Con votos de la DC y el PPD en contra del libelo, el Senado rechaza la acusación constitucional contra el exministro Víctor Pérez

Este lunes tras poco más de 11 horas de discusión, el Senado rechazó la acusación constitucional presentada por la oposición en contra del exministro del Interior, Víctor Pérez, luego de que se desestimaran los tres capítulos del libelo.

El libelo había sido aprobado el pasado 3 de noviembre en la Cámara de Diputados por 80 votos a favor, 74 en contra y una abstención, pasando al Senado, quien actúa como juez en el proceso. Dicho resultado provocó que Pérez se comunicará desde el mismo Congreso con el Presidente Sebastián Piñera y renunciara al cargo. Decisión que comunicó minutos después.

Al interior del gobierno era esperado este escenario y existía un “optimismo moderado”, ya que bastaba que al menos dos senadores de oposición no la aprobaran -que se abstuvieran, no votaran o rechazaran- para evitar que ese sector alineara los 22 votos que necesitaba para declarar al exministro culpable, e inhabilitarlo de ejercer cargos públicos durante los próximos cinco años.

En la previa desde la oposición ya transmitían que el hecho de que Pérez hubiera renunciado a la cartera de Interior, era una buena señal que debía ponderarse a la hora de la votación. Es así como un grupo de legisladores de la centroizquierda estuvieron por no apoyar ninguno de los tres capítulos del libelo, dividiendo al bloque y desatando una nueva derrota para el sector en el Congreso.

Los votos claves de la oposición que salvaron a Pérez de la acusación vinieron de los senadores Felipe Harboe (PPD), Francisco Huenchumilla (DC), Jorge Pizarro (DC) quienes rechazaron todo el texto y de Jorge Soria (PPD), Jaime Quintana (PPD) y Carolina Goic (DC) quienes se abstuvieron. Y José Miguel Insulza que rechazó el último capítulo, pero aprobó los otros dos.

Cabe recordar que sobre Pérez pesaban tres acusaciones: El primero apuntaba a infracciones por haber presuntamente omitido denunciar hechos ilícitos durante el paro de camioneros; el segundo decía relación con una supuesta vulneración al derecho constitucional de igualdad ante la ley, al haber tenido un trato diferenciado con ese gremio respecto de otro tipo de manifestaciones; y finalmente, el tercer punto apuntaba a una infracción de la Constitución y las leyes por el actuar de Carabineros durante las protestas sociales.

El primer capítulo se cayó por 17 a favor, 22 en contra y 3 abstenciones; el segundo por 15 a favor, 23 en contra y 4 abstenciones; mientras que el último también fue rechazado por 14 a favor, 24 en contra y 4 abstenciones.

A las 8:25 de la mañana, Pérez llegó hasta el Congreso acompañado de su mujer. Allí sostuvo sentirse “tranquilo” y reiteró que la acusación presentada en su contra no tenía fundamentos. Además, se refirió a su futuro político, descartando integrar algunas de las listas que competirán en la elección interna de la UDI.

Respecto a una eventual candidatura a la convención constitucional, el exsenador dijo que “había decidido no ir a ninguna elección” y que esperaba que “eso se mantuviera”.

Media hora después comenzó la sesión donde las senadores escucharon, primero, a la diputada acusadora Loreto Carvajal (PPD), quien expuso los detalles del libelo y aseguró que “no utilizaremos esta acusación para enjuiciar ni las ideas del Sr. Pérez ni las defensas que de esas ideas haya realizado en el ámbito político o personal el acusado. Ni menos como algunos públicamente han sostenido, como un mecanismo de revancha política, ni ningún otro fin que no sea el que estrictamente nos corresponde de acuerdo a la Constitución. Tampoco buscamos generar un derecho penal de autor en relación al ex ministro acusado”.

Después, los legisladores acusadores hicieron alusión a la renuncia de Pérez al cargo del Interior, afirmando que ésta no eximía de responsabilidad al jefe de gabinete. Esto en una clara referencia a los dichos de la senadora Carolina Goic (DC), quien había planteado que la salida del exsenador del gobierno era un factor que “debía ponderarse”.

“Creemos firmemente que la renuncia del ex ministro Víctor Pérez tiene que ser interpretada no como una exención de su responsabilidad, sino que, todo lo contrario. Esta renuncia no es más que una total admisión de su responsabilidad, y no cabe más que decir: a confesión de parte, relevo de pruebas”, agregó la legisladora.

Tal como lo hizo cuando la acusación se revisó en la Cámara de Diputados, el exministro también intervino durante la sesión que celebró este lunes en el Senado, ocupando el tiempo con el que contaba su defensa para responder a la dúplica. “Este es mi último discurso en la sala del Senado y lo hago con la frente en alto y diciéndole a todos, mirándolos a los ojos, que soy absolutamente inocente de los cargos que aquí se me imputan, que reitero que no tiene ningún fundamento”, expresó.

Uno de los temas que abordó durante los 40 minutos en los que habló fue su renuncia al cargo y aclaró que esta no tenía por objetivo eludir su responsabilidad. “No es para evadir ninguna responsabilidad. Toda mi vida he asumido mis responsabilidades. Por eso me he sometido durante seis veces al escrutinio popular”, dijo, y agregó que su decisión tuvo “un concepto político, no de cruzar responsabilidades para otro lado”.

En tanto, su abogado Gabriel Zaliasnik calificó la salida de Pérez de Interior como un “acto republicano”. “El Senado tiene frente a sí al ciudadano Víctor Pérez, no al ministro ni el senador y esto tienen un elemento constitucional muy importante, pues despojada del aspecto político queda solamente un aspecto constitutivo y por lo mismo el estándar de convicción tiene que ser necesariamente mucho mayor”, sostuvo el defensor quien está sentado en la Sala del Senado, al lado del ex ministro y frente a los diputados", dijo.

Tras la intervención de Carvajal (PPD) fue el turno de la legisladora Carmen Hertz (PC) -otra de las tres diputadas elegidas por la Cámara para defender la acusación- quien sostuvo que “la defensa no se hace cargo de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas bajo el Mandato del ex ministro Pérez y cuando hace referencia a ella, ni siquiera las llama por su nombre, pues habla de ‘incidentes’.

"Es lamentable que la defensa no utilice el lenguaje técnico y adecuado: y algo importante: estos no son incidentes, pues son fruto de decisiones sostenidas en el tiempo, reveladas en un verdadero patrón de conducta discriminatoria del acusado con la disidencia política versus sus adherentes, pues mientras a algunos se les reprimía a otros simplemente se los llenaba de privilegios”, agregó.

Luego, fue el turno del diputado Marcos Ilabaca (PS) quien apuntó a que “no es posible acusar al general director de Carabineros o al director de la PDI, quienes carecen de responsabilidad política de su gestión”, y añadió que “siendo el ministro la única autoridad política que puede responder por la actuación de carabineros, solo es posible acusarlo a él por las violaciones a derechos humanos o por las infracciones a la ley en la mantención del orden público”.

Ilabaca también apuntó al caso del adolescente que resultó herido tras caer al lecho del Río Mapocho. “El menor de edad, Anthony, de 16 años, sangrando en el lecho del río Mapocho rescatado por civiles mientras efectivos de Carabineros lo abandonaban en el lugar a su suerte, es la muestra más gráfica de que el ministro del Interior no actuó para que eso no ocurriera. De hecho, es él mismo quien deja abandonado al niño, por su inacción, por su abandono de deberes”, expresó.

Tras esto fue el turno de los senadores de exponer. Felipe Harboe (PPD) dijo que "voté a favor de la AC contra el ex ministro del interior Andrés Chadwick porque me formé la convicción de que existía méritos para ello; si aprobara este libelo podría ser mas popular u obtener aprobación en las redes (...) Chile merece mucho más y de una vez por todas terminar con esta ofensiva de acusaciones constitucionales y debemos levantar alternativas a un mal gobierno, para poner a chile de pie, pero eso se hace con ideas, propuestas serias y responsables y no con este tipo de acusaciones”.

Huenchumilla, en tanto, señaló que “me niego a colgar en la plaza pública a un ministro que estuvo tres meses para que pague las culpas de la derecha, las culpas históricas de sus clasismo, racismo y falta de entendimiento del pueblo mapuche. Me resisto a colgar en la plaza pública a Víctor Pérez por los pecados de la centroizquierda que no ha pedido perdón. Yo pedí perdón como intendente por los pecados del Estado Me resisto en la responsabilidad en Carabineros, porque todos somos responsables”.

Mientras que Jaime Quintana argumentó que “(...) tenemos una sanción demasiado gravosa para un caso concreto, específico. Yo parto de la base que aquí no hay un ilícito constitucional, podrá haber responsabilidad penal, administrativa, de otro orden, pero una sanción que signifique la inhabilidad de 5 años a mi francamente no me he formado convicción de aquellos y por eso no estoy en condiciones de respaldar esta acusación constitucional”.

La presidenta UDI y representante del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, indicó que “a esta acusación constitución en cada uno de sus capítulos le falta argumentos, seriedad y argumentaciones. Por esa razón, voy a votar en contra de cada uno de los capítulos”.

El parlamentario de RD, Juan Ignacio Latorre, sostuvo en tanto que "me parece que hay fundamentos en esta acusación constitucional (...), me parece que todavía estamos en un grave contexto de violación de derechos humanos donde el Estado tiene deudas pendientes con las víctimas y ahí hay una responsabilidad política”.