Comisión de Seguridad: oposición impone sus términos en ley de usurpaciones pese a resistencia del gobierno y resignación oficialista

En medio de la sesión de la Comisión de Seguridad de la Cámara, la diputada Maite Orsini (RD) pidió la palabra e hizo una inusual petición.

“Colegas, le quiero proponer, en atención a que el Ejecutivo no está en esta sala para defender sus indicaciones, que excluyendo aquellas indicaciones que tratan sobre el registro de campamentos, podamos votar las indicaciones del Ejecutivo en paquete”, dijo.

Al dar sus razones, la explicación de la legisladora fue más sorpresiva: “Se van a rechazar igual... para qué vamos a estar una por una… es para agilizar (la votación)”.

La solicitud fue acogida por sus pares, pero dado que el diputado de RN Andrés Longton expresó su deseo de apoyar al menos una de la indicaciones de La Moneda, el socialista Raúl Leiva propuso un mecanismo intermedio: facultar al presidente de la comisión, el diputado UDI Jorge Alessandri, que cada vez que pusiera en votación una norma del Ejecutivo, pidiera acuerdo para que se replicara automáticamente el resultado de votaciones previas. Ello igualmente ayudaba a economizar el tiempo del debate.

En esos instantes, no había ningún ministro de Estado en la comisión para alegar en favor de las enmiendas del gobierno y la decisión de acelerar la tramitación era una implícita señal del desgano que imperaba en el oficialismo respecto del desenlace del debate en la Comisión de Seguridad.

Esta instancia, donde la oposición había logrado imponer una mayoría con exmilitantes del PDG, había convocado hasta total despacho la discusión de la ley que sube las penas y adopta nuevas medidas en contra de las usurpaciones de terrenos.

Si bien la iniciativa legal contaba con cierto respaldo del Ejecutivo, era una materia sensible para algunos diputados oficialistas, debido a la mirada más benigna que históricamente ha tenido la izquierda con las ocupaciones.

El problema para La Moneda es que las modificaciones que hizo la oposición en el Senado, que luego fueron refrendadas en la Comisión de Seguridad de la Cámara, por los mismos legisladores de derecha, a juicio del gobierno, fueron deformando el objetivo inicial del proyecto.

La molestia gubernamental venía siendo manifestada en forma constante por los ministros, en particular por la titular del Interior, Carolina Tohá (PPD), quien señaló la semana pasada que el texto tal como estaba quedando era “una bomba de inseguridad”.

Ese malestar del gobierno se acrecentó la semana pasada, además, por los impedimentos que pusieron los diputados de derecha a la presencia de asesores del Ministerio del Interior en la comisión, como señal de repudio por los nombramientos de Felipe Ñanco Melillan, como jefe del Departamento de Fondos de Tierras de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y de Daniel Álvarez a cargo de ciberseguridad.

En el caso de Ñanco, por el apoyo que realizó a tomas de terrenos en la Macrozona Sur en sus redes sociales antes de ser nombrado en ese cargo. En el caso de Álvarez, por los posteos que en febrero de 2020 realizó en su cuenta de Twitter, en los que tildó a Carabineros de “organización criminal” y “miseria de institución”, y por los cuales ofreció sus disculpas al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, el 18 de julio pasado.

No obstante, el principal reparo del Ejecutivo se basaba en que el delito de usurpación, con una calidad de flagrancia permanente –iniciativa que era promovida por el propio gobierno-, tendría una combinación conflictiva con otras disposiciones impuestas por la derecha. Al incorporarse la posibilidad de la autodefensa y reforzarse la posibilidad de las detenciones ciudadanas, a juicio de Tohá, “un grupo de amigos con palos y escopetas, podría reivindicar por sí solos, por mano propia, el sitio usurpado”.

Pese a los reparos de los diputados oficialistas, finalmente la Comisión de Seguridad despachó la iniciativa, aprobando aquellos elementos más polémicos.

“Esta norma permitiría que las policías puedan ingresar a los terrenos (en cualquier momento) y que los dueños puedan sacar a las personas que están en un terreno. Es lo mínimo que podemos establecer en una sociedad para que las personas puedan defenderse cuando están siendo atacadas o sus terrenos usurpados”, dijo el diputado Longton (RN).

“Si el Estado no responde, obviamente la gente va a querer tomar la justicia por sus manos. Pero es deber del Estado responder a tiempo y forma. Esta es una pésima noticia para los que creían que en Chile no había Estado de Derecho, para los que abusan y hacen loteos irregulares”, agregó el diputado Alessandri (UDI).

No obstante, en el oficialismo calificaron como “gravísimo” el contenido de esta reforma.

“Es un retroceso civilizatorio. Se combinan dos figuras jurídicas muy complejas: la flagrancia permanente y la legítima defensa privilegiada. La fuerza sobre la fuerza es algo inconcebible. Se pasaron 20 pueblos. Es un engendro que genera más violencia y autotutela”, dijo el diputado Leiva (PS).

La legisladora del PC, Alejandra Placencia, dijo que esto es “una escalada de populismo penal, que no tiene en consideración los perjuicios para la población”.

La estrategia del Ejecutivo y el oficialismo ahora es tratar de reponer sus enmiendas en la Sala de la Cámara y forzar un nuevo trámite en el Senado para derivar el texto a una comisión mixta.

En el peor de los escenarios, si el proyecto sigue avanzando sin las prevenciones gubernamentales, en La Moneda no descartaban recurrir a otros instrumentos constitucionales como un veto presidencial o incluso impugnar normas ante el Tribunal Constitucional.