Comisión investigadora de la Cámara hace reproche legal a Montes por lío de platas con fundaciones

“¡Estaba bueno! Estaba bueno en algunos puntos. ¡De verdad, bien! Lo alabo, pero le faltan un parcito más (de responsables)”, dijo ayer en el epílogo de la sesión, el presidente de la comisión investigadora, el diputado José Miguel Castro (RN), al elogiar -con algún grado de picardía- la última propuesta que hicieron tres diputadas oficialistas con el fin de lograr un texto consensuado de parte de la instancia fiscalizadora de la Cámara frente a los traspasos irregulares desde reparticiones públicas a fundaciones.

Se trataba de un nuevo documento, redactado por la diputada Mercedes Bulnes (independiente Frente Amplio), que contó con la adhesión de su pares Ericka Ñanco (RD) y Carolina Tello (PC), que tenía algunas sutilezas que sorpresivamente endurecían sus conclusiones respecto del desempeño del gobierno en este caso.

De partida, señalaba que habría sido valioso que el Presidente Gabriel Boric hubiera respondido el cuestionario que le envió la comisión y relataba con tono crítico la resistencia del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi (RD) a comparecer ante este grupo parlamentario.

Sin embargo, en vista de que la derecha ya había logrado un acuerdo con los diputados Raúl Soto (PPD), Rubén Oyarzo (PDG) y Andrés Jouannet (Amarillos), Bulnes finalmente retiró su propuesta en el entendido que estaba dispuesta a ceder, siempre y cuando los otros legisladores también cedieran para lograr un consenso.

Al final, la comisión en una votación dividida aprobó por ocho votos a favor y cinco en contra un informe que asignaba responsabilidades políticas y administrativas al ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS); a la exsubsecretaria de la misma cartera, Tatiana Rojas (RD); a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez (RD), y al jefe de asesores de la Presidencia de la República y exsubsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi (RD).

No obstante, producto de las negociaciones entre la derecha con Soto, Jouannet y Oyarzo, la oposición accedió a atenuar la mirada sobre el papel que jugó Montes en este caso. Sin embargo, igualmente se incluyó un reproche legal al ministro, lo que puede ser usado en una posible acusación constitucional. De hecho, una de las causales para pedir la destitución de un ministro es haber dejado las leyes “sin ejecución”.

“El Ministro Carlos Montes... no conocía una situación que afectaba profundamente su cartera a lo largo de todo el país y que era manejada por diversos funcionarios. Como comisión no vemos motivos para cuestionar la verdad del ministro Montes, pero ello no evita el reproche a la diligencia con la cual condujo su cartera”, dice el texto que finalmente fue aprobado en la instancia.

Pese a que la redacción bajó en algunos peldaños el reproche al ministro, también ponía en evidencia un presunto incumplimiento legal.

“El desconocimiento del flagelo que afectaba a su cartera no es el único reproche, ya que si bien los secretarios regionales ministeriales realizaron transferencias de manera delegada, lo cierto es que el jefe ministerial debía fiscalizar que dicha delegación se realizare de manera ajustada a la ley”, agrega el informe.

“A nivel legal, la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, a propósito de la delegación de facultades... señala que: ‘la responsabilidad por las decisiones administrativas que se adopten o por las actuaciones que se ejecuten recaerá en el delegado, sin perjuicio de la responsabilidad del delegante por negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones de dirección o fiscalización’. De ahí que el Ministro Carlos Montes debió fiscalizar o ejercer correctamente la dirección en la forma como se gestionaba o ejercían las facultades delegadas en las secretarías regionales ministeriales o en los servicios de vivienda y urbanización. Esta omisión (es) constitutiva de reprochable inobservancia”, añade el texto que ahora debe ser votado en la sala de la Cámara.

Inicialmente, el borrador de los diputados Juan Antonio Coloma (UDI), Juan Carlos Beltrán (RN), Juan Fuenzalida (UDI) y José Miguel Castro (RN) sostenía que el ministro de Vivienda incurrió en una “negligencia inexcusable”, concepto jurídico que se usa en normas laborales y el Derecho Penal.

En el pasado, la “negligencia” propiamente tal, a veces acompañada con adjetivos de “inexcusable” o “grave”, fue usada para sostener los libelos en contra de los exministros Harald Beyer (Educación), Yasna Provoste (Educación) y Andrés Chadwick (Interior), quienes fueron sancionados con la inhabilidad de ejercer cargos públicos por los próximos 5 años.

El tema era delicado especialmente para Montes, ya que a diferencia de los otros funcionarios y excolaboradores de gobierno que son aludidos en el informe de la comisión, él es el único que podría ser acusado.

De hecho, sobre el titular del Minvu ya pesa una amenaza de una acusación, que fue anunciada por diputadas del Partido Social Cristiano, Francesca Muñoz y Sara Cocha, en compañía de algunas legisladoras independientes como Yovana Ahumada y Gloria Naveillán. Según las promotoras de este libelo, el informe de la comisión será crucial para proceder a su presentación.

A juicio del diputado Castro, “hay una omisión (de Montes) reprochable. Y eso obviamente puede generar el día de mañana una acusación, podría ser. Hemos visto acusaciones que se han llevado a cabo acá, en el período pasado, con mucho menos”.

En el caso de Crispi, además de cuestionar su resistencia a comparecer, el informe de la comisión señala que “hay una falta de diligencia evidente y agravada por su cargo como jefe de los asesores del Presidente de la República, al no haber denunciado los hechos constitutivos del caso Democracia Viva a la justicia de conformidad con el artículo 175 del Código Procesal Penal. Las omisiones y la falta de deferencia del señor Crispi para con esta comisión investigadora permiten cuestionar su continuidad, la que de cualquier forma solo depende de la voluntad del Presidente de la República”.

La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, si bien expresó una constante voluntad de cooperación con la investigación parlamentaria, sus descargos -de que ella no flexibilizó los controles de los gobiernos regionales- no tuvieron acogida en el informe. “No ejerció debidamente el control en el uso eficiente de los recursos públicos”, señala el documento.

No obstante, la conclusión más severa es contra la exsubsecretaria Rojas. “Parece claro e irrefutable que los empleados públicos que conocieron de las denuncias, y particularmente la exsubsecretaria de Vivienda y Urbanismo, como jefe superior del servicio, debió comunicar estos hechos al ministro Montes y poner los antecedentes en poder del Ministerio Público. El incumplimiento de este deber es evidente y, por tanto, el reproche en el caso de doña Tatiana Rojas Leiva excede lo meramente político y alcanzaría eventualmente lo administrativo-penal”.