Comisión Experta incorporará norma que establece límite de dos veces para que una persona pueda ser elegida Presidente de la República

Con computador en mano, el word abierto y las normas escritas. Así estuvieron, dispersos en varias salas, los comisionados de la Comisión Experta en el Congreso en Santiago negociando las normas que tienen acuerdo para ser ingresadas este jueves antes de las 23.59.

Se trata de uno de los momentos más relevantes -hasta ahora- de la comisión, debido a que será la primera medición de la capacidad de los expertos de ponerse de acuerdo en los temas de fondo y marcará lo que será el esqueleto del anteproyecto de nueva Constitución.

Los más avanzados son las subcomisiones orgánicas, es decir, la de sistema político y la de órganos autónomos. En la primera instancia -integrada por Juan José Ossa (RN), Sebastián Soto (Ind.-Evópoli), Natalia González (Ind.-UDI), Gabriel Osorio (PS), Antonia Rivas (CS) y Francisco Soto (Ind.-PPD)- ya tienen varias normas acordadas.

Lo primero que destaca esa subcomisión es que mantendrá el sistema presidencialista y la duración de cuatro años de los mandatos presidenciales. No se permitirá la reelección, pero los expertos innovaron en un punto. Redactaron una norma que restringe la cantidad de veces que una persona puede llegar a la presidencia. Los comisionados estimaron que el máximo será de dos ocasiones. La norma, que según fuentes de la subcomisión fue diseñada sin ánimo de perjudicar a ninguna persona en particular, tendrá efecto en dos expresidentes: Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

Pese a que ambos han dicho que no tienen interés de ir por un tercer mandato, el asunto ha estado presente desde que ambos dejaron La Moneda. El límite fue tanteado previamente e, incluso, expertos de la oposición tomaron contacto con Piñera para informarle de la iniciativa y el exmandatario se mostró en favor de incorporarla.

La subcomisión, además, ingresará normas sobre iniciativa popular de ley e iniciativa popular para derogar normas. Sobre esto último, la innovación es que existirá control por parte de la futura Corte Constitucional de la pregunta específica que se someterá a votación para la derogación de una ley en particular.

Además, estos expertos incluirán barreras electorales para disminuir la cantidad de partidos con representación parlamentaria y así combatir la fragmentación política. El umbral sería una cifra entre 4% y 5%. Las normas en acuerdo también incluyen dotar al Servel de facultades para contolar la democracia interna de los partidos políticos, como por ejemplo las elecciones internas y el manejo del padrón interno de cada colectividad.

También hicieron ajustes al proceso de formación de la ley y los comisionados redactaron normas que reformulan el sistema de urgencias parlamentarias, incorporando límites a la cantidad de urgencias que se pueden ingresar y estableciendo sanciones en caso de que no se cumplan, tal como ocurre en países como Uruguay.

Estos expertos, además, recogieron una norma de la Constitución vigente que permite tener un ministro coordinador de todo el gabinete. En el texto actual, el asunto solo está presente como una posibilidad y la redacción que pensaron los comisionados apunta a una obligatoriedad, es decir, a que el Presidente deberá encomendar a uno o más ministros la coordinación del gabinete y la relación del Ejecutivo con el Congreso. Esta redacción es casi idéntica a la que se incluía en la propuesta de nueva Constitución que redactó la expresidenta Bachelet.

Las normativas que ingresarán el jueves también incluyen la restricción de las comisiones investigadores y avanzarían a incorporar la interpelación como un paso previo a realizar una acusación constitucional. Respecto de sistema electoral, todas las señales apuntan a que en esta ronda no se ingresarán normas sobre este tema y se dejará para después, es decir, la fase de las enmiendas.

Pese a que la materia no está cerrada, la balanza se inclina a favor de avanzar a un sistema proporcional personalizado que funcione en base a listas cerradas. Tampoco está resuelto el tema de la facultad presidencial de los indultos particulares y la posibilidad de prohibir que los partidos políticos formen pactos electorales.

En la subcomisión de órganos autónomos -integrada por Catalina Salem (Ind.-RN), Hernán Larraín (UDI), Katherine Martorell (RN), Domingo Lovera (RD), Leslie Sánchez (PL en cupo PPD) y Paz Anastasiadis (DC)- los expertos lograron llegar a acuerdo en que la Corte Constitucional solo tendrá un control preventivo facultativo sobre vicios de procedimiento, es decir, formales.

No hubo acuerdo y, por lo tanto, quedará fuera de las normas el control facultativo sustantivo, es decir, sobre los vicios de fondo. Eliminar este tipo de control constitucional abstracto era una de las exigencias del oficialismo. Junto con eso, los comisionados acordaron que la Corte Constitucional tendrá nueve ministros, sin voto dirimente, los que serán nombrados de la misma forma.

El mecanismo que agarraba fuerza es que el Presidente nombre a un grupo de candidatos, que pasen por el filtro de la Corte Suprema y luego sean aprobados por el Senado.

Respecto del Poder Judicial, los expertos diseñaron normas que separan las funciones jurisdiccionales de las no jurisdiccionales. En relación a estas últimas, la idea es traspasarlas a un nuevo órgano.

El debate está puesto en si se trata de un solo órgano tipo Consejo de la Magistratura o de si la subcomisión se decanta por cuatro comisiones -una para nombramientos, otra para operaciones, otra para formación y una última para disciplina- coordinadas por un solo consejo nacional.

Todo el avance registrado en las subcomisiones orgánicas se desvanece en las subcomisiones de principios y la de derechos sociales. Ambas están discutiendo el corazón ideológico de la propuesta de nueva Constitución y les tocará regular el Estado social.

A ratos, el debate en estas instancias, se ha vuelto filosófico y lleva días estancado, ya que ninguna de las partes quiere ceder en sus pretensiones. Mientras el oficialismo busca regular un Estado social robusto, la oposición pretender mantener el principio de subsidiariedad y constitucionalizar la libertad de elección de los cotizantes en materias de salud y seguridad social.

Por lo mismo, la subcomisión de derechos sociales -que integran Jaime Arancibia (Ind.-RN), Teodoro Ribera (RN), Bettina Horst (Ind.-UDI), Alexis Cortés (PC), Alejandra Krauss (DC) y Flavio Quezada (PS)- está entrampada en los derechos de salud, seguridad social y agua.

En tanto, la subcomisión de principios -en la que participan Máximo Pavez (UDI), Carlos Frontaura (Ind.-Republicanos), Marcela Peredo (Ind.-RN), Verónica Undurraga (Ind.-PPD), Catalina Lagos (PS) y Magaly Fuenzalida (Ind.-FRVS)- estaba enfrascada en una discusión filósofica y jurídica sobre la primacía de la persona por sobre el Estado y el principio de servicialidad del Estado.

Al cierre de esta edición se registraban pocos avances y la posibilidad de llegar a acuerdos relevantes seguía difusa. Pese a eso, cada uno de los sectores -oficialismo y oposición- seguía trabajando en una última propuesta para poner en común y continuar con la ardua y tensa negociación.