentar las penas para los delitos de soborno y cohecho, estableciendo tres tipos: cohecho simple, con infracción de deberes y para cometer un delito funcionario. Por ejemplo, en el caso del primero se plantea aumentar la actual pena que va desde 61 a 541 días a una de presidio menor en su grado medio, la que va desde los 541 días a tres años.

En el caso del cohecho con infracción de deberes, en tanto, se propone pasar de la pena actual -reclusión menor en su grado medio y multa del valor recibido hasta el doble- a una pena privativa de libertad de presidio menor en su grado máximo, lo que equivale a tres años y un día a cinco años, con una multa que va desde el doble de lo recibido por el funcionario público hasta el cuádruple.

Frente a dichas modificaciones, Ciudadano Inteligente hizo un análisis comparativo entre las penas con las que se castiga el cohecho en el país versus otras 17 naciones de la región y el mundo, quedando Chile en el último lugar de los que sancionan con menor dureza este delito.

En los primeros lugares del ranking se encuentran países como Estados Unidos, donde las penas de cohecho con y sin infracción de deberes alcanza penas de hasta 15 años, o Brasil donde alcanzan penas máximas de hasta 16 años.

Según el análisis de la Fundación, con la nueva legislación, Chile sólo ascendería dos posiciones en ese ranking.

Pero más allá de las penas, la Fundación advierte que "la nueva legislación tampoco resuelve una de las principales trabas que ha tenido el Ministerio Público para perseguir los casos Penta, SQM y Corpesca. Esto porque no incorpora una hipótesis de cohecho de mera actividad, es decir, que se puedan sancionar casos sin que sea necesario acreditar que ese pago en particular se hizo con la intención de conseguir alguna ventaja".

El informe además advierte que las diferencias en materia de pena no solo surgen respecto de la regulación en otros países, sino "en relación con las sanciones que la legislación chilena contempla para otros delitos". Esto, puesto que delitos menos gravosos contemplan penas considerablemente más altas que el cohecho, como ocurre con la pena del delito de piratería, que va de tres años hasta cadena perpetua.

En esa línea, se propone "que las penas al cohecho se aumenten considerablemente, se paguen con multas de al menos el doble de lo recibido, y se castiguen con la inhabilidad absoluta y permanente de ejercer cargos públicos. Además, se indica que para estos procesos judiciales se debería restringir la opción de una suspensión condicional como salida alternativa, ya que las causas quedan fuera de todo escrutinio público".