Comisión Mixta despacha borrador constitucional: lo que se aprobó y se rechazó

El proceso constitucional está llegando a su recta final. A las 17:00 horas de este sábado y tras seis horas de sesionar –luego de aplazar el cronograma del debate– la comisión mixta realizó la votación de las 64 propuestas de solución, además de 32 enmiendas que se presentaron, despachando al Pleno la eliminación de las contribuciones, la creación de una agencia anticorrupción, la declaración de estado de excepción “por acto terrorista”, como la reelección de alcaldes y concejales en caso de cambiar de comuna, entre otras.

En esta instancia se discutieron las observaciones hechas por la Comisión Experta a las enmiendas más polémicas que no lograron consenso en el Pleno. Aquellas que no fueron aprobadas ni rechazadas, como estado de sitio por grave amenaza terrorista, paridad en cargos de elección popular, objeción de conciencia y otras.

Durante la sesión de la comisión mixta, entre aquellos temas que no tuvieron consenso previo, se resolvieron a través de propuestas de solución y enmiendas.

En el Capítulo I sobre “Fundamentos del orden Constitucional”, una de las normas que fue aprobada, fue la del inciso 1 del artículo 3, siendo aprobada por siete votos a favor y cinco en contra.

“Chile adopta para su gobierno la república democrática, con separación de poderes y régimen presidencial. La soberanía reside en el pueblo de Chile, Nación única e indivisible, y se ejerce por este a través de elecciones periódicas, plebiscitos y mecanismos de participación y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo, persona, institución o grupo puede atribuirse su ejercicio”, señala el texto aprobado, que contó con el respaldo de Pilar Cuevas (RN), Sebastián Figueroa (republicano), Carlos Fontaura (republiano), Natalia González (UDI), Carlos Recondo (UDI), Teodoro Rivera (RN) y Luis Silva (republicano).

Los representantes de la izquierda, en tanto, optaron por rechazar la observación.

También se rechazó suprimir la frase que señala que la “Nación es única e indivisible”, por cinco a favor y siete en contra. La enmienda era respaldada por María Pardo (CS), Alejandro Köhler (PS) y Domingo Lovera (RD).

Durante la votación se objetaron las observaciones que buscaban que la ley asegurara los mecanismos adecuados para que las mujeres tuvieran “acceso equilibrado” o “representación equilibrada”. En cambio, el texto respaldado de la derecha, por siete votos a favor y cinco en contra, asegura que “la ley asegurará el acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas a cargos de elección popular, así como su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. El Estado garantizará el ejercicio de la participación política de las mujeres”.

Los votos en contra los dieron Alejandro Köhler, Catalina Lagos, Domingo Lovera, María Pardo y Verónica Undurraga, aunque de todas formas fue despachada al Pleno.

Dentro del primer capítulo también se despachó la creación de una “agencia nacional contra la corrupción”, la que “que coordinará la labor de las entidades estatales con competencia en materias de probidad o integridad pública, transparencia y rendición de cuentas, y promoverá acciones de prevención en dichos ámbitos. Una ley institucional determinará la composición, organización y demás funciones y atribuciones de esta agencia”.

La observación fue respaldada por siete votos de la derecha, imponiendo su mayoría, contra los cinco votos de la izquierda.

En esa línea y referida a la misma agencia, se aprobó una disposición transitoria que señala que “dentro de 12 meses contados desde la entrada en vigencia de esta Constitución, el Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley para crear la Agencia Nacional contra la Corrupción a que se refiere el inciso 7 del artículo 9″, donde también se impuso la derecha por siete votos contra cinco.

En cuanto al Capítulo II, de “Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales”, se ratificó la redacción sobre migraciones, donde se mantiene la frase relativa a la “expulsión en el menor tiempo posible”.

La redacción del artículo 16 señala que “la ley regulará el ingreso, estadía, residencia y egreso de extranjeros del territorio nacional. Todos los procedimientos y medidas regulados por dicha ley deberán llevarse a cabo con pleno respeto de la dignidad humana y los derechos y garantías fundamentales. La ley establecerá los procedimientos, formas y condiciones del egreso o expulsión en el menor tiempo posible, según corresponda, de aquellos extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, así como de aquellos que hayan sido condenados a presidio efectivo por crímenes o simples delitos cometidos en el territorio nacional y que hayan cumplido la pena en Chile”.

También aborda que: “se procurará que dichos extranjeros cumplan la referida pena privativa de libertad en su país de origen, cuando así corresponda de conformidad a la ley y a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Con todo, no se aplicarán las disposiciones del párrafo precedente en los casos de refugio, asilo o protección, expresamente contemplados en la ley, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Toda persona, institución o grupo que organice, financie o ejecute, con ánimo de lucro, el ingreso ilegal de personas al territorio de la República incurrirá en las sanciones que determine la ley”.

La derecha hizo uso de sus siete votos para respaldar la redacción que deberá ser votada por los consejeros.

Referente a la inmigración, se rechazó la disposición que señalaba que “asimismo, establecerá las condiciones para una migración segura y ordenada, la forma en que se sancionará el ingreso irregular y en que los extranjeros cumplirán las penas de crímenes cometidos en el territorio nacional según los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”, por cinco respaldos, dos en contra y cinco abstenciones, siendo desechada por no alcanzar los votos suficientes.

“Este ha sido uno de los artículos o temas que ha generado mucha discusión porque es un tema sensible para la población y que tiene que ser mirado bajo una perspectiva más de política de Estado”, aseguró el integrante de la Comisión Experta, Teodoro Rivera, quien ejemplificó con la situación de Venezuela, catalogándolo de “drama humano, pero también es un problema de seguridad para el país”.

En este apartado, también se respaldó la redacción relativa a la objeción de conciencia. La propuesta de solución 14, señaló que existe “el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Se garantiza su ejercicio, debido respeto y protección. Este derecho incluye la libertad de toda persona para adoptar la religión o las creencias de su elección, a vivir conforme a ellas y a transmitirlas. Comprende además la objeción de conciencia, la que se ejercerá de conformidad a la ley”.

Sobre esta norma votaron en bloque los siete miembros de derecha de la comisión mixta, permitiendo que esta tenga que ser vista nuevamente por el pleno.

La derecha también aprobó que la educación básica y media sean obligatorias y financiadas por el Estado, permitiéndolo en establecimientos privados y estatales. También se consigna que “en el caso de la educación media la obligatoriedad se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad”.

Dentro de este apartado, también se aprobó la redacción propuesta por la derecha en torno a la exención en el pago de contribuciones para la primera vivienda, que era propuesto desde la izquierda para suprimir la redacción que lo permitía, lo cual fue rechazado en bloque por la derecha, quedando con cinco votos a favor y siete en contra.

“Quiero hacer una apelación en consideración de la inmensa mayoría de los municipios (...) esta exención a nuestro juicio tiene dos efectos muy negativos, primero porque es un impuesto desde el punto de vista tributario, regresivo porque libera a un segmento pequeño de altos ingresos, de la obligación del pago de contribuciones y también tiene un efecto de injusticia social, porque al disminuir los ingresos del Fondo Común castiga gravemente los ingresos de las municipalidades más vulnerables, que son la gran mayoría de Chile”, aseguró Alejandro Köhler.

Al respecto, se aprobó una disposición transitoria de la referida norma que establece que la eliminación de contribuciones se iniciará en 2026 y a razón de un 20 por ciento anual.

También se visó la causal de “acto terrorista” para la declaración del estado excepcional de sitio, la cual fue respaldada con los siete votos de la derecha.

El texto en sí, quedó redactado de la siguiente manera: “El estado de asamblea, en caso de guerra exterior, y el estado de sitio, en caso de guerra interna, grave conmoción interior o acto terrorista, serán declarados por el Presidente de la República, con acuerdo del Congreso Nacional. La declaración deberá determinar las zonas afectadas por el estado de excepción correspondiente”.

“Esta norma no va a permitir solucionar ningún problema y no es una medida más que permita solucionar los problemas de violencia en la Macrozona Sur, sino que simplemente va a habilitar a la utilización de una herramienta que no es idónea para hacer frente a esa situación que tiene orígenes de distinta naturaleza (...)”, afirmó Catalina Lagos, quien afirmó que su aprobación solo hará “ilusiones” a quienes se han visto afectados por la violencia.

En el capítulo III, relativo a “Representación Política y Participación”, se aprobó por siente votos que sea la ley la que garantice la participación de las personas en la gestión pública de los órganos de la Administración del Estado.

Sobre el capítulo IV, sobre el “Congreso Nacional”, se respaldó por unanimidad que “los ministros de Estado, los subsecretarios, los representantes del Presidente de la República en las regiones y provincias y los secretarios regionales ministeriales” no podrán ser candidatos a diputado o senador, quitando de la redacción inicial a los subsecretarios de aquella prohibición.

También se aprobaron los criterios para la declaración de admisibilidad de las leyes que contengan materias de dedicación exclusiva al Presidente de la República, por siete votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

En el Capítulo V del “Gobierno y Administración del Estado”, se aprobó por siete votos que “la Administración del Estado está al servicio de las personas y de la sociedad y tendrá por objeto promover el bien común, satisfaciendo las necesidades públicas de acuerdo con la Constitución y la ley (...)”.

Por unanimidad se respaldó que “con todo, las jefaturas de los organismos del Estado podrán, respetando lo dispuesto por la Constitución y las leyes, establecer la organización interna del respectivo organismo y determinar las denominaciones y funciones que correspondan a las unidades que lo componen”.

En el capítulo VIII, del “Gobierno y administración regional y local”, unas de las polémicas normas despachadas al Pleno, es la que permite la “sillita musical electoral”, ya que, se apoyó que “los gobernadores regionales sólo podrán ser reelegidos en sus cargos sucesivamente por una vez. Los consejeros regionales podrán ser reelegidos sucesivamente en sus cargos hasta por dos veces. En el caso de los alcaldes y concejales, podrán ser reelegidos sucesivamente en sus cargos hasta por dos veces en la misma comuna”.

Parte de los argumentos de la derecha se basaron que una restricción en esta índole vulneraba la libertad de los electores por escoger a sus representantes.

Así, se dio votación a los temas que no lograron generar consenso, entre otras que incluyeron al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, la Protección al Medio Ambiente, Sustentabilidad y Desarrollo, más las disposiciones transitorias.

La sesión fue levantada recién a las 23.17 por el presidente de la instancia, Carlos Recondo, quien agradeció a los presentes.

“Con esta votación de la última propuesta se terminaron las votaciones que han despachado las 64 propuestas de solución relativas a las observaciones que le correspondían atender a esta comisión mixta con lo cual, hemos concluido el trabajo de la comisión. Se agradece a todos los comisionados y comisionadas, consejeras y consejeros, especialmente a la secretaría por su ayuda. Cumplida el objeto de la presente sesión, esta se levanta”, señaló Recondo, apoyado por aplausos de los presentes.

En la previa cada sector presentó nuevas redacciones a normas a las que se aferran se mantengan en el borrador. Republicanos se mantuvo firme con la exención de contribuciones para primeras viviendas, la que no ha convencido a la oposición y ha despertado el descontento de las municipalidades porque critican que quitaría parte importante del ingreso del presupuesto municipal. Desde el partido de José Antonio Kast, no retrocedieron con la controversial enmienda y en la nueva redacción proponen que se aplique de manera inmediata, a partir de 2026 y de forma gradual.

Los seis consejeros y seis comisionados que conforman la comisión se enfrentaron a este y otros 63 textos para ser despachados en su totalidad. Las sugerencias que propone la mixta serán sometidas a sufragio en el pleno del Consejo este lunes 23 de octubre. En esa instancia la derecha tiene los 3/5 de quórum para aprobar o dejar definitivamente fuera del texto una enmienda., se enfrentaron a este y otros 63 textos para ser despachados en su totalidad. Las sugerencias que propone la mixta serán sometidas a sufragio en el pleno del Consejo este lunes 23 de octubre. En esa instancia la derecha tiene los 3/5 de quórum para aprobar o dejar definitivamente fuera del texto una enmienda.